Mas rebaja exigencias y se aleja de la insumisión tras lograr su foto del Pacto Fiscal

Muy preocupado. Ésta es la impresión que dio el presidente catalán, Artur Mas, a los asistentes a la cumbre (más de tres horas de reunión) convocada ayer por la tarde para hablar del pacto fiscal de Cataluña. “Conoce los problemas de España y sabe que la solución no es fácil. La situación no invita precisamente al optimismo y él es consciente de que tampoco se puede tensar mucho la cuerda”, dice a El Confidencial una fuente de la oposición. Y quizás por eso sacó el pie del acelerador soberanista.

“En la reunión, Mas vendió sus tesis, como se esperaba. Pero de una postura que había llegado incluso a plantear la insumisión fiscal, ha pasado a posiciones más flexibles. El Gobierno catalán empieza a asimilar algunas cuestiones, como un modelo dentro de la Lofca o el buscar puntos de encuentros con otras fuerzas. No es que haya renunciado a sus propuestas, pero sí se ha notado una importante moderación del discurso mantenido hasta ahora. Y eso se ha notado especialmente en la marcha atrás respecto a la insumisión fiscal”, dice una fuente que participó en la cumbre.

Pero todo es según el color del cristal con que se mire. El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, manifestó al respecto que “hay unanimidad en el diagnóstico: el modelo actual es insuficiente, con ligeros matices de cada uno de los partidos”. Y recalcó que “ahora, ya todos hablan de singularización o de un modelo propio para Cataluña”. Para los nacionalistas, quien ha movido posiciones son los dos grandes partidos de la oposición, PSC y PP. El primero presentó en la reunión un documento que propone un modelo cercano a la bilateralidad.  Y eso, según Homs, “son movimientos positivos que pueden acabar facilitando un acuerdo amplio”.

Pero llamó la atención “sobre lo que dijo la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, cuando dijo textualmente que ellos no serán obstáculo ante un acuerdo de mayoría parlamentaria. Esto es significativo. Los ciudadanos de Cataluña se merecen la llave de la caja y que la consigamos”. De parecida opinión fueron los representantes de CiU Josep Antoni Duran Lleida y Oriol Pujol. Respecto al PSC, porque sus tesis pueden llegar a ser compartidas, dijo Duran, aunque con el PP el acuerdo puede ser más difícil porque no quiere un modelo nuevo de financiación.

Los representantes políticos aprovecharon, pues, el encuentro para establecer las posiciones de cada uno. Artur Mas no se salió del guión y presentó la petición de un pacto fiscal en el que Cataluña se salga de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que tenga una Agencia Tributaria propia para recaudar y gestionar todos los impuestos, que pague un cupo al Estado, tal y como hacen vascos y navarros, y que reduzca su aportación al Fondo de Solidaridad.

Las propuestas de la oposición

PSC y PP, los dos principales partidos de la oposición, no están por la labor de que Cataluña abandone al Lofca y abogan por un órgano tributario consorciado entre el Estado y la Generalitat. El líder socialista, Pere Navarro, aclaró después de la reunión que su formación está dispuesta a admitir que el Gobierno autonómico presida ese órgano, es decir, que tenga un mayor “protagonismo” y que tenga, por tanto, ”voto de calidad”. Ello conformaría un modelo bilateral. Navarro fue tajante: ”Más dinero, más poder de decisión y una solidaridad más justa. Son unas bases que todos los partidos pueden apoyar. Con ello queremos conseguir que el Gobierno tenga la mayor capacidad de negociación y la mayor flexibilidad”. Pero los socialistas, además, exigen a Mas que cesen los recortes en servicios.

El PP planteó en la reunión una “tercera vía”: un modelo “sustancialmente evolucionado y singularizado para Cataluña, articulado dentro de la Lofca y evitando un escenario de enfrentamiento”. En palabras de Sánchez-Camacho, para evitar el choque de trenes y el enfrentamiento. Los puntos básicos de este modelo son un incremento de la corresponsabilidad fiscal con el Estado; el incremento de los impuestos cedidos; el incremento de la participación en la cesta de impuestos; la máxima capacidad normativa en materia fiscal; una Agencia Tributaria Catalana con capacidad de gestión e inspección de los tributos propios, cedidos y transferidos “en estricta cooperación con la Agencia tributaria estatal”; principio de ordinalidad para garantizar el mantenimiento de Cataluña en renta per capita; y un principio de solidaridad con el resto de comunidades ”que ha de ser finalista y que no perjudique la capacidad de crecer y competir de la economía catalana”.

Fuentes del PP manifestaron a este diario que “en estos momentos, lo que toca es arreglar el país. La prioridad absoluta es salvar la situación financiera. El verdadero problema es pagar las nóminas mes a mes. Y aunque sólo Mariano Rajoy lo tiene en la cabeza, lo cierto es que, una vez arreglados los problemas económicos, se podría abordar una mejora de la financiación de Cataluña”.

ICV, que ya tiene un acuerdo con CiU y ERC para apoyar las bases que Mas expuso en la cumbre, quiere que el pacto fiscal incluya un apartado con un pacto social para que las mejoras económicas reviertan en los temas sociales (en palabras de su líder, Joan Herrera, que el pacto sirva para la cohesión social). ERC y Solidaritat per la Independència (SI), por su parte, rechazan de plano cualquier intervención de España en la recaudación y gestión de los impuestos de Cataluña y exigen “la llave de la caja”.

Nueva cumbre antes de dos meses

Para Ciutadans, el actual modelo de financiación “es perfectamente homologable a los existentes en otros países federales avanzados”, aunque “no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar el diseño de un modelo de financiación de corte ‘federal’ avanzado”. C’s propone, entre otras cosas, la reforma de la Lofca en el año 2013 ”mediante un acuerdo multilateral entre el Gobierno de España y el conjunto de las comunidades autónomas”. A partir de ahí, apuesta por definir un catálogo de servicios públicos comunes a todas estas comunidades en materia de sanidad, educación, servicios sociales, justicia y seguridad; implementar el principio de ordinalidad para evitar que las comunidades receptoras netas superen en renta per capita  a las que aportan dinero; constituir un consorcio entre la Hacienda estatal y las comunidades; y suprimir los privilegios forales incorporando las Diputaciones forales de Navarra y País Vasco al régimen común.

Fue una reunión productiva, según todas las fuentes consultadas. No hubo acuerdos porque no era el objetivo, ya que lo que se pretendía era una primera aproximación. Ahora, Artur Mas se ha dado unas semanas de plazo para convocar otra reunión antes de que el tema se discuta en el pleno parlamentario del próximo julio. Además, quiere formalizar un grupo de trabajo,con capacidad decisoria, para hacer un seguimiento de la negociación con el Gobierno central durante los próximos meses.