El Gobierno exhibe el músculo de su mayoría para sacar adelante su programa lo antes posible

El Gobierno ha dejado claro en las primeras comparecencias de los ministros ante el Congreso que aplicará su amplia mayoría parlamentaria para sacar adelante las reformas legislativas prometidas en su programa electoral y "reconstitucionalizar" el Estado. Y lo hará se sume o no el PSOE a la oferta de pacto y diálogo. Tampoco se quedará sólo: UPyD apoya las leyes de fortalecimiento de la Administración del Estado y de regeneración democrática para apuntalar la división de poderes (reforma del TC y del CGPJ) y buena parte de CiU respalda, por ejemplo, la reforma de la ley del aborto.

"Cumpliré el mandato que hemos recibido de los españoles", respondió ayer el ministro de  Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ante la indignación del portavoz socialista en la materia, Julio Villarubia, por el hecho de que el Gobierno se proponga recuperar el modelo constitucional original de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. "No lo vamos a consentir", llegó a decir el diputado del PSOE pese a que su grupo suma menos de un tercio de los parlamentarios de la Cámara.

Es el primer choque entre Ejecutivo y oposición socialista, pero lo es con un reparto de fuerzas muy desigual. El PSOE tiene ahora las mismas fuerzas parlamentarias que la Alianza Popular de Manuel Fraga en los años 80 -110 diputados- frente a un mínimo de 192 que puede agrupar el PP, junto con UPyD (5) más el diputado de Foro Asturias, en todas las reformas que tienen como fin fortalecer el marco constitucional.

Ruiz-Gallardón sólo tuvo que leer el artículo 122.3 de la Constitución para defender su proyecto de devolver a magistrados y juristas la capacidad de decidir directamente, sin cuotas de adscripción partidista, a 12 de los miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces arrastra una crisis de credibilidad desde 1986, cuando Felipe González cambió el sistema para que la elección corriera a cargo de los partidos, y el CGPJ se convirtió en una especie de réplica del parlamento, con su bloque "progresista" y "conservador" y hasta sus vocales nacionalistas o independentistas catalanes.

El Gobierno de Rajoy quiere dedicar la primera parte de la legislatura que empieza a promover el regreso a los orígenes constitucionales de la norma de elección para avanzar en la independencia de la Justicia. El ministro dio la razón a Villarubia en que su propuesta era una "contrarreforma". "En efecto, lo es y para recuperar el modelo original", replicó. Con la misma mayoría que Felipe González trasvasó a los grupos parlamentarios el control directo de los nombramientos en el CGPJ Mariano Rajoy se propone devolver la tutela sobre esos 12 vocales a jueces y magistrados.

Ruiz-Gallardón añadió: "Entiendo el rechazo pero me sorprende que le sorprenda una iniciativa que está en el programa electoral bien clara; para mí, el programa es un contrato con los ciudadanos". El titular de Justicia remachó con el aviso de que los miembros del Gobierno del PP "no hemos venido a estar sino a hacer y tenemos para ello el respaldo de los españoles".

Las reformas enunciadas por el Ejecutivo que no conllevan gasto alguno, como es el caso de las incluidas en Justicia y Presidencia, se van a llevar a cabo, con todo el diálogo previo que sea necesario con los grupos de la oposición, pero sin cesiones en lo fundamental, ni retrasos, según aseguran en fuentes del Grupo Popular. No hay problemas  de mayorías en los casos de leyes orgánicas como la del Poder Judicial, el Código Penal o la normativa sobre el aborto. El PP cuenta con 10 diputados más de los 176 necesarios.

En el Congreso, los socialistas tienen menos escaños que nunca y, además, hay un nuevo grupo de izquierda que se proclama constitucionalista y de ámbito nacional como es la UPyD de Rosa Díez, que se muestra partidario de las mismas medidas de "reconstitucionalización" que el PP, e incluso pide ir más allá para fortalecer el Estado. Es el caso de la elección de miembros del CGPJ o de dar más independencia al TC.

El Partido Popular ya contaba con que los socialistas se iban a atrincherar en el actual modelo de CGPJ. Es para los socialistas un reducto de poder después del fracaso en las urnas de los comicios autonómicos y generales y si pierden la capacidad de promocionar a los jueces "progresistas", minoritarios en la carrera, también pierden capacidad de influir en el poder judicial.

CiU, a favor de la reforma del aborto

En el caso del aborto la mayoría de los diputados de CiU, tercera fuerza de la Cámara con 16 diputados, ya se pronunció la pasada legislatura en contra de la reforma socialista que llegó a liberalizar el aborto hasta el extremo de que las menores puedan prescindir para someterse a la intervención correspondiente sin conocimiento de los padres.

El Gobierno también quiere recuperar en esta materia la doctrina del Tribunal Constitucional de la primera reforma, también de la etapa de Felipe González, donde quedaba claro la obligación de tener en cuenta los derechos del no nacido. Zapatero impuso la tesis contraria, el concepto del aborto como derecho de la mujer.

Por los primeros pasos de la legislatura, el Grupo Popular se puede aplicar a beneficiarse de la misma fórmula de apoyos de "geometría variable" que empleó Zapatero para mantenerse en el poder. Pero Rajoy, en vez de formar mayorías cada vez que tenía que aprobar algo, sólo tendrá que adornar la mayoría absoluta cuando le interese y con quien le cuadre: programas económicos o de libertades individuales con CiU y constitucionales con UPyD.