Fuerte malestar en el PSOE con Montilla por publicar de forma unilateral las balanzas fiscales

La publicación por parte de la Generalitat de las balanzas fiscales entre Cataluña y la Administración Central del Estado, no ha pasado desapercibida para sectores socialistas. Fuentes fidedignas mostraron ayer a El Confidencial su sorpresa por la publicación de los flujos financieros entre ambos territorios, y que reflejan un déficit de inversión en Cataluña equivalente al 9% de su PIB, algo más de 13.830 millones de euros (media anual) entre 2002 y 2005.

“Nos hemos desayunado con los datos”, aseguraron esas fuentes. Lo que en realidad sorprende es que la Generalitat haya aireado esas cifras sólo una semana antes de que el Ministerio de Economía publique los datos globales del conjunto del Estado, tal y como prometió el mes pasado el presidente del Gobierno. Zapatero anunció en el Congreso, a preguntas de un diputado de ERC, que el ministro Solbes tendría listas las balanzas fiscales el próximo martes, 15 de julio, y que ese mismo día se comunicarían los resultados.

El hecho de que el conseller de Finanzas, Antoni Castells, presentara el miércoles, 9, los trabajos realizados por un grupo de expertos se considera un ‘feo’ a Zapatero, y, sobre todo, una presión a Solbes, que ahora está obligado a publicar las conclusiones sin más dilación. Cataluña, de esta manera, consigue poner en un primer plano la importancia de las balanzas fiscales a la hora de discutir el nuevo modelo de financiación autonómica, algo que es poco del agrado de Solbes, quien repetidamente ha señalado que los flujos financieros entre el Estado y las regiones no van a determinar las negociaciones en marcha. El vicepresidente, de esta forma, pretende rebajar la importancia de las balanzas fiscales, justo lo contrario de lo que quieren Montilla y Castells, dispuestos a defender su relevancia.

Mal momento para un nuevo modelo

Pese a que los plazos se acortan -el Gobierno dice que quiere tener listo el nuevo modelo antes del 1 de enero de 2009-, lo cierto es que el Ministerio de Economía no ha enviado todavía ningún ‘papel’ a las comunidades autónomas, lo que impide conocer sus planteamientos, y todo ello pese a que ya ha concluido la ronda de contactos bilaterales que se pactó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esas reuniones, de carácter exploratorio, deberían haber servido para conocer la opinión de las comunidades autónomas con el objetivo de trasladar posteriormente sus posiciones a un documento formal.

El momento económico no parece, desde luego, el más apropiado para negociar un nuevo modelo de financiación, ya que la recaudación tributaria está a la baja por la caída de la actividad económica. Desde que desde algunas regiones -particularmente Andalucía- se planteara hace semanas la necesidad de esperar a que se materializara un contexto macroeconómico más positivo.

Justo lo contrario que Cataluña, que tiene mucha prisa por ‘desplegar’ legislativamente el nuevo ‘Estatut’, que incorpora fechas concretas como las del 9 de agosto para alcanzar un acuerdo con el Estado en materia de financiación. Se trata de una ley orgánica y por lo tanto de obligado cumplimiento, y de ahí las presiones que recibe Solbes por parte de Cataluña para acelerar las negociaciones.