El Gobierno aprueba los Presupuestos 2013 con la vista puesta en el rescate

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 ve hoy la luz. Pero nada indica que el texto que salga del Consejo de Ministros sea finalmente el que apruebe el parlamento antes de que finalice el año.

¿La causa? El rescate de la economía española. Si finalmente el Gobierno pide la asistencia financiera -como todo parece indicar tras el repunte de la prima de riesgo-, el Ejecutivo se verá obligado a introducir nuevos ajustes durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

No es que la ‘troika’ (UE, FMI y BCE) vayan a imponer nuevas condiciones extrapresupuestarias a España, sino que lo que pretende Bruselas es tener garantías de que España cumplirá sus compromisos de déficit: un 6,3% este año y un 4,5% el próximo. Y hoy por hoy, tras la ejecución presupuestaria hasta agosto, no las tiene todas consigo. De ahí que el nuevo Memorando que suscriba España -tras aprobarse la línea de crédito- será mucho más preciso a la hora de imponer políticas de ajuste.

Lo que dice el proyecto de ley de presupuestos es que el límite de gasto del Estado para 2013 se sitúa en 126.792 millones de euros, cifra que generará un déficit equivalente al 3,8% del PIB, a lo que hay que añadir siete décimas de las comunidades autónomas. El ajuste vendrá por una doble vía. Desde el lado de los ingresos, la presión fiscal subirá hasta el 36,7% del PIB (medio punto porcentual más), mientras que desde el lado de los gastos, bajará hasta el 41,3% del PIB, lo que supone una reducción de 1,2 puntos de Producto Interior Bruto.

Autoridad fiscal independiente

Entre las exigencias que ha hecho Bruselas a España se encuentra la creación de una autoridad fiscal independiente destinada a controlar la evolución de los presupuestos, pero sin que pueda abordar la fiscalización de las partidas, tarea que seguirá haciendo la Intervención General del Estado. Esta autoridad -que aprobará hoy el Consejo de Ministros- se articulará a través de un Consejo Fiscal -no será un órgano unipersonal- que vigilará no sólo las cuentas de las Administración central, sino también de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Las líneas maestras del presupuesto de 2013 y 2014 las remitió España a la Unión Europea (UE) hace unas semanas, y supone alargar el ajuste duro de la economía durante los dos próximos años. Las únicas partidas que seguirán creciendo son el gasto en pensiones (subida de un 1% en 2013) y los gastos financieros, hasta el entorno de los 38.000 millones de euros (3,8% del PIB), con lo que el servicio de la deuda se consolida como la primera partida de gasto. También crecen las aportaciones del Estado a la Seguridad Social.

La ministra de Empleo, Fátima Bañez, ya ha anunciado que la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social de completará en 2013 gracias a una aportación “récord” por parte del Estado.

La separación de las fuentes de financiación es un objetivo que recoge el Pacto de Toledo desde su primera formulación en 1995 y así quedó establecido en la Ley General de la Seguridad Social. 

Una de las dudas  -la retribución de los empleados públicos- la despejó ayer el Gobierno a los sindicatos de la función pública. Por tercer año consecutiva, los sueldos quedarán congelados, lo que significa que desde que comenzó la crisis los asalariados públicos habrán perdido en torno a un 20% de su poder adquisitivo incluyendo el recorte salarial aprobado por el Gobierno Zapatero y la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad decidida por el Ejecutivo de Rajoy. En cuanto a la oferta pública de empleo se mantendrá una mínima tasa de reposición del 10%, lo que significa que no se cubrirá el 90% de las jubilaciones.

En el resto de partidas la tónica general es el recorte del gasto, incluyendo las inversiones públicas, con una caída muy elevada. En concreto,  las inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios se reducen un 25%. Mientras que la inversión en el Ministerio de Defensa disminuye un 15%.  Igualmente, el Gobierno ha advertido que se lleva a cabo una “revisión exhaustiva” de todas las transferencias corrientes y de capital que gestionan los ministerios, lo que permitirá un ahorro en estos capítulos de gasto en torno al 25%.

Según los cálculos del Gobierno, los ministerios tendrán el año que viene 4.300 millones de euros menos para gastar.