Esperanza Aguirre acusa a Garzón de aceptar regalos de valor superior a los de Camps

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acusado esta mañana al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de aceptar regalos de cuantía superior a los que presuntamente recibió el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Además, dijo tener la impresión de que el magistrado "ya ha hecho todo el daño mediático que quería hacer contra el PP".

En declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, Aguirre dijo "no atreverse" a calificar las actuaciones llevada a cabo por Baltasar Garzón y apuntó que el juez no se ha inhibido en la presunta trama de corrupción sino que "se ha quedado con todo el caso, excepto por lo que se refiere a los aforados". "Aquello de lo que se le acusa a Francisco Camps es inferior en cuantía a los regalos que ha aceptado Garzón", remachó. "Garzón si puede me hace un traje a mí. Vamos a procurar evitar que ocurra", bromeó la presidenta del Gobierno regional.

A su juicio, en este tipo de casos aparecen imputados de "dos clases", por una parte los del Partido Popular, quienes parecen ser "malos malísimos y que ya están condenados de entrada", y por otra "los condenados del PSOE", que da la impresión de que "no ha hecho nada". "Pobrecitos", ironizó, para recalcar que debe ser la Justicia la encargada de pronunciarse en los procesos.

Estas declaraciones llegan tras la publicación ayer del auto de Garzón, en el que sotiene que los nuevos imputados en la operación Gürtel, entre los que se encuentran los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, ambos del PP, habrían cobrado más de tres millones de euros en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones a las empresas del presunto cabecilla de la trama Francisco Correa. En concreto, todos ellos habrían percibido 3.297.566 euros que en la mayor parte de los casos cobraron en efectivo y en sobres personales.

El magistrado destaca que los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor habrían percibido de las empresas de la trama investigada las cantidades de 563.000, 437.166 y 255.562 euros, respectivamente, lo que sumaría un total de 1.250.728 euros.

Sobre los nuevos imputados, citados para el próximo día 18, Garzón detalla que el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, habría percibido 1,3 millones de euros; y que las comisiones para el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y su director general Tomás Martín habrían ascendido a 510.000 euros, a los que habría que sumar otros 378.172 que habría cobrado este último en solitario.

Los argumentos del juez

Garzón asegura que la organización de Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho partido sita en la calle Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa Special Events en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". El presunto líder de la trama desarrolló "un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público" facilitaban la entrada de sus empresas en la Administración que gobernaban.

El magistrado añade que, para ganarse el favor de los políticos, Correa entregaba "dádivas" de todo tipo, "desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos". El sistema funcionó entre 1996 y 2004, cuando los cambios en la dirección del PP se tradujeron en la desvinculación del partido de las empresas de Correa, que trasladó sus actividades a Valencia, para lo que creó una sociedad -Orange Market- cuyo responsable, Álvaro Pérez, "El Bigotes", tenía "buenas relaciones" con personas que ocupan cargos de responsabilidad en el PP y en la Generalitat.

Sobre Ricardo Costa, el juez afirma que compró ropa por un importe de 7.325 euros pagados por Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, todas de Correa. Pero, además, Garzón revela indicios de una presunta financiación ilegal del partido a partir de unos apuntes en la contabilidad "B" de la trama que reflejan un ingreso de un millón de euros de procedencia desconocida de los que 420.000 euros se destinan "hacia el Partido Popular de Valencia". "No existe lógica en dicho traspaso, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones", dice el auto.

Además de a Camps y a Costa, el juez ha pedido al TSJ valenciano que investigue por cohecho y tráfico de influencias al ex vicepresidente de la Generalitat y ex conseller de Justicia y Administraciones Públicas, José Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, que también habrían adquirido ropa pagada por empresas de Correa.

La parte madrileña de la trama

En cuanto a la parte "madrileña" de la trama, Garzón sostiene que los diputados autonómicos López Viejo, Bosch y Martín Vasco hicieron operaciones con Correa por un valor de 1.250.728 euros y los seis nuevos imputados por 3.297.566 euros. Estos últimos, además de los alcaldes de Arganda y Pozuelo, son el director general de Gestión Urbanística de Boadilla (Madrid), Tomás Martín, el ex diputado autonómico Clemente Aguado -que fue asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila- y los ex ediles de Boadilla y Estepona (Málaga) José y Ricardo Galeote, padre y hermano, respectivamente, del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

Según Garzón, López Viejo, que dimitió recientemente de su cargo de consejero de Deportes en el Gobierno regional, benefició "en diferentes eventos" a la organización de Correa "a cambio de entregas de dinero", mientras que Martín Vasco intermedió para que la constructora Martinsa -"que habría pagado comisiones a Correa por esta labor"- obtuviera adjudicaciones de obras en Boadilla. De Bosch dice que "es una persona próxima a Correa" y que éste le habría pagado por mediar para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto de construcción de una ciudad deportiva en Boadilla.

El PP pide el secreto de sumario

Así las cosas, la reacción del Partido Popular tras verse salpicado en esta trama ha sido la de pedir el secreto de dicho caso. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, considera esta medida "necesaria" para que los imputados puedan defenderse.

"Creo que es necesario que se levante el secreto de sumario porque hasta ahora ha habido una situación de indefensión de personas a las que se acusaba pero que no se decía de qué se les acusaba", señaló ayer Pérez, que destacó que "aunque se ha hablado que se ha hablado de aforados imputados, eso no es correcto", ya que "Garzón ha aconsejado, pero tienen que ser los Tribunales Superiores de Justicia los que decidan sobre la imputación o no de las personas aforadas". Así, añadió que hasta ese momento queda "confiar en la presunción de inocencia y exigir respeto a las garantías".