El PP tiene margen para tumbar el nuevo sistema de financiación tras su victoria en Galicia

Los resultados de las elecciones en País Vasco y Galicia del pasado domingo, además de torcer los planes del presidente del Gobierno en cuanto a apoyos parlamentarios, tienen otros efectos colaterales no menos importantes dado que se producen en pleno proceso de negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Con la victoria en Galicia, el PP cuenta ya con siete comunidades, además de Ceuta y Melilla, en la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Poder suficiente para darle un disgusto a Pedro Solbes.

De hecho, el Partido Popular está dispuesto a pasarle factura al vicepresidente económico por algunos “desaires” que éste ha tenido con el principal partido de la oposición, como el no haber querido negociar los Presupuestos de 2009 o no cumplir lo acordado en el decreto de ayudas al sistema financiero al que el PP dio su apoyo. Los ‘populares’ consideran innecesario abrir de nuevo el ‘melón’ de la financiación autonómica y creen que se trata solo de una cesión a Cataluña por el Estatuto.

Algo debía sospechar el Gobierno cuando unos días antes de las elecciones acordó con la Generalitat la transferencia de nada menos que 800 millones de euros que vienen a completar lo que supuestamente exige Cataluña en cumplimiento del nuevo estatuto. Y es que la pérdida de Galicia hace muy difícil que el nuevo sistema salga adelante con apoyos suficientes en el Consejo, teniendo en cuenta que algunas de las comunidades socialistas, como Extremadura y Castilla-La Mancha, son reacias al modelo que propone Solbes.

En principio, el Gobierno sigue teniendo mayoría en el Consejo, pero la pérdida de Galicia es un duro revés ya que el Gobierno de Touriño había aceptado el ‘mal menor’ de un sistema de financiación basado en el aumento de población del que la comunidad no salía precisamente muy bien parada. De hecho, que Galicia lo aceptara obligó a Asturias, más reacia pese a ser socialista, a acatar el modelo que proponía Solbes. Ahora las cosas han cambiado y el Gobierno de Areces puede ver más cerca sus objetivos gracias, precisamente, al PP.

Solbes había prometido incluir el cálculo por población y una partida adicional en función del hecho diferencial, es decir, la cooficialidad del gallego. Sin embargo, tanto Galicia como Asturias manejan criterios distintos ya que su problema no el aumento poblacional, sino el envejecimiento y la dispersión.

Ahora Solbes tiene que volver a retomar esa negociación con el nuevo Ejecutivo que con toda seguridad pondrá estos criterios encima de la mesa, criterios compartidos por Asturias. La necesidad de volver a negociar obliga a Solbes a tener que retrasar hasta más allá del mes de mayo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para ahora.

Más tensión con Cataluña

El PP gallego considera que el Gobierno se ha portado mal con aquella comunidad en relación con el trato que ha otorgado a otras comunidades como Cataluña, razón por la que además va a pedir una mayor implicación presupuestaria para infraestructuras que parecen estar paralizadas, como el tren de alta velocidad. El problema es que el margen de Solbes para estirar el presupuesto ha tocado techo, como él mismo ha reconocido, por lo que ni siquiera acudiendo al endeudamiento puede comprometerse a más gasto.

Y el PP quiere hacer sentir al Gobierno la intemperie de la soledad: la posición de Solbes se encuentra claramente en minoría en el Consejo de Política Fiscal, por lo que es bastante probable que el nuevo sistema de financiación sea rechazado, lo que le supone al Gobierno un nuevo motivo de tensión con la Generalitat de Cataluña. Hasta el punto de que no es del todo descartable que ese sea el punto de inflexión que acabe en una convocatoria de elecciones anticipadas en aquella comunidad.

Y es que, aunque el Gobierno lograra sacar adelante el nuevo sistema de financiación, incluso con el voto en contra de las Comunidades del PP –que ya sería un revés importante-, para llevarlo adelante necesita una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que debe aprobarse en el Congreso. Y, hoy por hoy, el Gobierno ha perdido los apoyos que necesitaba: no cuenta con CiU, y el BNG y PNV también amenazan con dejar al Ejecutivo solo y sin asideros a los que agarrarse.