El Gobierno cede ante los distribuidores y obligará a las farmacéuticas a garantizar el suministro de medicamentos

Los laboratorios tendrán que garantizar el suministro de medicamentos a los distribuidores igual que los distribuidores tienen que hacerlo con las farmacias. Así, al menos, lo aseguró ayer la socialista Remedios Martel en el transcurso de unas jornadas de debate organizadas por la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR). Se trata de una vieja reivindicación que la patronal de distribuidora ya presentó durante la elaboración del proyecto de Ley del Medicamento y que ahora, tras meses de discusión, parece haber sido aceptada por el Gobierno.

A tenor de este compromiso, la industria farmacéutica podrá ser sancionada si se produce desabastecimiento en los almacenes y, por consiguiente, en los puntos de venta al ciudadano.

La federación organizadora del evento, FEDIFAR, agrupa a 135 empresas que suman el 95% del sector y facturan 9.000 millones de euros anuales. Además, mueve mil millones de presentaciones farmacéuticas al año que garantizan el abastecimiento a las más de 20.000 farmacias españolas.

A cuestas con la ‘trazabilidad’

En lo que respecta a la trazabilidad -saber dónde y en qué estado se encuentra cada fármaco en todo momento-, la imposibilidad de su desarrollo por la inexistencia de un sistema de localización uniforme para todo laboratorio y medicamento no impidió a los socialistas seguir defendiendo esta iniciativa. Los representantes del partido en el poder arguyeron que se van a seguir celebrando futuras reuniones para hallar una solución. “Será un intenso debate del que ya hablaremos”.

Por su lado, la federación propone un sistema protocolizado, ágil y fiable, que aporte información detallada sobre los envases vendidos en territorio nacional de aquellas presentaciones de especialidades farmacéuticas sobre las que recaiga sospecha de que puedan sufrir problemas de abastecimiento.

En el aire quedó la posible normativa sobre la venta de medicamentos sin receta por Internet. Aunque el PSOE reconoció que era “ponerle puertas al campo” y que este modelo de venta “no era el preferible”, también apostó por que España será uno los primeros países en la Unión Europea en regularlo. El resto de grupos parlamentarios se abstuvo en hacer ningún comentario, salvo ERC, que rechazó con contundencia esta posibilidad.