Una ONG denuncia que entre 2001 y 2004 al menos 261 personas murieron en España mientras estaban bajo custodia policial

El fallecimiento en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Juan Martínez no es, desgraciadamente, el único caso en España de un detenido que muere mientras se encuentra bajo custodia policial. Un informe elaborado recientemente por la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas recoge los casos de al menos otros 261 conciudadanos que han fallecido mientras estaban en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los autores del informe, en el que también ha colaborado el Centro de Documentación contra la Tortura, reconocen que no todos los casos recogidas en el documento son asesinatos, “aunque sí en todos ellos hay dudas inadmisibles”. Así, destacan que de los 136 fallecimientos que hubo en las cárceles españolas en los últimos cuatro años, se ignora las causas de la muerte en un tercio de los casos. De los 63 que se registraron en comisarías y cuarteles, en más de la mitad nunca se supo las circunstancias concretas. Otros 62 casos se produjeron en el momento de la detención. Duras cifras que se agravan cuando se baja al detalle: de todos ellos, cinco corresponden a menores de edad que perdieron la vida en los centros donde estaban internados. Según estas dos ONG, la mayoría de estos casos suelen ser archivados o sobreseídos cuando llegan a manos de la Justicia.

Es lo que teme Amnistía Internacional (AI) que ocurra con el caso de Roquetas. Una de sus dirigentes, Julia Tamayo, lanza la voz de alarma en este sentido: “Las condenas no son las mismas para un delito por tortura que para otro por el uso de un tipo de armas no previstos en el ordenamiento jurídico y, en este caso, el teniente José Manuel Rivas, suspendido seis de meses de empleo y sueldo, se le está acusando en primer lugar por el empleo indebido de armas dejando al margen la posible muerte por daños continuos hasta provocarle la muerte”.

Dilación de los procesos

AI publicó en diciembre de 2004 un informe donde expresaba su preocupación por la ligereza con que en España se despachaban algunos procesos judiciales por las supuestas violaciones de derechos humanos a manos de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. “Nos preocupa la duración de los procesos de tortura y malos tratos que han llegado a durar entre 15 y 20 años hasta la obtención de un sentencia firme con la concesión de indultos a los agentes condenados por tortura y malos tratos”.

Pero lo más lamentable es que “algunos policías con antecedentes penales o con procedimientos disciplinarios pendientes no sólo han continuado ejerciendo como funcionarios públicos en actividades que exigían respeto a los derechos humanos, sino que además ha habido casos en los que se ha premiado con ascensos a estos mandos después ser condenador por un delito de tortura”. Se han llegado a extremos, como en el caso de Rita Rogelio, una mujer violada en una comisaría de Policía de Bilbao, tal como queda acreditado y constatado según el Tribunal Supremo, donde los agentes tienden a apoyar a sus compañeros negándose a identificarlos aún siendo testigos de los hechos.

Otro ejemplo que destaca AI se produjo en enero de 2001, cuando el Gobierno otorgó indultos a once policías y tres guardias civiles condenados por torturas. El entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, reiteró en su comparecencia antes el Parlamento, en octubre de 2001, que se trataba de “supuestos de delitos leves”. También insistió en que se habían tenido en cuenta “las dilaciones indebidas del procedimiento, la inexistencia de reincidencia y las condiciones personales del afectado”. Uno de los indultados era el comisario Julio Hierro, condenado, además, por otros dos delitos de tortura y por la detención ilegal en el caso del secuestro de Segundo Marey.