Las empresas extranjeras alertan de una deriva 'a la argentina' en España

España no es Argentina. Pero, salvando las distancias y las expropiaciones, las compañías extranjeras presentes en territorio nacional tienen cada vez más problemas para operar sin gastarse más en abogados que en el desarrollar el negocio. El PP no ha logrado cerrar en estos cuatro meses las grietas a la seguridad jurídica que abrió el PSOE. Y tampoco parece que algunos Ministerios tengan una hoja de ruta clara sobre la regulación para que las empresas puedan planificar su futuro con alguna certeza. GDF Suez Energía se plantea abandonar el país si la normativa energética se sigue modificando cada trimestre. Y otras firmas, como la luxemburguesa de satélites SES Astra, también están empezando a perder la paciencia.

Luis Sahún es el director general de la empresa en la Península Ibérica. Maño, tenaz como pocos, lleva años chocando con la Administración. “Sólo pido un plan marco al que atenerme. Quiero saber si el satélite tiene cabida en el modelo que se plantea el Ministerio para la segunda fase del dividendo digital con la idea de decidir si me interesa invertir o no. Pero nadie en Industria es capaz de explicar con claridad cuáles van a ser las reglas del juego. Más allá del desgaste de las empresas y sus gestores, la pérdida de credibilidad y de prestigio de España en el exterior es tremenda”, zanja con una mezcla de resignación y enfado. Astra ya tiene demandado ante la UE el sistema de financiación público aplicado en su día por el Gobierno socialista para lanzar la TDT. Bruselas debe pronunciarse en las próximas semanas.

El lamento de Sahún sugiere también una cierta decepción. Y es que cuatro meses después de que el PP llegara al poder, no sólo no se avanza en cuestiones estratégicas, sino que se cambia el paso sin torcer el gesto. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, aseguraba esta semana que el Ministerio quiere renegociar el plan para liberar el dividendo digital con objeto de reducir su coste. Estaba previsto que liberar las frecuencias que ahora ocupa la televisión para servicios de telefonía móvil costara 800 millones. El Gobierno sólo tiene disponibles 40. El primer globo sonda lanzado por el Ejecutivo para solucionar el desfase fue sugerir a las televisiones que redujeran sus canales. Sin contar con que éstas llevan 10 años pagando la extensión de la TDT para tener un múltiplex. Y que hasta han cerrado fusiones contando como activos con un determinado número de emisoras.

El sector energético vive desde hace años un problema similar. GDF Suez Energía tiene invertidos 1.000 millones de euros en ciclos combinados en España. No puede rentabilizar sus activos, en parte por los constantes cambios regulatorios. “Si las cosas siguen yendo mal desproporcionadamente, cualquier operador haría su plan de desinversiones”, explicaba recientemente la consejera delegada de la firma, Loreto Ordoñez. “Cualquier gestor debe tener una previsión sobre su cuenta de resultados y para las empresas es actualmente imposible saber cómo van a acabar el año. La verdad es que pasamos más tiempo optimizando legal y fiscalmente el negocio que gestionándolo operativamente”, remachaba. Los pagos por capacidad que le reconocía el BOE de noviembre han durado cuatro meses.

Superar toda una maraña normativa

La seguridad jurídica y la formulación de marcos legales estables resulta clave en la mejora de la calidad institucional de un país. El Círculo de Empresarios lo consideraba una de las prioridades para la presente legislatura, en un informe elaborado antes del cambio de gobierno. “La regulación debe estar formada por normas claras, estables y predecibles en sí mismas y en su justa aplicación. La actividad emprendedor demanda un entorno de seguridad jurídica que facilite la adopción de decisiones, evitando el riesgo regulatorio de cambios continuos en la legislación”, reza el documento. E insiste en que “se trata de un factor de credibilidad y reputación para nuestra economía”.

Las quejas recientes de GDF Suez Energía y SES Astra no son nuevas y revelan que, al margen de soflamas carpetovetónicas, la percepción de algunas empresas foráneas sobre el clima de negocios en España debería llevar al menos a la reflexión. En el arranque de 2012, las multinacionales estadounidenses ponían pie en pared y dirigían una dura carta al nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como a sus responsables económicos. O se empezaban a cumplir las leyes o se iban. Todo un aviso a navegantes. Recordaban que el plazo de cobro de las Administraciones alcanzaba 421 días en el ámbito sanitario, denunciaban cambios de idea permanentes como los escenificados con la Ley Sinde y, en fin, se quejaban de la maraña normativa –entre la estatal y autonómica- que debían superar para sacar adelante sus negocios.

“Muchas multinacionales están empezando a dudar de la seriedad del país en el cumplimiento de las leyes y temen que el cambio de Gobierno suponga un aumento, y no una disminución, de la incertidumbre regulatoria y la inseguridad jurídica en cuanto pueda existir la tentación de modificar arbitrariamente lo pactado en la anterior legislatura”, exponía la misiva. Las empresas estadounidenses estaban escaldadas. Al punto que una decena de fondos americanos habían recurrido a un tribunal de arbitraje internacional por el cambio retroactivo de la legislación fotovoltaica. El proceso aún está abierto y el PP sabe lo que se juega. Por eso el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, ha hilado fino a la hora de establecer la moratoria renovable.

“Voy a las televisiones y busco acuerdos para ofrecer un servicio de televisión por satélite para la población que está entre el 96% y el 98,5% de la cobertura, lo que actualmente se hace sólo a través a través de la TDT. Sin coste financiero para nadie, asumiendo yo los riesgos. Y me dicen que no porque no existe cobertura legal. Se lo planteo al Ministerio y me responden que no hay ninguna restricción normativa que lo impida. ¿Tengo que embarcarme en un nuevo litigio contra los operadores?”, pone como ejemplo Sahún. “Los cambios regulatorios te pueden hacer entrar en números rojos”, zanja Ordóñez.