Sólo el 1% de los 100.000 inmigrantes en paro se apunta al retorno voluntario del Gobierno

La realidad parece empeñada en ensombrecer la gestión del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Dos meses después de ponerse en marcha una de sus medidas más polémicas, el plan de retorno voluntario para inmigrantes en paro, las cifras apuntan a que la iniciativa se cerrará con escaso éxito. Sólo el 1% de los inmigrantes que podrían acogerse al plan ha decidido hacerlo. En concreto, según reveló Corbacho ayer en Onda Cero, apenas 1.400 de los más de 100.000 extranjeros desempleados con derecho a participar de las ayudas han solicitado regresar a su país.

 

El plan de retorno voluntario, que entró en vigor el 11 de noviembre de 2008, prevé que los inmigrantes en paro  puedan regresar a sus lugares de origen cobrando por anticipado toda su prestación por desempleo. La medida afecta a los extranjeros no comunitarios procedentes de países que mantienen acuerdos con España en materia de seguridad social, como Ecuador, Marruecos, Perú, Argentina, Venezuela y otras quince naciones más.  

Corbacho matizó que cuando el plan se comenzó a aplicar, el número de parados que podría sumarse a él estaba por encima de las 80.000 personas, y que la previsión del Gobierno era que entre el 10 y el 15% decidiera regresar a su país. No obstante, transcurridos dos meses, el ministro de Trabajo admitió que la cantidad de parados extranjeros supera ya los 100.000, y que sólo el 1% se ha aceptado el plan gubernamental. En el primer mes de vigencia, fueron 767 los inmigrantes que se acogieron al plan. De ellos, 318 eran ecuatorianos; 129, colombianos; y 105, argentinos.

Las asociaciones de inmigrantes alertaron desde el comienzo al Gobierno de las pocas posibilidades de éxito del plan, pero Corbacho siguió adelante con el proyecto sin consensuarlo con estos colectivos. Juan Carlos Rois, portavoz de Asociación América-España Solidaridad y Cooperación (AESCO), explicó a este diario cómo la mayoría de inmigrantes que se acercan hasta su organización interesados en el plan de retorno, lo rechazan al conocer las condiciones. De acuerdo con Rois, el incentivo económico de cobrar el paro de forma anticipada no es suficiente para renunciar a regresar a España durante tres años, una de las condiciones del plan, ya que de media un inmigrante recibiría 9.000 euros. Y, aquellos que llevan más años residiendo en España, según Rois, están demasiado arraigados como para emprender otra migración.

Extranjeros sin prestaciones

Otro de los problemas fundamentales del plan parece ser el amplio espectro de extranjeros que, pese a estar dispuestos a volver, no cumplen los requisitos que exige el plan de retorno del Gobierno. Además del número de trabajadores que no han podido regularizar su situación, que podría superar el millón, Rois citó como ejemplo las personas que han desempeñado labores domésticas y los autónomos. Estos trabajadores no tienen derecho a paro, por lo que tampoco pueden disfrutar del incentivo económico del plan.

Pero las dificultades no se limitan a la hora de salir de España, sino a la realidad que los inmigrantes encuentran al regresar a su país. En este sentido, el portavoz de AESCO se refirió a la carencia de acuerdos entre España y estos países para fomentar la obtención de avales y créditos que permitan a los retornados establecerse o abrir un negocio. Por ello, Rois puntualizó que aquellos que solicitan las ayudas para regresar son los que tenían pensado hacerlo de todos modos. No obstante, las asociaciones de inmigrantes esperan que una vez se cumplan seis meses de la entrada del plan, el Gobierno escuche sus propuestas de mejora a través del Foro Estatal para la Integración Social de los Inmigrantes.