Los bancos 'buenos' pagarán para salvar los depósitos de los 'malos'

La nueva directiva de resolución bancaria europea, aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno esta semana, tiene mucho más calado del que parece a primera vista. El nuevo fondo de resolución que tendrán que dotar las entidades sanas -y que les supondrá unos 4.500 millones en España- será el encargado de todos los rescates bancarios a partir de ahora y tendrá que poner el dinero necesario una vez que asuman pérdidas los accionistas y preferentistas, para salvaguardar a los bonistas y a los depositantes de más de 100.000 euros de las entidades insolventes (los de menos de esa cantidad están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos). Si para ello es necesaria la intervención del Estado (FROB) o de Europa (MEDE), ésta se hará mediante un préstamo a dicho fondo que los bancos sanos deberán devolver, no mediante inyecciones directas de capital como hasta ahora.

La fórmula de funcionamiento del nuevo sistema de rescate de bancos es bastante complicada; de hecho, distintas fuentes de Economía se contradicen a la hora de explicarla. Inicialmente, los accionistas deberán asumir pérdidas de un 8% de los pasivos de la entidad; en principio, con el capital con el que cuentan ahora las entidades españolas sería suficiente para alcanzar este porcentaje; si no, deberían asumirla los titulares de deuda subordinada, preferentes y otra deuda junior. Una vez cubierto ese 8%, tendrían que asumir pérdidas los tenedores de deuda senior y los depósitos de más de 100.000 euros, ya que España no ha conseguido salvarlos como era su intención.

Pero España y otros países que han apoyado su postura -como Francia y Reino Unido- han arrancado a Alemania una medida de flexibilidad: si quieren evitar esas pérdidas, el fondo de resolución, el FROB y el MEDE podrán hacerse cargo de un 5% adicional de los pasivos. Sin embargo, esto no es exactamente así: ese porcentaje lo cubrirá íntegramente el fondo de resolución, y tanto el fondo público nacional como el europeo podrán prestarle dinero si no tiene suficiente con sus recursos. Es decir, se tratará de un préstamo que deberán devolver los bancos sanos, se supone que con intereses.

Este sistema tiene dos grandes implicaciones. La primera es que los bancos sanos no sólo tendrán que poner los 4.500 millones citados (el 0,8% de los depósitos del sistema), sino que, en caso de necesidad, tendrán que endeudarse para hacer frente a los futuros rescates. Porque el Gobierno español actual está totalmente decidido a utilizar esta fórmula para que los depósitos y los bonos no sufran pérdidas. La segunda es que se han acabado las inyecciones directas de capital público en los bancos, la fórmula utilizada masivamente en la crisis financiera española, sino que éstas se canalizarán a través de préstamos al fondo de resolución.

Hasta 2018, todo sigue como ahora

En todo caso, este nuevo esquema no entrará en vigor hasta 2018. Hasta entonces, se aplicará el sistema actual acordado en el MoU (Memorándum de Entendimiento) con la UE, que se extenderá a los demás países. Es decir, asumirán pérdidas los accionistas, las preferentes y la subordinada, y a partir de ahí habrá capital público nacional o europeo, mientras que la deuda senior y todos los depósitos quedarán salvaguardados. En ese período transitorio, los bancos tendrán que ir dotando el nuevo fondo de resolución a razón de un 0,2% de los depósitos anual a partir de 2015. A eso hay que añadir un Fondo de Garantía de Depósitos adicional -aunque puede fusionarse con el de resolución- de otro 0,5% de los depósitos, con lo que la cobertura total se situara en el 1,3%. Nuestro FGD actual tendrá patrimonio negativo cuando compre las preferentes de CatalunyaBanc y NovaGalicia el próximo 19 de julio.

Hasta 2018 asumirán pérdidas los accionistas, las preferentes y la subordinada, y a partir de ahí habrá capital público nacional o europeo, mientras que la deuda senior y todos los depósitos quedarán salvaguardadosTampoco está claro todavía si el fondo de resolución será nacional, como se ha establecido en principio a instancias de Alemania, o será único en el nivel europeo como pretende Bruselas. Lo mismo ocurre con el FGD, que debería ser único para la UE pero que, de momento, va a seguir siendo nacional. La Comisión Europea presentará en las próximas semanas una propuesta de reglamento en el que deben aclararse estos extremos, así como cuál será la nueva autoridad europea de resolución: la EBA, la propia Comisión, el BCE, una institución nueva, un organismo intergubernamental...

No se quita el estigma de la nacionalidad a los bancos

Precisamente, esta preferencia por los rescates nacionales es lo que echa por tierra la supuesta gran virtud de la Unión Bancaria: la ruptura del nexo entre riesgo soberano y riesgo bancario, es decir, que los bancos se vean penalizados por pertenecer a un Estado poco solvente (como España) aunque individualmente sean muy sólidos. Si hay un mecanismo de rescate europeo, se rompe esa idea de que "este banco es peligroso porque su país no tiene dinero para rescatarlo". Nuestras grandes entidades -Santander y BBVA- se han quejado en numerosas ocasiones del estigma que tienen que soportar por ser españoles.

Sin embargo, la agencia de calificación Fitch considera que "la propuesta del Consejo Europeo de mantener la protección de los depósitos y los fondos de resolución en el nivel nacional no contribuye a debilitar el nexo entre el rating de los bancos y de los países. El acuerdo exige la creación de fondos de resolución nacionales que deben ser prefinanciados en vez de establecer un Fondo Europeo de Resolución como el anunciado por el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, en diciembre". Asimismo, critica la "modesta" dotación del MEDE para la recapitalización directa de los bancos, fijada en 60.000 millones.

Esta recapitalización directa llegaría después de que se consuma el 8% de los pasivos asumido por los accionistas y el 5% adicional del fondo de resolución nacional (o de los depósitos y bonos en los países que no quieran protegerlos, al contrario que España). Podría alcanzar otro 5% pero sólo se utilizará en casos excepcionales y requerirá una aprobación especial. A este respecto, el acuerdo del Eurogrupo de la semana pasada deja abierta la puerta a que esa recapitalización sea retroactiva -es decir, que los 41.000 millones inyectados a la banca española corran a cargo del MEDE directamente en vez de que tenga que devolverlos el Estado-, pero también debe ser aprobada caso por caso.