El Supremo da un balón de oxígeno a Roca y el juez Urquía en el 'caso Malaya'

El fallo del Tribunal Supremo (TS), que absuelve al juez Urquía del delito de prevaricación por el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le condenó a una multa de 26.500 euros y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, está levantando ampollas en el gremio de la judicatura. El fallo, que ha sido filtrado a la prensa un día después de la vista del recurso, no ha dejado indiferente a nadie.

La fiscal Pilar Valcárcel, que pidió que se confirmara la sentencia del TSJA, ha quedado contrariada; el letrado de Roca, Aníbal Álvarez, considera que es “una decisión muy acertada, ya que el delito de prevaricación era injustificado”, y la defensa de Urquía, Nicolás González Cuéllar, cree que este fallo podría beneficiar a su cliente, ya que el Código Penal recoge en la topología del delito de cohecho diferentes variantes y la pena de dos años podría rebajarse a dieciocho meses o un año de prisión.

En la vista del recurso, celebrada ayer, también se pido la anulación de las pruebas de las escuchas del día 15 de marzo del 2006. Aníbal Álvarez, defensor del ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, declaró a El Confidencial que pidió la absolución de su patrocinado y cuestionó las intervenciones telefónicas llevadas a cabo durante el proceso. Según puntualizó Álvarez a este periódico, “si el alto tribunal da como nulas las escuchas telefonicas que se produjeron el 15 de marzo del 2006 entre los dos condenados, tanto Urquía como Roca quedarían absueltos del delito de cohecho”.

Pero ahí no quedaría todo. Según el letrado, “si se produjese esta resolución, la sentencia sentaría jurisprudencia y, al ser este juicio una pieza de Malaya, a partir de ese momento se invalidarían todas las pruebas telefónicas de cualquiera de los imputados del caso para el juicio de la Operación Malaya”.

Filtración del fallo a la prensa

El fallo del avance de la resolución del Tribunal Supremo filtrado ayer a la prensa cogió por sorpresa al letrado de Roca, que tuvo conocimiento por El Confidencial: “¿Que ha salido ya? Pero si la vista fue ayer. No tenía ni idea que el fallo estuviese ya en la calle porque normalmente no es el proceso a seguir. Las notificaciones del Supremo suelen tardar unos diez días aproximadamente y el que salga tan rápido ha sido excepcional. No me lo esperaba”. El delito de cohecho por el que está condenado Juan Antonio Roca le supone una condena de un año de prisión.

La defensa de Urquía, que actualmente desempeña Nicolás González Cuéllar, hermano de Antonio González Cuéllar, el que fuera Fiscal en la Audiencia de Alicante y amigo personal de su padre Faustino Urquía, quien le pidió que le llevara el caso a su hijo, solicitó que se anulara la condena al entender que el cambio de declaración de Roca, que reconoció haber pagado "en dos sobres" al juez, causó indefensión a su cliente. El abogado, siguiendo la misma línea argumental que defendió su hermano Antonio, atribuye el giro a un pacto con la Fiscalía para que redujera su condena.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA consideró probado que, en los primeros meses del año 2006, Urquía, que quería comprar una vivienda en la Urbanización Azalea Beach de Marbella, encargó a su amigo el empresario francés Arnaud Valere -que fue absuelto- que le buscara un abogado para redactar los documentos para adquirir el inmueble.

Antes del 16 de marzo de ese año, Urquía pidió dinero a Roca, quien previamente había aceptado el encargo del empresario, para abonar la cantidad que se le exigía a la firma del contrato de compraventa de la vivienda, "a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales".

Para favorecerle, según la sentencia, el magistrado dictó un auto por el que accedía a la petición del ex asesor marbellí de suspender cautelarmente la emisión de un programa televisivo alusivo a distintas actividades de Juan Antonio Roca, "sin diligencia probatoria alguna".

Según la sentencia, Roca entregó a Urquía 73.800 euros, justo el dinero necesario para la firma del contrato de compraventa, al día siguiente de que el magistrado admitiera a trámite la querella sobre el reportaje presentada por Roca en su Juzgado y estimara su petición de suspensión cautelar de la emisión.