Un ex directivo de DICO denuncia que la constructora ocultó a Hacienda más de 20 millones

La constructora y promotora Grupo DICO Empresarial ocultó a Hacienda entre 20 y 30 millones de euros durante al menos la última década. Así consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por un ex directivo de la compañía, que acusa a los propietarios de ésta, Julián Jiménez de los Galanes y Francisco Colado, de haber pagado sobornos millonarios a cambio de favores urbanísticos a alcaldes y funcionarios públicos de varios municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP, entre ellos el de Valdemoro.

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional y uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, fue alcalde de ese municipio del sur de Madrid entre 1999 y 2003. La denuncia señala también a los alcaldes de Boadilla del Monte, Las Rozas y Majadahonda como presuntos autores de los delitos de "cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, en colaboración con los responsables de Grupo DICO Empresarial".

Según fuentes muy cercanas al ex directivo de DICO -que ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción la condición de testigo protegido-, éste permanece oculto a la espera de que sea citado a prestar declaración. "Está muy tranquilo y, por supuesto, decidido a ratificar su denuncia y testificar contra los dos socios de la constructora y los alcaldes", añaden las mismas fuentes. Éstas aseguran que el antiguo empleado de DICO dispone de pruebas de que Granados recibió sobornos en metálico de Jiménez de los Galanes y Colado durante su etapa como alcalde de Valdemoro.

Ambos empresarios recurrieron sistemáticamente al "falseamiento contable para generar dinero B destinado al pago de comisiones", según consta en la denuncia en poder de la Fiscalía Anticorrupción. Jiménez de los Galanes y Colado, asegura su antiguo subordinado, sobornaron a políticos y funcionarios, defraudaron a Hacienda mediante una doble contabilidad, evadieron capitales a paraísos fiscales y cometieron delitos societarios, entre otras prácticas delictivas.

Estrecha amistad 

Granados, según diversos testimonios recogidos por este periódico, mantiene una estrecha relación de amistad con ambos empresarios desde hace más de una década -especialmente con Jiménez de los Galanes, al que muchos conocen por su apodo de El Tachuela-, y las cacerías organizadas en la finca que los dos constructores poseen en Daimiel (Ciudad Real) han contado con la presencia habitual de Granados, aseguran personas conocedoras de esas reuniones sociales.

La finca, de unas 100 hectáreas y conocida como El Descanso, sólo permite la caza de perdices y especies menores, por lo que Granados y sus anfitriones solían desplazarse frecuentemente a la cercana sierra de Villarrubia para participar con otros empresarios y políticos en monterías en las que podían cobrarse piezas mayores. Por la noche, el grupo regresaba a pernoctar a El Descanso -que dispone de más de una docena de habitaciones-, donde habitualmente se celebraban también partidas de póker y mus hasta altas horas de la madrugada.

Sin embargo, Granados negó esta semana a El Confidencial que le uniese una "gran relación" con Jiménez de los Galanes, a quien aseguró haber visto en "pocas ocasiones". Manuel Jiménez de los Galanes, hermano del anterior y actual director financiero de DICO, se limitó a señalar que "es posible" que Granados y su hermano "coincidieran en actos sociales a los que acude mucha gente".

El Grupo DICO es una de las empresas que más obras ha desarrollado en los municipios de la Comunidad de Madrid en los últimos años. En 2007 se convirtió en la novena constructora de España como parte del conglomerado DHO (Dico Harinsa Obrum). Sin embargo, la crisis del ladrillo no tardó en acabar con esta aventura empresarial.

 

En mayo del pasado año, DICO tuvo que vender su participación y abandonar DHO para que el grupo evitara una suspensión de pagos. El resto de socios -Obrum, Avantis, Aricam y Caja Castilla La Mancha- adquirió el 34,23% de las acciones de DICO, que, una vez fuera del proyecto, continuó su actividad de forma independiente. Pero la marcha de DICO tampoco mejoró la situación de DHO, que el pasado mes de enero solicitó concurso voluntario de acreedores. Un hecho que desembocó en el anuncio de la supresión de unos 712 de los 1.187 trabajadores de su plantilla.