De la Vega apunta también a las 'telecos' para financiar el cine español

Las cadenas privadas se llevaron el gato el agua y la Ley General Audiovisual les permitirá destinar una parte del 5% de los ingresos que actualmente deben abonar para el cine español a producir series de televisión, una de sus eternas reivindicaciones. Según la nueva norma, el 60% de lo que destinen seguirá yendo al cine español. El restante 40% podrá utilizarse no sólo para las series de televisión sino también para animación y documentales. ¿Enfado en el mundo del cine? Ni mucho menos, el Gobierno ya ha encontrado fórmulas para compensarles. ¿Cómo? En principio, aumentando la base de pagadores. Y puede haber más.

 

Y es que, según ha podido saber El Confidencial, el anteproyecto de la Ley Audiovisual establece que también tendrán que abonar ese 5% para el cine los “prestadores de servicios de comunicación electrónica que difundan canales de televisión”. Fuentes del Ministerio de la Presidencia de María Teresa Fernández de la Vega se negaron a dar más precisiones a este periódico. “No tenemos más información que la referencia del Consejo de Ministros”, expusieron de forma lacónica. Dicha referencia se limita a apuntar que “se aumenta la lista de los que a partir de la aprobación de la Ley deberán contribuir con el 5%”. La cuestión es si bajo ese paraguas sólo caben televisiones por Internet o pueden verse afectados otros colectivos como las telecos, que ya cargan con buena parte de la financiación de TVE. Plataformas como Imagenio, de Telefónica, podrían encajar en el plan del Ejecutivo.

Lo que está claro es que ayer por la tarde había extrema tranquilidad en el mundo del cine, lo que no parecía muy lógico teniendo en cuenta que acababan de perder un buen pellizco del 5% en ayudas. Ni un comunicado, ni una crítica sotto voce, nada de nada. Fuentes del sector explicaban a este periódico que no había ninguna duda de que el Ejecutivo buscaba fórmulas para compensar al cine español y que incluso estaba sobre la mesa la posibilidad de aumentar el 5% que le toca pagar a TVE para financiar películas españolas. La Ley Audiovisual será enviada ahora al Consejo de Estado para que emita su informe, antes de su tramitación parlamentaria. Un proceso en el que ya se encuentra el anteproyecto de ley para la financiación de TVE, que dota al ente público de un Presupuesto anual de 1.200 millones.

Un largo camino pendiente

Según avanzaba este diario el pasado 17 de junio, el principal fleco pendiente para la aprobación de la Ley Audiovisual era precisamente que cadenas privadas y productores de cine no llegaban a un acuerdo sobre el futuro del 5% que las televisiones deben destinar de sus ingresos brutos a financiar películas europeas. Ayer, sin embargo, Uteca, que engloba a las principales cadenas privadas, se mostraba ufana. En todo caso, no sólo destacaba “el acierto del Gobierno en aprobar el anteproyecto”, sino que advertía que hasta su conversión en ley tendrá un camino “dificultoso porque el anteproyecto incorpora previsiones que consideramos necesario mejorar para una convivencia pacífica entre la televisión pública y la privada”.

El canon para el cine español ha sido considerado desde el principio por parte de las televisiones privadas como un “impuesto revolucionario”, especialmente gravoso ahora, en plena crisis económica, con el adelgazamiento de sus beneficios. Calculan que en los últimos nueve años han realizado una inversión de 1.116 millones de euros. Sin embargo, nunca han conseguido descabalgar al cine español de los favores del Ejecutivo. El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales (Fapae), Pedro Pérez, recordó esta semana que el cine solamente recibió en 2008 un total de 78,1 millones en ayudas a la producción, frente a sectores como las energías renovables, que recibieron 3.304, según los datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La Ley Audiovisual también regula la TDT de pago, aunque con discrepancias respecto al borrador de Real Decreto que para este servicio manejaba el Ministerio de Industria. La norma general estima que sólo se podrá destinar hasta el 50% de la totalidad del espacio asignado. Es decir, en el caso de cadenas que dispongan de un multiplex de cuatro canales tras el próximo apagón analógico, dos podrán ir al pago. El borrador de Industria decía que “esta modalidad queda limitada a un canal digital como máximo por concesionario, de manera que en general la oferta de televisión por ondas terrestre sea en abierto”. También se regulan la alta definición, la interactividad y la televisión en movilidad.

Del mismo modo, el Gobierno modifica el tratamiento de la publicidad, que queda en 12 minutos por hora, aunque se establecen pautas para facilitar a las televisiones la estructuración de los bloques. Quedan fuera de esa restricción de minutos el patrocinio, el product placing y la autopromoción. Como era conocido, se creará un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad sancionadora. Compuesto por presidente, vicepresidente y siete vocales, éstos serán elegidos por una mayoría parlamentaria de dos tercios. La renovación de las licencias de las cadenas se producirá de forma automática y por 15 años.