Corrupción urbanística en Murcia: la Fiscalía General interpone una querella contra un alcalde del PP...

La madeja judicial se enreda cada vez más en Murcia. Las distintas tramas se van haciendo cada vez más complejas conforme van saliendo adelante los trámites de investigación iniciados por la Fiscalía regional y se inician otros a instancias de jueces, con petición de ayuda a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) incluida.

Como anunció El Confidencial en junio, el primer caso investigado por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, ha sido el del alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos. El asunto no es baladí, ya que Bernal sería el presunto receptor de esos fondos junto con el ex alcalde del PP Domingo Varela, ‘amiguísimo’ hasta hace pocos del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, y de su factótum mediático, el ex periodista José Antonio Ruiz Vivo.

Mientras se aclaran las derivaciones de la Operación Malaya en tierras murcianas, los expedientes se acumulan sobre la mesa del fiscal jefe López Bernal, al tiempo que algunos no paran de tentarse la ropa desde hace meses, sobre todo después de las recientes declaraciones del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en Alicante indicando que, tras la Costa del Sol, el Levante está en el punto de mira investigador del ministerio público.

Así, junto a la querella de la Fiscalía contra el alcalde popular de Mazarrón, a López Bernal le llegan del registro judicial querella tras querella. En estas últimas semanas les ha tocado el turno a las interpuestas por el PSOE contra altos cargos de la Administración regional del PP por supuestas prevaricaciones.

Irregularidades en el puerto deportivo de La Manga

Una de las denuncias va dirigida a dos directores generales que permitieron que siguieran las obras de un macropuerto deportivo en La Manga en contra de cuatro informes de los servicios jurídicos de la propia Comunidad Autónoma. Otras son realmente esperpénticas, como la de un jefe de Servicio de Sanidad Animal en la Consejería de Agricultura que poseía una granja sin licencia de apertura ni declaración de impacto ambiental en Cieza.

Y otras más, tan incalificables como las facilidades otorgadas a los dueños del club de fútbol Real Murcia, para construir un nuevo estadio, con los votos del PP gobernante y del PSOE opositor en el Ayuntamiento de Murcia.

Sin duda, estos asuntos se convertirán en centrales de la próxima campaña electoral municipal y autonómica que, tal como está la situación, se iniciará ineludible y extraoficialmente a la vuelta del verano.