El PSOE exige 1.250 millones más para las Autonomías en pleno debate sobre su gasto

El PSOE empieza a poner cifras a su desmarque del pacto y la ley sobre la estabilidad presupuestaria con enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en beneficio de las Autonomías. Los socialistas han llevado al Congreso la reclamación de las llamadas "inversiones estatutarias" por un total de 1.250 millones de euros. Son un primer pago a cuenta de los estatutos "de nueva generación" impulsados en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero que incluían cláusula de reserva de fondos en las cuentas del Estado para algunas regiones. Sólo en el caso de Andalucía, el Grupo Socialista reclama 497 millones de euros.

Puestos a hacer oposición total y en contra de los planes de reorganización del Estado y de control del despilfarro autonómico del Gobierno, el PSOE lleva al Congreso los principios nacionalistas sobre la prevalencia de los estatutos de autonomía frente a la soberanía de la Cortes en materia presupuestaria. El nuevo estatut de Cataluña señaló el camino y otros gobiernos regionales, como el andaluz, el extremeño o el balear, en las anteriores legislaturas con mayoría socialistas, incluyeron en su legislación el principio de que "el Estado" les adeudaba unos fondos que tenían que traducirse en inversiones vía Presupuestos Generales.

El Grupo Parlamentario Socialista traslada ahora esas exigencias en el trámite parlamentario de las cuentas del Estado frente a la obsesión del Gobierno por cumplir con el objetivo de déficit público. Bajo la fórmula de "crédito para inversiones estatutarias con destino a Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Illes Balears y Extremadura", el PSOE reclama esos 1.250 millones de euros, financiados "con una baja en el Fondo de Contingencia".

Los diputados de la oposición han presentado estos días en sus provincias de origen, básicamente las andaluzas, las correspondientes enmiendas como una deuda que "el Estado" tiene en materia de inversiones en infraestructuras (carreteras, reordenación urbanística o arreglo de playas). Se refieren a proyectos muy concretos y con partidas tasadas según fijan los estatutos de autonomía. El monto mayor es para Andalucía, con 497 millones de euros, y le sigue Extremadura (otros 300 millones) y Baleares (250 millones). En los dos primeros casos se apela al concepto de "deuda histórica".

El PSOE, igual que hacen los nacionalistas catalanes, obvia la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatut y su disposición adicional tercera por el que se pretendía obligar al Gobierno de turno a destinar un porcentaje de inversión a Cataluña y que Zapatero no cumplió, igual que hace ahora Rajoy. El TC sentenció en junio de 2010 que las Cortes no quedan vinculadas a este tipo de disposiciones "en el ejercicio de sus funciones de enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".

El Tribunal Constitucional remachó que es al Estado "a quien corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las Comunidades autónomas, a las necesidades de cada una de éstas y a las posibilidades reales del sistema financiero del Estado, decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución".

Pese a la sentencia del TC, CiU reclama a la Administración central una deuda por inversiones no incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios de 2008 y 2009 por un importe total de 978 millones de euros. Para apoyar al Gobierno de Rajoy en el actual trámite de las cuentas del Estado, los nacionalistas catalanes exigían un mínimo de 219 millones de euros extras, pero el Ejecutivo no ha cedido y ve limitado el respaldo al proyecto a los votos de la mayoría absoluta de que le dan sus 184 diputados. Las enmiendas del PSOE a favor de las "inversiones estatutarias" contarán con el apoyo de los nacionalistas y el resto de la  izquierda y el PP se volverá a quedar solo en el rechazo.