PNV y CiU darán el ‘sí’ a la ley de memoria histórica a cambio de inmuebles expropiados por Franco

Este es el precio encubierto del Gobierno y del PSOE para lograr el apoyo de una parte de la derecha sociológica a la controvertida ley de memoria histórica. El PNV recibirá su antigua sede en París, un palacete del Instituto Cervantes cuya titularidad nunca ha podido demostrar. Por su parte, CiU, y más concretamente Unió, será reconocido como partido histórico, que existía durante la II República, y recibirá “inmuebles incautados a la democracia cristiana catalana” por el franquismo, según fuentes políticas conocedoras de las negociaciones.

Las restituciones de inmuebles expropiados van por un camino legislativo diferente al de la memoria histórica. Pero ambos se cruzaron en las negociaciones finales que desembocaron en el acuerdo del viernes 5 de octubre, por el que los partidos aceptaban un texto inicial de la norma más polémica de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El lunes, 8 de octubre, el portavoz socialista, Diego López Garrido, expresó en público su certeza de que la ley saldrá adelante y daba a entender que había un principio de acuerdo, aunque se negó a concretarlo, pacto desmentido a su vez por CiU.

Las mismas fuentes sostienen que el PNV aceptó que, por ahora, no se devuelvan una parte de los archivos del Ejecutivo vasco incautados durante la Guerra Civil y que están custodiados en el Archivo de Salamanca. A cambio, el Gobierno restituirá al PNV su ex sede en París, situada en la Avenue Marceau número 11. En ese palacete tenía su despacho el lehendakari en el exilio, José Antonio Aguirre. Se da la circunstancia que el Instituto Cervantes acaba de terminar una costosa remodelación del edificio, que lo utiliza como biblioteca y centro de documentación.

Por su parte, Josep Antoni Duran, portavoz de CiU, logró introducir en la ley de memoria histórica una referencia a los asesinados y represaliados a causa de sus creencias religiosas, sin la cual era imposible su apoyo. El PSOE ofreció, además, la restitución de inmuebles al partido de Duran, Unió Democràtica de Catalunya. Fundado en 1931 por un grupo de políticos escindidos de Acción Catalana, este partido sólo duró ocho años porque en 1939 fue disuelto, sus bienes confiscados y fusilado uno de sus principales líderes, Manuel Carrasco i Formiguera.

El acuerdo establece el reconocimiento de UDC como formación histórica, pero aún queda por concretar los inmuebles o las compensaciones económicas que percibirá por bienes y derechos incautados, indican las fuentes conocedoras de las negociaciones. Unas indemnizaciones que vendrían como anillo al dedo al partido de Duran, que ha tenido que cerrar varias sedes tras la pérdida del Gobierno de Cataluña y la consiguiente disminución de su capacidad de influencia política.

Dentro del acuerdo se contempla, además, que tanto PNV como CiU escenifiquen una cierta resistencia a la ley de memoria histórica, que se debate a partir de mañana en la Comisión Constitucional para ser aprobada por el Congreso en el último pleno de octubre.

Los republicanos se negaron en redondo

Respecto a ERC, los negociadores socialistas “insinuaron de manera muy indirecta” a Esquerra la posibilidad de recibir más inmuebles expropiados tras la Guerra Civil, pero los republicanos cerraron ulteriores tentativas al negarse en redondo a mezclar esta negociación con la de la memoria histórica, según fuentes políticas.