La Fiscalía investiga los informes concedidos ‘a dedo’ por la Generalitat

“Elaboración de 10 argumentos para el fomento de los juguetes no sexistas”. Éste es el título de uno de los informes encargados por la Generalitat de Cataluña y por el que se han pagado 11.948 euros a la empresa GPF. El encargo partió del Institut Català de la Dona, que controla la consejería de Acción Social y Ciudadanía, de la republicana Carme Capdevila. Del gabinete de esta consejera también salió la adjudicación a la empresa A Portada Comunicació SL de 30.000 euros por la “confección de un protocolo de actuaciones de previsión de situaciones de crisis”. Se da la circunstancia de que hasta los 12.000 euros, las adjudicaciones son directas, es decir, la Generalitat puede encargar a quien quiera el trabajo. De 12.000 a 30.000 euros, han de presentarse tres ofertas y justificar por qué se escoge una (procedimiento negociado). A partir de 30.000 euros, ya no vale el procedimiento negociado y la adjudicación ha de ir a concurso público y ser publicada en el diario oficial.

 

Acción Social también encargó a la fundación Koine-Aequalitas dos trabajos: uno tuvo como objeto el “soporte de la definición de la Red Sirius”, por el que recibió 11.948 euros; el otro fue un estudio sobre “impacto de la legislación: programa de acción por la igualdad de oportunidades y la no discriminación del ICASS”. El ICASS es el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, que depende de este departamento.

 

Más suerte tuvo la empresa  Alter Civites, que recibió del ICASS 29.329 euros por la “consultoría para llevar a cabo el soporte técnico para la evaluación del impacto económico y presupuestario en la aplicación de la cartera de servicios sociales”. Del gabinete de la consejera, sin embargo, esta compañía también recibió 27.840 euros por la “consultoría y asistencia técnica para la asistencia (sic) y secretaría técnica para planificar el futuro de los servicios especializados de los EAIA’s y en nuevo modelo de coordinación en el territorio”. El EAIA es el Equipo y centros de Asistencia a la Infancia y la Adolescencia. Capdevila también dedicó a Partal, Maresma & Associats SL 11.982,80 euros por un “estudio y propuesta de desarrollo de un chat de la línea 900”. Esta empresa se vio beneficiada con adjudicaciones de diversas consejerías.

 

Un detective detrás de la avellana

 

El consejero de Agricultura, el socialista Joaquim Llena, encargó también a la agencia Método 3 el “estudio socioeconómico de explotaciones de avellanas” por 30.000 euros. Esta agencia, que se vio envuelta en algunos escándalos en el pasado, tomó las riendas de la investigación de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en Portugal en la primavera del 2007. El modo de dirigir las pesquisas provocó incluso algunas fricciones entre los profesionales de la casa, ya que su director, Francisco Marco, diseñó una estrategia de comunicación que le hizo perder credibilidad en medios profesionales.

 

La compañía Ecoproges fue otra de las beneficiadas por Agricultura, ya que por un “estudio de la concha brillante” se embolsó 27.956 euros. Algunos de los servicios prestados en este departamento no dejan de sorprender: Riet Vell SA, por ejemplo, recibió 11.965,01 euros por un “estudio, factores y manejo del cultivo de la chufa”; Agronova, recibió 11.948 euros por el “seguimiento, recogida de datos e informe sobre la mosca de la fruta”.

 

En el departamento de Cultura, a cuyo frente está el republicano Joan Manuel Treserras, hay varios informes que rayan los 12.000 euros encargados a personas físicas. Uno de estos informes es un “estudio sobre incentivos fiscales en Canadá para financiar la cultura” (por el que se pagaron 11.785 euros), realizado por la misma persona que también tuvo otras adjudicaciones menores. Otros estudios fueron encargados a empresas: FSI Formació i Sistemes Informàtics recibió 11.931 euros por la “georeferenciación de los equipamientos culturales”; Mcrit percibió 11.959,6 euros por el soporte a la redacción del Plan de Equipamientos Culturales de Cataluña; LTC Project se adjudicó también un estudio  sobre “investigación, cultura y medios de comunicación” por 11.948 euros; y La Factoria d’Imatges se hizo con 11.994,40 euros por un estudio de “juegos on line sobre el mundo casteller”.

 

La casita recortable

 

El departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, mientras fue dirigido por Joan Puigcercós, adjudicó a Partal, Maresma & Associats la “definición y desarrollo de la web en casos de éxito del plan pimestic” por 11.583 euros. Curiosamente, otra partida exactamente del mismo monto económico le fue también adjudicada a la misma compañía. Su lema era también casi idéntico: “Plan pimestic: definición y desarrollo de web con casos de éxito”. La empresa Cenespro también recibió 11.368 euros por el diseño de un parchís y un puzzle “de la casita de cartón recortable”. Fihoca, por su parte, recibió 11.230,22 euros por “consultoría de interoperabilidad”; 29.845 euros por “la elaboración de un estudio para analizar y mejorar el procedimiento de gestión del Fondo de Acción Social para el personal de la administración y servicios de la Generalitat”; y 3.680 euros por el “apoyo al equipo del proyecto de análisis y mejora de procesos de la DGAL”. Trotemi, por su parte, fue agraciada con la adjudicación de un “estudio para la implementación y diseño de una Diada del civismo a realizar en diferentes demarcaciones territoriales de Cataluña”, por el que cobró 11.832 euros. Puigcercós también fue generoso con la sociedad La Factoria d’Imatges, que también trabajó para el departamento de Cultura: le adjudicó la confección de “tres juegos para móviles en catalán” por 6.858 euros.

 

En la consejería de Interior, el ecosocialista Joan Saura se gastó 11.716 euros en la “implantación del sistema de gestión ambiental según el reglamento EMAS”, adjudicado a la empresa Prysma. El secetario general de la consejería, Joan Boada, también encargó a Proman Consulting el “proyecto de desarrollo de las líneas prioritarias del Departamento y de su equipo directivo” por 11.901,60 euros. Esta misma unidad encargó a Lavola, una sociedad de servicios medioambientales con fuertes vínculos con ICV, la “planificación, organización y evaluación económica de las acciones resultantes de la diagnosis estratégica ambiental”. Por ello, pagó 5.220 euros. Para la “elaboración de un diagnóstico organizativo previo a la implantación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en el proceso de detención”, Interior pagó a LKS, cooperativa asociada a Mondragón, 11.948 euros. Hace escasos meses, adjudicó definitivamente por 144.000 euros la implantación de esta norma a la misma compañía, como ya publicó El Confidencial.

 

El Departamento que dirige Saura también adjudicó a Altran DSD el estudio sobre “evolución de los accidentes con motocicleta” por 11.873,70 euros; La sociedad Consulting Formaplan recibió, por su lado, 11.950 euros por un “estudio técnico sobre rotondas” y Gabise recibió 29.500 euros por la “estrategia muestral para definir la tasa de alcoholemia media de los conductores de la red viaria catalana”. En el umbral de los 30.000 euros se encuentran también los estudios “Exposición al riesgo en la red viaria catalana (adjudicado a Intra por 29.990 euros), “Definición de las características de los tramos de la red viaria en relación a su peligrosidad” (adjudicado a Centre Internacional Metodes en l’Enginyeria por 29.500 euros), “Análisis del modelo organizativo actual de los Servicios Territoriales del Juego y de Espectáculos y proyecto de mejora de los citados servicios” (adjudicado a Alfa Consulting Worlwide por 29.348 euros) y “Estudio para la creación de un Observatorio del Juego” (adjudicado a Fundación Esade por 29.999,92 euros).

 

Encargos masivos

 

Respecto al departamento de Política Territorial y Obras Públicas que dirige el socialista Joaquim Nadal, la empresa Mcrit -también beneficiada por Cultura- recibió varios encargos  por 29.723, 29.500, 12.000, 29.710 y 27.376 euros. Lavola, que además de haber obtenido encargos de Interior también trabaja a menudo con el Ayuntamiento de Barcelona, obtuvo de Política Territorial 8.875,16 euros por “adecuación de la asistencia técnica en la revisión del plan director territorial de la Garrotxa (comarca gerundense) al nuevo marco legal de evaluación ambiental urbanística” y 7.250 euros por el “diagnóstico-auditoría energética y de agua en los edificios de los servicios territoriales de Barcelona y de Tarragona”.

 

El Departamento de Salud, pilotado por la socialista Marina Geli, otro de los que está bajo la lupa de la Fiscalía, encargó un “estudio sobre el estado de la salud y género de las personas mayores que se atienden a domicilio” por 25.042,90 euros. El estudio fue realizado por Clever Instruments. La compañía Oblikue Consulting también recibió 11.948 euros por un “estudio sobre la metodología de distribución del presupuesto del CatSalut por niveles de agregación” y otros 11.948 euros por el “estudio sobre el análisis de la productividad del sistema sanitario en Cataluña”. Antares Consulting recibió, por su parte, 29.000 euros por el “diseño y acompañamiento en la implantación territorial de los planes directores”. Esta misma sociedad se embolsó otros 29.116 euros por “servicios profesionales externos para la realización de un estudio sobre los procesos relacionados con las funciones del CatSalut”.

 

Al margen de los consejeros anteriores, la oposición quiere que se investigue también el dinero concedido en estudios y subvenciones del vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira. El Partido Popular ya pidió explicaciones en el Parlamento autonómico, pero sólo contó con el apoyo de Ciutadans. Los demás grupos parlamentarios, incluida CiU, votaron en contra de crear una comisión de investigación y de que el tema se discutiese en este foro.

 

Lo máximo que pudieron conseguir es que Joan Saura entregase a la Mesa del Parlamento, en marzo pasado, una relación de 1.583 estudios e informes adjudicados por la Generalitat los seis últimos meses del 2007. Con ellos, el sindicato Manos Limpias se presentó en la fiscalía, que ahora quiere despejar dudas y saber si todos se corresponden con las necesidades de la Administración autonómica.