Las cajas bajarán sueldos masivamente para evitar despidos en las nuevas fusiones

Banca Cívica lo anunció la semana pasada, pero detrás vendrán casi todas: las cajas van a embarcarse en rebajas de salarios masivas mediante reducciones de jornada, EREs temporales y suspensiones de contratos ante las penalizaciones que establece la reforma laboral para las prejubilaciones, la fórmula de reducción de plantilla usada de forma generalizada en la primera oleada de fusiones. El objetivo es evitar los despidos 'normales', que pueden tener problemas judiciales y, sobre todo, con unos sindicatos que anuncian "guerra" si las entidades se embarcan en esta vía.

Estas reducciones salariales pretenden conseguir los ahorros de costes necesarios en esta nueva consolidación del sector financiero promovida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy sin recurrir a medidas traumáticas. Esto pretende cumplir el espíritu y la letra del convenio de cajas recientemente firmado por la patronal del sector y los sindicatos (Comfia es el mayoritario), donde las partes se comprometen a que las nuevas reducciones de costes deben tomarse por medio de medidas no traumáticas siempre que ello sea posible.

Como adelantó El Confidencial, las prejubilaciones con cargo al erario público -durante los dos primeros años-, el sistema favorito de las cajas en las fusiones de 2009-2010, quedan muy tocadas con una reforma laboral que obliga a la entidad que las acometa a hacerse cargo de esos dos años de prestación por desempleo; y no sólo eso, sino también a asumir ese coste en las prejubilaciones acometidas en el ejercicio anterior. Unas exigencias que quitan todo el atractivo a esta fórmula a partir de ahora.

¿Qué solución le queda al sector? Por un lado, acometer las prejubilaciones tradicionales en banca, es decir, sin recurso al dinero público (sin apelación al Inem en los dos primeros años). Es lo que está haciendo el Popular en la adquisición del Pastor, por ejemplo. Pero el problema es que la mayoría de estas cajas que necesitan acometer una fusión para cumplir las nuevas exigencias del Gobierno no tienen capacidad para asumir ellas solas el coste de estos despidos. 

Si, por esta razón, esta fórmula no es factible -y tampoco es la de las bajas incentivadas por su elevado coste-, la única vía para la masiva reducción de empleo en el sector que se avecina -hay quien la cifra en 30.000 empleos frente a los aproximadamente 12.000 de la primera oleada- serán los despidos de toda la vida en cualquier sector (aunque no se aplicaban en el sector más 'rico') con la indemnización que corresponda, que ahora podrá reducirse notablemente gracias a la reforma laboral.

Problemas judiciales y sindicales

Estos despidos tradicionales se enfrentan a dos problemas muy serios. El primero es que, si se trata de un despido colectivo y la entidad no está en pérdidas, debe hacerse cargo del coste del desempleo de los trabajadores despedidos, es decir, exactamente lo mismo que en las prejubilaciones. Al menos, se puede reclamar esta obligación en los tribunales. Y no hay que olvidar que ninguna de las cajas intervenidas o nacionalizadas hasta ahora estaba en pérdidas; otra cosa es después de la nacionalización, cuando han aflorado enormes pérdidas, por culpa de una actitud del Banco de España incomprensible para la mayoría de los observadores.

El segundo problema es la oposición de los sindicatos, cuyo poder en un sector privilegiado frente a los demás como éste es muy fuerte. Los representantes de los trabajadores, que han conseguido condiciones tan extraordinarias como las de la primera oleada de fusiones, están planteando ya medidas de presión si se opta por los despidos como vía para la reducción de plantilla. De hecho, ya han realizado varias movilizaciones en la citada Banca Cívica.

Rebajas de salarios... o declararse en pérdidas

En esta tesitura, la mejor opción para el sector parece intentar huir de todas estas obligaciones y buscar alternativas a las prejubilaciones y a los despidos. Ahí es donde entran estas fórmulas intermedias que tratan de evitar los despidos, como las reducciones de jornada -y de salario- o las suspensiones temporales de contratos de forma rotatoria (es decir, los trabajadores dejan de trabajar un tiempo por turnos). También se contemplan medidas adicionales como la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones y, en todo caso, siempre hablamos de una reducción generalizada de salarios. 

La gran pregunta es si estas medidas serán suficientes para reducir los costes en la cuantía exigida por los nuevos requisitos del Gobierno (no deja de ser paradójico que la reforma financiera fuerce estas reducciones de plantilla y la reforma laboral las dificulte). En caso contrario, la única alternativa que tendrán las entidades será declararse en pérdidas para aprovechar las ventajas que otorga la reforma laboral a las empresas en esta situación. Eso sí, en ese caso tendrán que enfrentarse a una conflictividad laboral desconocida hasta la fecha en la banca española.