Un informe confidencial del PSOE acusa al Gobierno vasco de responsabilidad política en el asesinato de Fernando Buesa

Un informe confidencial elaborado por el PSE y por la familia del líder socialista vasco Fernando Buesa, asesinado por ETA hoy hace ocho años junto a su escolta Jorge Díez, acusa al Gobierno vasco de actuar "negligentemente" en su custodia y de haber cometido un "grave error" en la evaluación del riesgo del líder socialista, quien tenía una baja protección a pesar de estar amenazado por la banda terrorista y de ser el portavoz de su partido en el Parlamento Vasco.

El documento ha permanecido oculto en este tiempo porque, a juicio de la dirección socialista, nunca fue el momento político oportuno de exigir responsabilidades políticas tal y como era la intención inicial de sus redactores, entre los que se encuentra tres hermanos del político asesinado (Carlos, Mikel y Juan Buesa), el actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ex director general de la Policía, Víctor Hidalgo -entonces responsable de seguridad del PSE- y el ex líder de los socialistas vascos Nicolás Redondo.

El motivo para aplazar sine die la exigencia de responsabilidades al lehendakari, Juan José Ibarretxe, y al consejero de Interior, Javier Balza, fue la convocatoria de elecciones autonómicas, en el año 2001. Se da la circunstancia de que poco después se produjo un giro político en el PSOE, basado en una aproximación al nacionalismo y en una negociación secreta con la banda terrorista ETA, como se ha demostrado ahora.

Mikel Buesa revela a El Confidencial que el presidente del Senado, Javier Rojo, le comunicó su intención de "transmitir en privado a Ibarretxe la existencia del documento y que, por ahora, no lo iban a hacer público". La investigación prueba que a finales de 1999, tras la ruptura de la tregua etarra pactada en Estella, Fernando Buesa no volvió a contar con la protección policial de alto grado que tenía ante del alto el fuego, a pesar de haber sido objeto de seguimientos por parte de los terroristas como lo demuestran las documentaciones incautadas a ETA cuatro años antes.

Buesa falleció aquella tarde del 22 de febrero de 2000 junto al ertzaina Díez Elorza por la explosión de un coche bomba. El documento prueba que ambos no disponían de medios de contravigilancia, como son el barrido de frecuencias para prevenir posibles atentados con explosivos, ni se realizaban para ellos tareas de investigación adicionales, ni se estudiaron sus rutinas e itinerarios. Es más, "ETA continuó recabando información" sobre Buesa durante la tregua, "lo que tal vez pudiera haber sido detectado y contrarrestado de no haber cesado buena parte de las labores de protección y contravigilancia confiadas a la Ertzaintza".

En las primeras horas se urdió una operación de contrainformación

El informe sostiene que en las primeras cinco horas después del atentado se "urdió" una operación de contrainformación para desviar la responsabilidad política por la "baja protección" que tenía el líder socialista. El objetivo era "derivar la responsabilidad, al menos en parte, hacia el Misterio del Interior y, de esta forma, minusvalorar la deficiente protección que se venía prestando a Fernando Buesa".

La versión más completa fue transmitida a la propia familia y venía a decir que Fernando Buesa "era objeto, con su consentimiento, de una operación de vigilancia de la Policía Nacional destinada a capturar un comando de ETA. En otros términos, servía voluntariamente de cebo para facilitar la detención de quienes le asesinaron", sostiene el informe. (ver documento completo).

"Con la finalidad de dar credibilidad a la tesis enunciada, la tarde misma del atentado se filtraron a un prestigioso medio de comunicación [El País] informaciones incompletas y no exentas de ambigüedad acerca de diversas operaciones de vigilancia del Cuerpo Nacional de Policía que se habían desarrollado en los días precedentes, en lugares próximos al atentado". El documento añade que esas informaciones, publicadas por el periódico de Prisa al día siguiente, estaban en manos de la Consejería de Interior "en la tarde del atentado".

Los autores de la investigación han contrastado tales informaciones con las del Cuerpo Nacional de Policía y concluyen que los datos "en absoluto" autorizan la interpretación de que Buesa se hubiera ofrecido a ser un cebo para un comando etarra, lo que llevó al entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, a insinuar que la policía prefería cazar a un comando antes que proteger la vida de Buesa.

El informe concluye que esta teoría "constituye un agravio hacia Fernando Buesa, pues, implícitamente, se le hace responsable de la muerte de Jorge Díez Elorza quien hizo todo lo que estuvo en su mano para proteger la vida que se le había encomendado. No disponemos datos para señalar la autoría de esta tesis, pero existen indicios que apuntan hacia el propio Gobierno vasco".