La macromanifestación de Barcelona provoca reproches mutuos entre los partidos

La gran manifestación del sábado en Barcelona (700.000 personas según los organizadores y 200.000 según los recuentos de la Administración) ha dejado satisfechos a todos los participantes. El propio secretario general de Convergència i Unió (CiU), Josep Antoni Duran i Lleida, señaló ayer, mientras acudía a un acto en el Palau de la Música, que “lo de menos son las cifras. Había muchísima gente. Es la mayor manifestación desde la de la guerra de Iraq”.

Pero su principal efecto colateral ha sido abrir la caja de los truenos en forma de reproches mutuos. “Es muy fácil salir a la calle, culpar a CiU del pasado cuando estamos hablando de infraestructuras del Estado y la federación (de CiU) no ha gobernado en el Estado. Pero cuando hemos sido decisivos, se incrementó la inversión pública en Cataluña”, dijo el dirigente democristiano. Y refiriéndose a la participación en la protesta de Esquerra Republicana (ERC) y de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), socios del gobierno autonómico, fue más contundente: “No vale salir a la calle y seguir en el Gobierno sólo para continuar en el poder”.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, por su parte, señaló a El Confidencial que “no puede ser que CiU pretenda hacer como si acabara de llegar sin tener en cuenta los años que ha estado gobernando y apoyando al PP sin prestar atención a las infraestructuras. Se comprende que ERC e ICV participen en la manifestación porque están en la oposición en Madrid y nunca tuvieron responsabilidades de Gobierno, por lo que no es culpa suya la falta de inversiones. Pero de CiU sí lo es, aunque sea en parte”.

Dura respuesta del PSC

Curiosamente, los socialistas, que no convocaron a la manifestación, fueron los primeros en hacer una valoración de la misma. Y en un duro comunicado subrayaron “la hipocresía que supone la presencia de CiU en esta manifestación, intentando que se olvide su responsabilidad de gobierno de 23 años, su apoyo de 8 años al gobierno del PP en el período en que se agudizó el déficit de infraestructuras en Cataluña, y que jamás pidió ni el traspaso de Cercanías ni jamás planteó la exigencia de que la Generalitat interviniese en la planificación de la gran obra pública del Estado en Cataluña”.

Pero precisamente ayer Duran i Lleida también se refirió a esta cuestión y fue explícito: “El siguiente paso ha de ser hacer efectivo el traspaso de ferrocarriles. Pero que se haga con una dotación presupuestaria que haga viable la transferencia en condiciones para que sea un servicio eficaz al servicio de los ciudadanos de Cataluña”.

La contrarréplica del PSC es que el Gobierno que preside José Montilla ha conseguido un acuerdo con el Gobierno de Rodríguez Zapatero que supondrá una inversión de 34.000 millones de euros en siete años y que en 2008 se hará efectivo el traspaso de Cercanías y que la Generalitat participe en la decisión, planificación y ejecución de las grandes obras públicas del Estado en esta comunidad. En enero, según fuentes del PSC, está ya previsto un primer informe de la comisión bilateral sobre el traspaso de Cercanías.

El secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y consejero de Gobernación, Joan Puigcercós, decía sobre el terreno, una vez acabada la manifestación, que “no nos escucharán, pero sirve para aumentar la autoconfianza y la autoestima de los catalanes”. Y el portavoz republicano Joan Ridao, añadía ayer que “el Gobierno de España ha de tomar nota y ser consciente y respetar que en Cataluña crece la mayoría social por el derecho a decidir, la mayoría que está harta de pagar y callar y recibir unos servicios de tercera por parte del Estado”.