Cataluña ‘ata corto’ a los bancos: vigilará las preferentes y los intereses abusivos

El Gobierno catalán atará más corto a los bancos a la hora de conceder préstamos hipotecarios o de vender productos financieros. Lo hará a través del Código de Consumo, un proyecto de ley que este martes aprobó el Ejecutivo que preside Artur Mas. Entre las novedades que introduce, se encuentra la obligación de que los intereses de demora no pueden sobrepasar en 2,5 veces el interés legal del dinero. ”Cualquier cláusula que prevea un interés que sobrepase esa cantidad, será considerada abusiva”, subrayó el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, tras la reunión.

La Generalitat no tiene competencias en el terreno de la legislación hipotecaria, por lo que ha metido baza en el tema a través del sector del consumo, donde sí tiene competencias. “Si estas medidas se llevan al Congreso para adaptar la legislación, obviamente, tendrán todo nuestro apoyo”, manifestó el portavoz gubernamental.

El proyecto de ley también obliga a mejorar y ampliar la información que se da al consumidor y castigará la publicidad engañosa que pueda haber en las comunicaciones de la banca, con especial relevancia respecto a los préstamos hipotecarios. Asimismo, aumenta las obligaciones de los notarios: han de informar detalladamente de los derechos y las obligaciones a las personas que acudan a ellos y entregar las escrituras en un plazo de tres días hábiles. La nueva norma también quiere promover el uso de la mediación y el arbitraje en la resolución de los conflictos con la banca, especialmente en lo que afecta a la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual.

De hecho, la Generalitat ya ha tomado la iniciativa y ha hecho de mediadora en muchos conflictos. ”Hemos firmado un convenio con una institución financiera, que en este tema es activa y proactiva, para hacer de mediadores en los conflictos que pueda tener con sus clientes y se están resolviendo muchos casos relacionados con préstamos e hipotecas”. Y enfatizó que lo que pretenden las novedades introducidas es solucionar “situaciones claramente injustas y algunas plenamente absurdas”.

Debido a las limitaciones competenciales, el texto del proyecto de ley no especifica los productos financieros o bancarios afectados por el nuevo Código, pero su redactado es tan amplio que puede afectar a todos. En este paquete, pues, se han de contemplar las preferentes. “Afecta a las preferentes en la medida en que son un producto financiero. El objetivo de la ley es esencialmente poner orden en préstamos e hipotecas, pero entran todos los productos financieros. No se identifican con nombres porque eso no es posible, pero sí establece unas buenas prácticas. Si es un producto de ahorro o inversión, queda, pues, englobado”.

Las novedades introducidas en la ley comportarán, según Homs, ”más obligaciones para los que más instrumentos tienen, que son los bancos, por lo que también habrá un cuadro de sanciones”. “Todas las medidas deben comportar obligaciones y si éstas no se cumplen, se aplicarán sanciones, como corresponde en un marco legal de estas características”, subrayó Homs. Estas sanciones, que no especifica la ley, se establecerán más tarde, cuando se desarrolle un reglamento para aplicarla. De momento, ha avanzado que una falta grave comportará una multa máxima de 100.000 euros, lo que podría dar lugar a “sanciones de características millonarias” cuando una entidad bancaria acumule muchas infracciones.