El Gobierno venderá en bloque las radiales en 2018 para limitar su impacto en el déficit

El Ministerio de Fomento ya tiene listo el plan para asumir el impacto que tendrá en las cuentas publicas las autopistas en quiebra, un grupo de ocho concesiones que en los próximos meses irán revertiendo al Estado. El primer paso que ha dado la cartera dirigida por Íñigo de la Serna ha sido elaborar un convenio de gestion con la sociedad pública Seittsa, que recibirá mañana el visto bueno del Consejo de Ministros y que permitirá a esta empresa hacerse cargo de todas estas autopistas conforme vayan revertiendo al Estado.

Las estimaciones que maneja el Gobierno es que en los primeros cuatro meses de 2018 será cuando todas estas carreteras -las radiales R2, R4, R3-R5, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la M-12, la Ciralsa y Aucosta- pasen a manos de Seittsa, que volverá a licitarlas en su totalidad en el segundo cuatrimestre del ejercicio, con la vista puesta puesta en adjudicarlas en la recta final de ese mismo ejercicio, por un periodo de 25 años.

Con este calendario, el Gobierno busca compensar el impacto negativo que tendrá para las arcas públicas la reversión de estas concesiones con el positivo que se obtendrá con la venta de las mismas, mitigando así el impacto en déficit y concentrandolo todo en un único ejercicio.

Aunque todavía se están haciendo los cálculos de cuál será finalmente la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) y el precio al que puedan adjudicarse posteriormente las autopistas, en el mercado lleva meses especulándose con la posibilidad de que el coste que tenga para las cuentas publicas pueda rondar los 2.000 millones, mientras que la licitación se ha cifrado en torno a los 800 millones.

Ademas, a estas cifras habrá que sumar otros 550 millones aproximadamente de creditos participativos a los que el Estado también deberá hacer frente y que irán directamente a déficit, por lo que el impacto final de la quiebra de las radiales será negativo, aunque en unas dimensiones inferiores a los 3.600 millones que llegó a estimar el Tribunal de Cuentas, siempre según el plan con el que está trabajando Fomento.

Aunque De la Serna todavía no ha tirado la toalla respecto a la posibilidad de poder llegar a un acuerdo con los fondos acreedores de estas autopistas, la realidad es que las posiciones están muy distantes. Esto, unido a que el tiempo se acaba, porque ya hay cinco concesiones en fase de liquidación (R4, AP-41, AP-36, M-12, Ciralsa y Aucosta), ha convencido a Fomento de la necesidad de tener todo listo para resolver lo más rápidamente posible, y con el menor impacto económico posible, la reversión de estas autopistas.

No obstante, en el ministerio también son conscientes de que esta solución puede no ser definitiva si los acreedores de estas carreteras muestran su disconformidad con la RPA que se fije, llevan el caso a los tribunales y éstos terminan dándoles la razón. Será Fomento quien fije el importe de la responsabilidad patrimonial, cifra que será fiscalizada por la Intervención General del Estado.

Como todavía hay tres concesiones en fase de convenio (R3-R5, R2 y la AP-41), cabe las posibilidad de que alguna de ellas no haya revertido al Estado en 2018, por lo que Seittsa contempla la posibilidad de poder aplicar una licitación anticipada, es decir, venderla junto al resto de concesiones aunque la materialización de esta adjudicación fuese posterior.

En principio, la idea del Gobierno pasa por adjudicar estas carreteras en un único bloque, aunque todavía cabe la posibilidad de dividirlas en dos lotes, uno correspondiente a las radiales de Madrid y otro con el resto de autopistas. El concesionario que se quede con estas carreteras tendrá que hacerse cargo tambien, en principio, del manteniento de M-50,.

El Gobierno estima que la nueva sociedad de autopistas que se creará con la suma de todas estas carreteras tendrá unos ingresos anuales del entorno de los 100 millones en 2018, y resultados positivos, ya que pasarán a Seittsa libres de cargas. Hacer hoy estas infraestructuras tendría un coste superior a 6.000 millones.