UpyD quiere obligar por ley a publicar quién usa coches oficiales y tarjetas de crédito

Acabado el debate sobre el estado de la Nación, comienza la fase en la que los grupos parlamentarios proponen las resoluciones que se debatirán y votarán como conclusión de la cita parlamentaria. Entre las propuestas presentadas por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) destaca una batería de medidas encaminadas a reforzar la transparencia de las instituciones públicas, incluida la Corona, y para avanzar en el esclarecimiento de la financiación de los partidos políticos y en la regulación por ley de los sueldos de todos los cargos públicos de la Administración estatal, autonómica y local.

A juicio del partido de Rosa Díez, la ley de transparencia debe incluir, “para garantizar altos estándares de honestidad y probidad”, todas las instituciones públicas, incluida la Corona. Y en su afán por arrojar luz al funcionamiento de las instituciones, el partido quiere que la ley facilite el conocimiento de datos tan meticulosos como el del uso de los vehículos oficiales que lleva a cabo cada cargo público. Su propuesta de resolución señala, textualmente, que la ley debe obligar a que se publique "el uso de coches oficiales, tarjetas y gastos de protocolo, y de los gastos en campañas oficiales y sus motivos” de cada partido.

También aboga porque los políticos estén obligados a publicar las declaraciones de la renta y patrimonio de los miembros del Gobierno y altos cargos, miembros de la Cortes Generales, principales instituciones del Estado y de los cargos similares en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Por último, que la ley obligue también a publicar “el perfil de cada puesto público, en los casos de nombramientos de eventuales –cargos de confianza- y libres designaciones; sus requisitos de acceso; los currículos de los candidatos que concurran a ocuparlo; y la motivación de los nombramientos y ceses que se produzcan”.

“No puede obviar que una de las principales causas de la extensión de la corrupción política en nuestro país es la ocupación de las instituciones y Administraciones Públicas por los partidos políticos mediante prácticas de patronazgo”, señala el partido en su propuesta presentada ante el pleno. “Los cargos públicos no deben ser nombrados, como ahora sucede habitualmente, por consideraciones de partido y de confianza, sino por su capacidad técnica, su  honestidad y probidad”, añaden.

Doble control de las finanzas de los partidos

En otra de sus propuestas, los diputados de la formación magenta proponen que las cuentas de los partidos sean sometidas a un doble control por parte del Estado. Uno, a cargo de la Intervención General del Estado que deberá publicarse en la web de los partidos y, otro, a cargo del Tribunal de Cuentas, cuya forma de selección de los consejeros debe cambiar “para garantizar su independencia y despolitización” y mediante estrictos criterios de “mérito y capacidad”.

El partido llevará también al debate del pleno la modificación de la Ley Orgánica de Partidos para que sean obligatorias por ley las primarias para la elección, mediante voto directo y secreto, de los candidatos y demás miembros de las listas electorales de cada partido que se vayan a presentar en cualquier ámbito electoral. Este procedimiento “será convocado simultáneamente para todos los partidos por las Juntas Electorales existentes en nuestra legislación, según el ámbito del territorio de elección, en el momento en que se produzca la convocatoria electoral para los cargos públicos”, añaden.