Al juez Torres se le acumulan las querellas

Al juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, se le acumulan las querellas. La más reciente proviene de la decana de los notarios de Marbella, Amelia Bergillos, por su detención en el caso Ballena Blanca, instruido por el mismo juez. Esta querella se añade a la interpuesta por la hija del ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, recientemente desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Bergillos, a través de su abogado, Ramón Pelayo, hizo pública ayer una nota de prensa en la que planteaba querella criminal contra el magistrado del Juzgado número 5 de Marbella por un supuesto delito continuado de prevaricación judicial. La querella se basa, según dicha nota, en “la absoluta desproporción de la detención de la Sra. Bergillos y posterior auto de prisión provisional eludible mediante fianza (que fue revocado por la Audiencia Provincial de Málaga)”.

El abogado hace hincapié en que “el atentado que su clienta sufrió en su libertad personal no estaba justificado por ninguna de las circunstancias que la ley establece, habiéndose debido, exclusivamente, a la consciente intención de dañar o a prejuicios ideológicos o profesionales o a comportamientos abusivos de poder que son intolerables y deben ser sancionados por la jurisdicción penal”.

“Los jueces son ciudadanos más que han de estar sometidos a las leyes como el resto”, ha declarado a este diario Ramón Pelayo. “Sin entrar a valorar los cargos que se le imputan a mi clienta, habría bastado con llamarla a declarar acompañada de su abogado. No había necesidad de hacerla dormir en prisión”, afirma. Bergillos fue detenida por segunda vez el pasado mes de marzo en el transcurso de la Operación Hidalgo, por orden del magistrado del juzgado de instrucción número 2 de Marbella, Francisco de Urquía.

Pelayo aclara asimismo que “la querella no debe ni puede beneficiar a los culpables de la corrupción marbellí, pero debe servir para depurar actuaciones arbitrarias que afectan injustamente a quien no lo merece”. Y no descarta la presentación de nuevas acciones legales “contra otros presuntos culpables de tales abusos”.