'Asusalud' denuncia 'ensayos clínicos encubiertos' fomentados en las visitas médicas de los laboratorios

La polémica sobre la transparencia, seguridad y legalidad de los ensayos clínicos está, una vez más, servida. Las últimas noticias sobre las supuestas investigaciones realizadas por la multinacional Pfizer en Nigeria, sin autorización del Gobierno ni de los pacientes, levantan las sospechas en todo el mundo. Sin llegar a esos extremos, la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud (Asusalud) ataca a las famosas ‘visitas al médico’ propias del marketing de los laboratorios porque pueden estar provocando ‘ensayos clínicos encubiertos’.

Dicha organización estima que el uso de determinados fármacos en indicaciones para las que no han sido aprobadas supone un ensayo clínico encubierto, sin autorización y sin consentimiento de los pacientes. La utilización incorrecta de medicamentos suele ser inducida por las farmacéuticas a los médicos “y tan sólo es una recomendación boca a boca, un ‘esto va bien también para...’”, señalan en la asociación, donde, concretamente, analizan varias denuncias por el uso indebido de fármacos psiquiátricos.

Una práctica por la que, curiosamente, ya fue sancionada precisamente Pfizer en Estados Unidos en mayo de 2004 con 362 millones de euros por la promoción ilegal del antiepiléctico Nerurontin (gabapentina) para usos como la migraña, déficit de atención infantil o trastorno bipolar.

Asusalud remitirá a las autoridades sanitarias españolas, por segundo año consecutivo, la petición de un control estricto de la visita médica “porque en ellas no consta nada por escrito y porque, además, se hacen durante el tiempo que el facultativo dedica a sus pacientes”.

Por su parte, en el Ministerio de Sanidad precisaron a este diario que “no es en absoluto correcto hablar de ensayo clínico en estos casos, porque para ello hay una normativa específica y clara”. Además, “son totalmente confidenciales por los que el Ministerio no tiene nada que decir”. Con respecto a las visitas médicas, en el gabinete de Elena Salgado explican que no son controlables: “La Administración sólo puede dar formación para el uso racional del medicamento, pero si un facultativo estudia una carrera y luego no va a poder prescribir lo que estime conveniente...” y, en última instancia, “es responsabilidad de las comunidades autonómas”.