Las reformas iniciadas en sus textos por las tres comunidades autonómicas apuntan a la intención de sus ejecutivos de elevar ‘a la catalana’ su techo competencial. Moncloa teme que sus proyectos también den la espalda a la Constitución.

El PSOE ha decidido adoptar el modelo valenciano como pauta a seguir por el resto de estatutos en vías de reforma, aunque admite que puedan establecerse variantes autóctonas siempre que respeten la senda constitucional, no modifiquen la doctrina del Título VIII de la Carta Magna y mejoren técnicamente los textos vigentes. Así, los estatutos andaluz o asturiano se adaptarían sin mayores problemas a los límites acotados por los dirigentes socialistas. Algo que no ocurre con los textos que se están debatiendo en las ponencias estatutarias de Aragón, Baleares y Canarias, que amenazan con convertirse en quebraderos de cabeza similares al Estatut de Cataluña.

De hecho, fuentes socialistas destacan que la proximidad a Cataluña de Aragón y Baleares está arrastrando a los partidos de ambas Comunidades, incluido el PP que gobierna en el archipiélago balear, a plantear reivindicaciones similares a Cataluña, excepto en el modelo de financiación. Según altos funcionarios de Madrid conocedores de los debates en ponencia, tanto Baleares como Aragón tienen un cierto complejo frente a los catalanes, cuyos techos competenciales reclaman sea cual sea el resultado final del debate estatutario en Cataluña.

Siguiendo el ejemplo del texto que se debate en Cataluña, los borradores que se manejan en Aragón y Baleares no repudian la Constitución, sencillamente le dan la espalda. "Eso sí -reconocen fuentes jurídicas del Gobierno central- con una gran finura técnica, buscando en todo momento las numerosas lagunas que dejaron los constituyentes del 78, hasta el punto de que los Estatutos reformados podrían alumbrar una nueva doctrina según la cual todo lo que no se menciona expresamente en la Constitución como atribución de la Administración del Estado se lo apropia la Autonomía".

Finalmente, otra reforma que mantiene en vilo al Gobierno es la que viene de Canarias, dado el componente nacionalista que inspira el debate en marcha, promovido desde el partido mayoritario de las Islas, Coalición Canaria, con un Partido Socialista reclamando el cambio del sistema electoral como premisa para entrar a debatir otros asuntos, y un PP aún no adaptado a su nuevo papel de oposición regional.