El Gobierno prepara la privatización y subcontrata de servicios no esenciales

Menos reducción salarial y más ajuste (dígase 'redimensionamiento', 'flexibilización' o 'reforma') aplicado a las plantillas de empleado públicos. Con esa premisa el Gobierno empieza a preparar el terreno para recortar de las administraciones en los próximos Presupuestos Generales del Estado. No es lo que sugieren el Fondo Monetario Internacional y los organismos económicos de la UE, partidarios de la inmediata reducción de salarios en el Estado, pero el resultado es el mismo: más ahorro. La economía española en recesión no puede sostener a los 3,1 millones de funcionarios y contratados que suman las tres administraciones (nacional, autonómica y local), más empresas públicas y fundaciones de todo tipo. El Ejecutivo prefiere reducir su número y transferirlos al sector privado antes que aplicar nuevos recortes en sus menguadas nóminas.

Con una reducción media entre el 5 y el 7% aplicada por Zapatero en 2010, más la congelación incluida en los primeros presupuestos de Rajoy y las rebajas aplicadas al mismo tiempo por los distintos gobiernos autonómicos, el Gobierno insiste en que un nuevo recorte salarial para los empleados públicos sería "la última medida" que está dispuesto a tomar. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha reconocido ante la comisión parlamentaria correspondiente que la pérdida de poder adquisitivo del personal al servicio del Estado obliga al Ejecutivo a buscar el ahorro fuera de los salarios.

Como adelantó El Confidencial el pasado domingo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, trabaja ya en los estudios para reducir las plantillas de empleados públicos por la vía de la "no reposición" de plazas de funcionarios, la renuncia a las contrataciones sin oposición, y la supresión de puestos de interinos. Al mismo tiempo, prepara medidas que faciliten las privatizaciones y subcontrataciones de servicios no básicos que prestan las distintas administraciones con el objetivo de lograr un trasvase de personal del sector público al privado.

El Gobierno de Rajoy se ha encontrado al llegar al poder, en números redondos, con 400.000 empleados públicos más que los que tenía el conjunto del Estado cuando el PP perdió las elecciones de 2004. La mayoría de los nuevos funcionarios corresponden a las administraciones autonómica y local y son ajenos a la prestación de los servicios básicos: sanidad, justicia, educación, seguridad y defensa. Aunque en el Ejecutivo se resisten a dar cifras finales de sus planes de recorte de plantillas, en proporción al PIB y a los ingresos que ahora obtiene el Estado, la economía española difícilmente puede sostener más funcionarios que en los tiempos de bonanza de hace 8 años.

Beteta se centró ayer en las cifras de la última década. Entre 2001 y 2011 el número de empleados públicos se redujo en la administración central un 22 por ciento (-164.000 funcionarios), mientras que en la autonómica subía en un 44% (409.000) y en la local otro 39% (181.000). El único dato positivo es que desde el verano pasado hasta la fecha la cifra total de empleados públicos ha bajado en 159.143 personas. El balance general del secretario de Estado es que resulta evidente que "en algo nos hemos equivocado" porque, a su juicio, semejante número de funcionarios no se corresponde con el aumento de la población ni con la prestación de servicios a los ciudadanos.

Antonio Beteta anunció que ante la grave situación de le economía española ha llegado "la hora de rectificar" en el ámbito de las plantillas de las administraciones públicas y que el Gobierno lo hará "con vigor pero sin estridencias". No obstante, ante la oposición en bloque que negó la mayor (el sobredimensionamiento en el número de funcionarios), rehuyó la palabra recorte de plantillas. Prefirió insistir en el término 'flexibilidad' y en el concepto de las necesarias reformas internas para facilitar los movimientos dentro de la administración con el fin de paliar el problema del alto coste salarial en el conjunto de los empleados públicos. El secretario de Estado puso el ejemplo de la última medida impulsada en la Administración central: no se han bajado los sueldos pero se aumenta la jornada laboral.

En el caso de las duplicidades de competencias y funciones entre las administraciones, Beteta reiteró que los servicios de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes (un tercio de la población española) pasarán a ser prestados por las Diputaciones. Es uno de los acuerdos alcanzados entre PP y PSOE para la reforma de la administración en marcha.