Un teniente y ocho agentes han puesto en bandeja al ministro del Interior, José Antonio Alonso, la oportunidad que buscaba para pedir la cabeza del director general de la Guardia Civil, el general Carlos Gómez Arruche. La última palabra la tiene el princ

El general del Ejército del Aire Carlos Gómez Arruche vive sus horas más amargas al frente de la Dirección General de la Guardia Civil. El llamado caso Roquetas, en el que se investiga la muerte de un agricultor tras los golpes recibidos a manos de nueve agentes de la Benemérita en la casa cuartel de esta localidad almeriense, le ha puesto contra las cuerdas. Una delicada situación que, sin embargo, permite frotarse las manos a sus inmediatos superiores, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el ministro del Interior, José Antonio Alonso, que desde hacen meses apuestan por su relevo y la vuelta de un civil al cargo.

De hecho, y como ya adelantó El Confidencial (ver ediciones del 21 de diciembre de 2004 y del 12 de julio de 2005), Alonso lleva tiempo asegurando en privado que si aún no ha cesado al militar es porque desde el Palacio de La Moncloa le han insistido en que no provoque la primera crisis de importancia de la era Zapatero. Sin embargo, la indignación que en la opinión pública ha provocado la muerte del agricultor almeriense y, sobre todo, la tardanza en actuar contra los presuntos implicados en los sucesos por parte del propio Gómez Arruche pueden hacer cambiar de opinión al presidente del Gobierno, quien, hasta ahora se había convertido en su principal valedor.

No es, sin embargo, la falta de rapidez lo único que critican a Gómez Arruche sus enemigos en Interior. Sus primeras declaraciones, en las que destacaba el “expediente limpio” del principal implicado, el teniente, y que la primera sanción a éste fuera únicamente por utilizar material no reglamentario -la porra extensible y la eléctrica- y no por la muerte se han considerado “graves meteduras de pata” que han dado munición al PP para acusar al Ejecutivo de “falta de transparencia”. Todo ello ha provocado que el malestar se haya trasladado hasta Lanzarote, donde veranea el presidente del Gobierno, quien ha ordenado actuar con contundencia a sus ministros de Defensa, José Bono, e Interior.

La actitud de Gómez Arruche ante el caso Roquetas no ha sido entendida ni siquiera en el seno de la propia Benemérita. El principal sindicato del Cuerpo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) le acusa de querer “ocultar” los hechos y, como han señalado a este diario destacados dirigentes del mismo, tienen pensado pedir una reunión urgente con el secretario de Estado para exigirle el cese inmediato del director general “por la responsabilidad política al intentar quitar hierro a un asunto especialmente grave, sobre todo cuando es seguro que él conocía prácticamente desde el primer día el contenido de las grabaciones donde se ven la paliza”.

De producirse la reunión, su interlocutor será receptivo con sus quejas, ya que Antonio Camacho ha reconocido en privado en los últimos días su malestar y enfado hacia el director general por su actitud en este caso. “Si antes sus relaciones no eran buenas, y el secretario de Estado lleva meses ninguneando, ahora la ruptura es total y absoluta. Por Camacho, Arruche tendría las horas contadas en su puesto”, señala una persona cercana al número 2 de Interior. Tal vez, la comparecencia del ministro en el Congreso el próximo 11 de agosto sea el final de la cuenta atrás.

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