Soria apunta a Red Eléctrica para su segunda batería de ajustes contra el déficit

Parecía la gran vencedora al librarse de los recortes que José Manuel Soria impuso a las compañías eléctricas el pasado viernes. Pero Red Eléctrica encontró la horma de su zapato al día siguiente. Y es que el Ministerio de Industria avanza en el Real Decreto-ley publicado el sábado que su intención en una segunda oleada de medidas es ajustar también la retribución que abona por la actividad de transporte. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aún mantiene un 20% del accionariado de la compañía, transportista único de la electricidad y responsable de la operación del sistema eléctrico.

“Se procede también a revisar con carácter excepcional la retribución de la actividad de transporte impulsando a la par, una profunda reforma del procedimiento por el que se determina la retribución de esta actividad, con el fin de vincular la retribución a los activos en servicio no amortizados, eliminando bolsas de retribución no justificadas”, reza el documento. La compañía, que cotiza en bolsa, debería recibir por el transporte de la electricidad 1.682 millones en el presente ejercicio. Industria ya tocó levemente ese importe el pasado viernes, al retrasar el abono de las inversiones de 2011 hasta el año 2013. Un rejón de 197 millones que puede ser sólo el principio para la firma que preside José Folgado.

No ayuda a sus intereses que las compañías hayan puesto el foco en Red Eléctrica, tras la reducción de los pagos que reciben en concepto de distribución. “No vemos que la Administración asuma su parte de la carga. No se toca al transporte”, se lamentaba desde una de las principales empresas del sector. Una afirmación tras la que se esconde un claro reproche al ministro, que había asegurado que consumidores, operadores y la propia Administración se repartirían la carga de reducir el déficit de tarifa. La tentación de Industria para la segunda vuelta de medidas que hará públicas en las próximas semanas es complacer a las empresas y tocar decididamente los pagos al tranporte.

Ese área y la distribución constituyen sendos monopolios naturales, en tanto las empresas encargadas de esos servicios podrían restringir la oferta e incrementar los precios por encima de los costes de suministro en ausencia de regulación. El modelo normativo persigue precisamente que esas actividades se realicen con el mínimo coste. El Gobierno aprobaba el pasado viernes una rebaja de 688 millones –un 10% del total- de lo que abona por la distribución, tarea que realizan las compañías eléctricas. Fue la más llamativa de un paquete de medidas de ahorro que alcanzó los 1.765 millones, ajuste al que debe añadirse una subida de tarifas del 7% a los hogares que supondrá ingresos extra por valor de 1.382 millones.

El ‘agujero eléctrico’, lejos de cubrirse

Las disposiciones adoptadas cuadran las cuentas a priori. ¿Previsión de déficit de tarifa para 2012? En torno a 5.000 millones. ¿Reducción del agujero con las nuevas medidas? Más de 3.000. ¿Margen de saldo negativo que concede la ley este año? 1.500 millones. Luego, en principio, no quedaría mucho por ajustar. Sin embargo, no lo ven así los analistas. Según un informe publicado ayer por JB Capital Markets, “la dimensión del déficit se ha infravalorado” y, además, la mitad del ahorro de las últimas medidas (unos 800 millones) es aislado, sin efectos estructurales. Sin contar con que otros 300 millones son aplazamientos de pagos más que ajustes reales. ¿Conclusión? El drama no ha terminado.

“El déficit de tarifa estructural es todavía superior a 3.500 millones, o 4.500 si incluimos las compensaciones a las islas. Sobre esta base, pensamos que hay todavía riesgo de que el regulador ponga el foco en las eléctricas otra vez en cuatro u ocho semanas para solucionar este desequilibrio”, expone en citado informe. Y establece las principales “áreas de riesgo” para la puesta en marcha de nuevos ajustes: la generación nuclear, el transporte eléctrico y las compensaciones a la generación extrapeninsular. En este sentido, plantea la aplicación de una tasa a los windfall profit (beneficios llovidos del cielo por activos supuestamente amortizados) de la generación nuclear.

“Una tasa de 15 euros por megavatio a la generación nuclear reduciría el déficit de tarifa en 870 millones al año”, cuantifica el documento de la firma de Javier Botín. Todo sin descartar la imposición de un céntimo verde a los hidrocarburos o aplicar algún tipo de moratoria a la construcción de nueva capacidad termosolar. “Incluso en esos escenarios favorables, el Gobierno puede dar otra vuelta de tuerca a los ingresos de las eléctricas”, zanja el informe. El Real Decreto-ley también incluye un mandato para el Ministerio de Industria con el fin de que revise el modelo de remuneración que actualmente se aplica a la generación de energía extrapeninsular, uno de los peajes de acceso que se abona en la tarifa.