Las exigencias del eje Merkel-Sarkozy anticipan una década perdida para la economía española

El segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado un panorama desolador de la economía española, con el PIB español al borde de una segunda recesión; las cuentas del Estado en la antesala de superar el 6% del déficit público impuesto como límite por Bruselas; varios ejercicios por delante con una tasa de desempleo por encima del 20% de la población activa (lo que, cuantitativamente, supone que el mercado laboral ha repelido en torno a cinco millones de parados); y la prima de riesgo-país superando holgadamente los 400 punto básicos y tocando a las puertas de un rescate multilateral.

Una coyuntura inimaginable incluso para las voces que presagiaban, al comienzo de la IX Legislatura, una contracción económica genuinamente made in Spain. Sin embargo, después del cuatrienio presidencial de Zapatero que ahora toca a su fin, los errores de previsión y de gestión del dirigente socialista, las sucesivas y profundas embestidas de la turbulencia financiera surgida en septiembre de 2008 y, de manera sorpresiva, la reciente crisis europea de identidad en toda regla (política, económica e institucional), inducen a presagiar un futuro aún más incierto y doloroso para el sucesor del, todavía, actual inquilino de Moncloa.

Bajo este contexto, la idea surgida de la bicefalia Merkozy, como ya se conoce al tándem franco-alemán, de engendrar un núcleo duro de socios del euro con disciplina fiscal (París y Berlín parecen sufrir una curiosa amnesia, dado que entre 2003 y 2006 los dos lados del eje europeo incurrieron en déficit excesivo sin sanción por parte del Ejecutivo comunitario) e integración económica para afrontar los rigores del euro y de los mercados globalizados, estrecha todavía más, si cabe, el margen de actuación del futuro jefe de Gobierno. Entre otras razones, porque el cuadro de mando español reduce considerablemente las opciones de que la cuarta economía del euro logre restablecer a tiempo la ortodoxia que reclaman Angela Merkel y Nicolas Sarkozy a los países del área monetaria que deseen salir, según la jerga diplomática franco-alemana, del actual modelo ‘federal’ que se confeccionó a finales del siglo pasado para poner en marcha la divisa común.

O, dicho de manera más contundente, y usando en este caso terminología comunitaria, abrir la caja de Pandora de la Europa de las dos velocidades para subirse al tren de los socios más diligentes, por un lado, en certificar rigor a sus economías y más dispuestos, por otro, a avanzar en la unificación de las normas tributarias, laborales y presupuestarias -con la consiguiente pérdida de soberanía nacional en estos terrenos-, e inculcar, así, mayores cotas de productividad y competitividad a la vieja Europa.

Un largo letargo de cuatro años

La cuestión esencial gira en torno a las posibilidades de que España vuelva a lograr dar la vuelta como un calcetín a su estructura económica y social. Igual que en el tránsito al actual milenio, cuando pasó de ser un país de emigrantes a captar flujos de inmigración, de recibir ayuda multilateral a convertirse en contribuyente neto de las instituciones financieras globales y a encaramarse desde el furgón de cola a la sala de máquinas de la Unión Europea. Éste será el gran desafío que entregarán los españoles, a través de las urnas, al sucesor de Zapatero. Después de cuatro años de alarmante retroceso, en  el que la economía española parece haber retornado a su pecado original y coquetea, de nuevo, con los créditos del FMI, con exportar talento a otros mercados laborales o con sumergirse en la fosa de la Europa económica.

El futuro presidente español emprenderá este obligado viaje al pasado con el motor totalmente gripado. Los datos, revelados por el FMI en octubre, son elocuentes. En 2008, primer año de la legislatura que acaba de tocar a su fin, el PIB español era el octavo del mundo, superando los 1,6 billones de dólares de producción anual, y la diplomacia hispana se disponía a solicitar el plácet de ingreso en el G-8. Apenas cuatro ejercicio más tarde, y tras una severa recesión y un largo periplo de trimestres de evolución plana, España ocupa el duodécimo lugar, con algo más de 1,4 billones de dólares y viendo cómo ha sido rebasada por Brasil (séptima); Italia (octava); India (novena); Canadá (décima) y Rusia, mercado que le antecede en el ranking del FMI. Y, lo que es peor, con perspectiva de no recuperar los niveles de 2008 hasta 2016. Es decir, que España se encuentra más cerca de caer de nuevo en los niveles de una economía próxima al billón de euros (el equivalente a 1,3 billones de dólares), en el que ingresó con el presupuesto de 2006, que a plantar batalla a los grandes mercados emergentes, y a Italia y Canadá, sus rivales históricos en esta contienda, en la que todos los integrantes están separados por medio billón de dólares.

Baile ‘retro’ de cifras

Pero estas oscilaciones del PIB español, que anticipan por sí mismas casi la totalidad de este decenio perdido (2008-2016), no es el único dato que constata este declive hispano. Otros parámetros no menos relevantes también lo atestiguan. Por ejemplo, la inversión, que ha pasado de significar el 30,9% del PIB a la conclusión de 2007, a hundirse hasta el 22,3% al término de este año. Los expertos del Fondo consideran que, con el actual clima empresarial español, los flujos de capital repuntarán un punto en 2010. Todo un campo por explorar -y reformar- para el próximo equipo económico del ejecutivo español. De igual modo, en el capítulo de gastos e ingresos del Estado -en el que el departamento de análisis económico del FMI incluye la recaudación impositiva y las cotizaciones sociales, básicamente-, donde el escenario ha cambiado diametralmente.

Las arcas estatales han pasado de obtener unos recursos del 41% del PIB en 2007 al 36,5% este año, mientras auguran una modesta recuperación de algo más de medio punto (37,1%) en 2016. Frente a unos desembolsos que han pasado de representar el 39,1% en 2007, al 44,9% al término de 2010 -máximo nivel de gasto- y a una proyección del 41,7% en 2016, fecha de expiración de la próxima legislatura.

Algo similar se atisba en materia de endeudamiento (el Fondo cree que España culminará este año con una deuda pública del 63,9% del PIB y que, en 2016, la hipoteca del gasto excesivo de los últimos ejercicios alcanzará el 75,9%) y de déficit público. En este indicador, las perspectivas de una consultora como Ernst & Young secundan las previsiones de la Comisión Europea, el FMI y otras instituciones privadas españolas, y se aventura a predecir un exceso de seis décimas respecto al objetivo de desequilibrio presupuestario para este año (6,6%); eso sí, dando por hecho que la política de ajustes se intensificará en el próximo mandato, hasta cerrar 2016 con un agujero del 3,1%, a las puertas de cumplir con el límite del Pacto de Estabilidad.

Caída del nivel de riqueza personal

Estos desplomes de la inversión y los ingresos del Estado, por un lado, unidos a el paulatino deterioro de la situación presupuestaria española -propensión al gasto público y repunte exponencial de prestaciones por desempleo para cinco millones de parados- ha dejado un súbito descenso de los niveles de riqueza. La renta per capita española, que llegó a rebasar los 35.360 dólares por habitante en 2007, momento en el que Zapatero auguró el sorpasso español de Francia, nada más superar los ingresos individuales de los italianos, se situó, a finales de 2010, último ejercicio contabilizado, en los 30.639 dólares. Era el inicio de la sucesión de mensajes rebosantes de optimismo del jefe del Ejecutivo socialista que, aún en la primavera de 2009, hablaba de las bondades del sector financiero español -sin querer admitir los activos tóxicos procedentes del ladrillo en los balances de bancos y cajas-, de que lo peor de la crisis había pasado -sin valorar en su justa medida el excesivo endeudamiento privado de familias y empresas y los bajos niveles de ahorro- y el advenimiento de una serie de “brotes verdes” que nunca se consumaron.

Algunas pautas para el despegue

La compleja coyuntura española ha sido objeto de estudio en los centros de análisis privados que convienen en señalar, como excepcional, tanto la larga fase de quince años de crecimiento ininterrumpido como la profundidad de la reciente recesión o la magnitud que ha registrado la contracción en materia de inversión y empleo. Los profesores Michele Boldrin, Ignacio Conde-Ruiz y Javier Díaz Jiménez, en un estudio para Fedea, resaltan “la ausencia de un modelo de crecimiento” en la historia económica reciente de España y sugieren que el futuro Gobierno “sustituya el método tradicional” de adquirir competitividad vía salarios e implante un modelo de cariz tecnológico, capaz de impulsar la productividad laboral y, por ende, la de los salarios, y apuntan a que este cambio de paradigma resulta eficiente “cuando el trabajo es escaso y caro”, justo como en la etapa actual. Una receta que también tiene traslación al mercado laboral.

En el mismo informe, aunque en esta ocasión en un capítulo de expertos en esta materia, el profesor Gilles Saint-Paul, de la Toulouse School of Economics, señala las “perturbaciones de la productividad” -esto es, los cambios bruscos en la evolución de este indicador clave para la competitividad- como el factor que ayuda a entender la alta tasa de temporalidad en España (de la tercera parte de los asalariados) en comparación con Francia (inferior al 15%), pese a que ambas economías “se encuentran entre las que, con mayor decisión promovieron el auge de la contratación temporal”, según atestiguan otros académicos, entre ellos Juan José Dolado, en el mismo estudio.

Nuevos ajustes

Sin duda, una reforma laboral unida a un programa de estímulo tecnológico, en el que no falten los beneficios fiscales a la innovación, resulta acuciante para que España encuentre su lugar económico en Europa y en el mundo. Pero tanto o más, según el consenso del mercado, será la aplicación de nuevos esfuerzos para reducir el gasto en un país con una tasa de paro del 22,6%, en el que uno de cada nueve hogares no tienen a nadie con empleo legal, y en el que existe una seria amenaza de recesión. En este sentido, Mariano Rajoy, ha dejado entrever alguna de las recetas que baraja en caso de convertirse en el sucesor de Zapatero. La capitalización del sistema de prestación por desempleo supone un intento de cortar la hemorragia del gasto por esta ayuda pública.

Al igual que la idea de crear un banco malo (¡tres años después de la quiebra de Lehman Brothers!) para solventar el peso inmobiliario en los balances de las entidades financieras  -argumento esgrimido por las agencias de rating para justificar las rebajas de nota a España este otoño- y propiciar el ajuste del sector de la vivienda. Dos declaraciones de  intenciones recogidas en el programa del PP que resultan, al menos, reveladora si se compara con el enigmático cambio del sistema tributario sobre el que Rajoy pretende formular su prometida rebaja de la presión fiscal a las empresas sin declarar otras alzas de impuestos para cubrir esta merma recaudatoria o, en su defecto, un plan de estímulo que impida a España caer en los números rojos e iniciar el despegue económico.