El Gobierno se toma otros ocho meses para reducir un Estado “insostenible”

El Gobierno se ha fijado como principal objetivo político para la legislatura la reforma de las Administraciones, pero la tarea parece tan ingente después de 30 años de desordenado e incesante crecimiento de las mismas que para empezar necesita levantar un mapa del entramado de las instituciones y sus competencias. El Ejecutivo tiene claro que “el sistema no es sostenible” y que “la cuestión es hacerlo viable”, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero se mueve en varios frentes. Mantiene paralizado desde hace tres meses el proyecto del Ministerio de Hacienda para que las Diputaciones asuman los servicios de los municipios más pequeños y crea ahora un “grupo de trabajo” para buscar el acuerdo con Autonomías y Ayuntamientos para un nuevo reparto de competencias el próximo verano.

No es una comisión porque la palabra recuerda la frase de Napoleón (“Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”) y ya Mariano Rajoy lo anunció como ‘grupo de trabajo’, pero el Gobierno enmienda el guión para adelgazar el Estado. Primero aprobó la ley de estabilidad presupuestaria para prohibir el déficit en todos los ámbitos de la Administración del Estado y en todos sus niveles: central, autonómico y local. Luego Rajoy buscó el diálogo con Alfredo Pérez Rubalcaba para la reforma general de la Administración, único preacuerdo entre ambos, que fue roto en junio por el PSOE.

Después de que los socialistas cerraran las conversaciones para acabar con las duplicidades en la prestación de servicios y las competencias solapadas entre las tres administraciones, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas preparó un proyecto de ley para acometer los cambios más urgentes con el fin de empezar a ahorrar cuanto antes. Además de reducir a la mitad el número de concejales en toda España, proponía que las Diputaciones se hicieran cargo y agruparan la prestación de los servicios en los Ayuntamientos más pequeños.

Se trataba de ahorrar gasto y personal en los municipios con menos ingresos. Los alcaldes frenaron la iniciativa antes de que llegara al Consejo de Ministros y se abrió una negociación a través de la Federación Española de Municipios, con mayoría del PP, que sigue sin llegar a ningún resultado.

Rajoy retomó el asunto en la reunión con los presidentes de Comunidades autónomas celebrada en el Senado el pasado 2 de octubre, de donde salió el compromiso de abordar una reforma de las Administraciones que todos sus responsables consideran urgente e imprescindible, pero sin que afecte demasiado a sus actuales competencias. Para desarrollar ese acuerdo el Consejo de Ministro acordó ayer crear una comisión específica con representantes de todos los ministerios que ‘audite’ toda la Administración. Queda adscrita al Ministerio de Hacienda (Cristóbal Montoro) a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, pero estará presidida por el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, con lo que también queda tutelada por Soraya Sáenz de Santamaría.

La propia vicepresidenta del Gobierno reconoce que poner de acuerdo a todas las partes implicadas para acometer esa “reforma integral de la Administración” equivale a hacer “encaje de bolillos”. Al mismo tiempo destacó el dato de que el Estado español lleva tres décadas años en permanente crecimiento institucional, que ha sido muy fácil crear empresas públicas, fundaciones o agencias desde las Autonomías o los Ayuntamiento que ahora cuesta mucho cerrar aunque no haya fondos para sostenerlas. De momento, el Gobierno se contenta con hacer un mapa de las instituciones ‘clásicas’ más agencias, entes, fundaciones, agencias, corporaciones, consorcios, mancomunidades,  observatorios o empresas públicas que orbitan en torno a gobiernos y ayuntamientos para negociar con ejecutivos regionales y locales un reparto claro de competencias y funciones y “eliminar todo lo superfluo”.

El Gobierno no tiene más posición oficial sobre la reforma que la urgencia en reducir el Estado, porque es económicamente insostenible, para salvar lo imprescindible: la prestación de los servicios básicos al ciudadano. La indefinición de la Constitución en la materia, más las licencias que se han tomado las Autonomías a la hora de dotarse de órganos propios de Estado y el despilfarro generalizado, han contribuido de forma decisiva a llevar al Estado a su actual situación de resultar “inviable”. Pese a ello, el Ejecutivo prefiere acometer cuanto ante la reforma de los efectos más perversos que enfrentarse con un cambio en la Constitución para lo que no tendría ni siquiera posibles aliados dada la actual debilidad del PSOE y la apuesta independentista de los nacionalistas.

Faes, la fundación que preside José María Aznar, tiene varios informes sobre la reforma del Estado de las Autonomías, con ideas de recorte en todos los estamentos, empezando por los municipiosmo, como ya informó El Confidencial. También el Ministerio de Hacienda, cuyo secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, volvió ayer mismo a defender en Barcelona, ante los alcaldes del PP, la conveniencia de reforzar el papel de las Diputaciones, que es en lo que insiste el equipo económico del Gobierno.

“Las Diputaciones deberán asumir su nuevo carácter organizativo, técnico y cultural para desarrollar funciones prestadoras de servicios directos”, dijo Beteta en la Unión Intermunicipal del Partido Popular congregada en la capital catalana y que hoy clausura Mariano Rajoy.