Los fondos exigen una rentabilidad del 10% anual para entrar en el capital de las cajas

No es sólo cuestión de precio. Los grandes fondos de inversión que estudian la entrada en varios de los conglomerados de cajas de ahorros fusionadas exigen rentabilidades mínimas del 10% para concretar sus aportaciones de capital. El dinero extranjero dispuesto a participar en la restructuración del sector financiero español quiere tener garantías de la rentabilidad que el modelo de la banca comercial puede tener en España durante los próximos años.

Este es el último escollo a superar por Bankia, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum, Banco Base, NovaCaixaGalicia, CAM y Catalunya Caixa, que en distintas fases de su futuro inmediato se enfrentan al rubicón de conseguir inversores privados. Superada la incertidumbre inicial de la liquidez y posteriormente la de la solvencia (gracias al salvavidas del FROB, que entrará si no consiguen capital privado), el reto de las cajas españolas pasa por demostrar que su negocio es rentable como proyecto empresarial.

Según explica el country manager de un banco de negocios internacional, los fondos van a descartar, por lo general, cualquier oportunidad que no les genere unas rentabilidades mínimas aproximadas del 10% anual para los años que contemplen estar en el accionariado, que puede oscilar entre los 3 y 5 ejercicios. Sobre este umbral, cualquier variación al alza dependerá de la tolerancia al riesgo que quieran asumir para su inversión en la caja en cuestión. El gran problema para las cajas españolas es que la mayoría tiene una Rentabilidad sobre Recursos Propios (ROE) inferior a ese 10%. El mejor ejemplo es la Caixa, la entidad supuestamente en mejores condiciones, que tiene un ratio del 8,8%. Bankia no aporta ni el dato.

Muchos de los fondos interesados en las cajas españolas desfilaron la primera semana del pasado mes de marzo ante el Banco de España. Entonces, la principal objeción tenía que ver con la valoración de la cartera de activos. Desde alguno de los SIP que aspiran a ese dinero confesaban con amargura que las condiciones exigidas por los inversores privados son inasumibles, ya que reclaman descuentos de hasta el 70% (0,3 veces el valor en libros).

Los datos más recientes del Banco de España reflejan que el crédito a familias y empresas, lejos de crecer, vuelve a contraerse. Esta tendencia está ligada, fundamentalmente, con la reestructuración de las cajas, que han cerrado el grifo del crédito de forma extraordinaria, hasta registrar en 2010 un caída del 4,2%. Es decir, han dejado de conceder el equivalente a 54.200 millones, una situación que ha permitido a los bancos ganar cuota de mercado.

Otro de los aspectos que resta atractivo a las cajas españolas tiene que ver con sus protocolos de gobierno corporativo. El hecho de que sus consejos de administración estén controlados por políticos o personas afines supone un escollo difícil de aceptar para un inversor privado, que en el caso de no poder influir o decidir sobre las cuestiones estratégicas de la entidad exigirá condiciones más severas para su inversión al entender que asume más riesgo.

En este sentido, el margen de maniobra a corto plazo que pueden ofrecer las cajas a los inversores pasa por el ahorro de costes derivado del proceso de reestructuración (prejubilaciones, cierre de oficinas…), y por la venta de activos (crédito, participaciones empresariales…), destinada a depurar su balance y obtener los mayores ingresos posibles. Los que no puedan o no quieran pagar un 10% tendrán que dejar que el Estado entre en su capital y controle su gestión.