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Denuncias contra la alcaldesa de Llanes por beneficiar a un amigo del magnate Carlos Slim
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Denuncias contra la alcaldesa de Llanes por beneficiar a un amigo del magnate Carlos Slim

Los ciudadanos de la localidad asturiana de Llanes vienen luchando contra lo que consideran “atropellos” urbanísticos en los últimos 15 años. Organizados en la Agrupación de

Foto: Denuncias contra la alcaldesa de Llanes por beneficiar a un amigo del magnate Carlos Slim
Denuncias contra la alcaldesa de Llanes por beneficiar a un amigo del magnate Carlos Slim

Los ciudadanos de la localidad asturiana de Llanes vienen luchando contra lo que consideran “atropellos” urbanísticos en los últimos 15 años. Organizados en la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), recientemente ratificada por la Audiencia Nacional como asociación de utilidad pública, los lugareños han llevado a los tribunales tanto el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2003 como a la alcaldesa Dolores Álvarez y a la concejala delegada de Urbanismo Esther Bustillo, ambas del partido socialista, por prevaricación y delitos contra el patrimonio.

Entre los casos denunciados destaca la urbanización de La Talá, uno de los planes parciales que prevé la construcción de 500 viviendas en un paraje costero prácticamente virgen. El dueño y promotor es PASTA (Promotora Asturamericana S.L.) de la que es accionista Juan Antonio Pérez Simón, persona cercana al magnate mexicano Carlos Slim (Telmex). La urbanización proyectada se sitúa a menos de medio kilómetro de la costa, incumpliendo la Ley del Suelo, y abarca parte de tres espacios protegidos distintos, según documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

En relación a esta urbanización, el Gobierno asturiano concedió al promotor un camino público secular que une la villa de Llanes con la localidad de Poo de Llanes. PASTA ha modificado esta senda costera y, a cambio, está construyendo lo que se ha denominado la ‘carretera de circunvalación de Llanes’, que ofrece una salida directa de La Talá hacia la autovía del Cantábrico. Para acallar voces discordantes, Pérez Simón ha costeado una acera que une las localidades llaniscas de Turanzas y Posada.

El plan de urbanismo de 2003 “no respeta la Ley de Suelo vigente, que prohíbe las construcciones a menos de 500 metros de la costa”, apuntan en la asociación. En virtud de esta irregularidad, ya existen viviendas con órdenes de demolición desde 2001 por invadir la línea de costa, aunque aún no se ha ejecutado la sentencia. La licencia de obras fue firmada por Antonio Trevín Lomban, ex alcalde de Llanes, por lo que fue imputado. Trevín Lomban es hoy delegado de Gobierno en Asturias y secretario general del grupo socialista asturiano.

Por otra parte, AVALL ha descubierto y denunciado ante la Fiscalía -y ésta ante los tribunales- la falsificación de la línea de costas en el PGOU, a la altura de la playa de Puerto Chico, en la misma villa de Llanes y donde se están edificando chalés.

Actualmente, la alcaldesa Dolores Álvarez, la concejala de Urbanismo Esther Bustillo, junto al arquitecto municipal Luis Gonzaga están imputados en un nuevo caso, derivado del derribo de un edificio protegido del siglo XIX conocido como ‘El Rompeolas’. Dicho derribo tuvo lugar el 26 de noviembre de 2005, “por la noche y en plena tormenta de granizo”, apostillan en AVALL. La Fiscalía les acusa de prevaricación y presunto delito contra el Patrimonio.

Por este caso y en espera de la sentencia, la asociación instó al PSOE a que, en virtud de la tolerancia cero esgrimida por el secretario de organización José Blanco, tome cartas en el asunto para que alcaldesa y concejala renuncien a su cargo. La Federación Socialista Asturiana no quiso hacer declaración alguna a este diario, salvo apuntar que “el delito contra el patrimonio no es lo mismo que corrupción urbanística”.

De aquellos polvos...

Los ciudadanos de la localidad asturiana de Llanes vienen luchando contra lo que consideran “atropellos” urbanísticos en los últimos 15 años. Organizados en la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), recientemente ratificada por la Audiencia Nacional como asociación de utilidad pública, los lugareños han llevado a los tribunales tanto el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2003 como a la alcaldesa Dolores Álvarez y a la concejala delegada de Urbanismo Esther Bustillo, ambas del partido socialista, por prevaricación y delitos contra el patrimonio.