Los médicos desconvocan la huelga y el PP aprueba la privatización de la gestión sanitaria

Era un aviso anunciado desde el 29 de octubre. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, consiguió aprobar ayer, con los 69 votos del PP y con toda la oposición en contra, la ley por la cual la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud públicos pasan a manos de empresas privadas. Los médicos optaron por desconvocar la huelga que ha puesto contra las cuerdas durante cinco semanas consecutivas al Ejecutivo regional. Era un medio para frenar lo que se aprobó ayer en el Parlamento, pero reconocen que “no es sostenible en el tiempo”. A partir del 1 de enero, el mismo día en el que entra en vigor el euro por receta, que también se ha incluido en la Ley de Acompañamiento aprobada ayer, se podrán presentar las licitaciones para los concursos de Sanidad.

Estas y otras medidas aprobadas ayer, como la batería de iniciativas fiscales y administrativas que son un “traje a medida para Eurovegas”, según toda la oposición, aterrizaron en Madrid precisamente un mes después de que Esperanza Aguirre anunciase repentinamente su dimisión. Ese día, el 17 de septiembre, Aguirre alegó razones personales para abandonar la primera línea de la batalla política. Se llegó incluso a hablar de que el cáncer que padeció hace un año la hizo replantearse su vida. Sin embargo, además del tinte personal que vendió Aguirre, todos los que en el PP la conocen bien siempre pensaron que detrás había un criterio político. Anunciar los presupuestos para 2013, los más austeros desde que el PP gobierna en la Comunidad, podría haber sido una razón más para que la baronesa pensase en que una retirada a tiempo sería una victoria segura.

En un pleno atípico en el que el presidente de la Asamblea regional, José Ignacio Echevarría, vetó la entrada de público, el sucesor de Aguirre en Madrid contraatacó con los 1.748 millones de euros en pérdidas que han ocasionado las manifestaciones, paros y huelgas que afectan a sectores tan diversos como la sanidad, el metro o los trabajadores de Telemadrid, la cadena autonómica de la que González va a despedir a casi el 80% de la plantilla. Según el Gobierno regional, equivale al 0,5% del PIB.

La oposición en bloque se ha unido en contra de la batería de medidas que el PP va a poner en marcha a partir del 1 de enero. “Esto no es una ley. Es un escándalo para la sanidad pública que ya veíamos venir”, criticaba el socialista Antonio Carmona. “Ha planteado de una manera imprudente e irreflexiva la privatización. Ha causado un gran malestar. Lasquetty es un obstáculo en este conflicto”, añadía Luis de Velasco, el portavoz de UPyD. “”Protegen a los ricos para que no sufran el menor agobio de la crisis. Esta ley está hecha al dictado de un propietario de casinos y regala la sanidad pública a Capio”, criticaba Libertad Martínez (Izquierda Unida).

La Ley de Acompañamiento, conocida como ley escoba, también cumple con todos los requisitos que Sheldon Adelson pide para desarrollar su proyecto de Eurovegas en Madrid. Hace justo dos semanas, el magnate estadounidense pasó una mañana en Madrid en una visita relámpago desde Israel para corregir “algún error” en el “traje legal y fiscal” que la oposición asegura que el Gobierno autonómico le está confeccionando a medida.

Cláusulas para que Adelson no se retrase

En la reunión que el equipo más cercano de Adelson mantuvo ayer en la Real Casa de Correos con González y su número dos, Salvador Victoria, se discutió, sobre todo, acerca de la naturaleza que van a recibir los Centros Integrados de Desarrollo, la nueva figura que ha creado la Comunidad para definir a Eurovegas y sus posibles versiones, incluyéndola entre los Proyectos de Alcance Regional, que hasta ahora afectaban a infraestructuras, hospitales o vivienda protegida. Pese a que finalmente la ley ha sido confeccionada para que Adelson anuncie en las próximas semanas cuál es el destino elegido para levantar Eurovegas, la Comunidad también incluye una serie de cláusulas por si el estadounidense no cumple su palabra.   

El Gobierno estableció ayer como “causas de caducidad de autorización” de los CID el “incumplimiento” de los pasos de inicio de la ejecución de los proyectos previstos. Aviso para Adelson, que se comprometió a comenzar las obras de su macroproyecto antes de diciembre de 2013.