Por qué media España quiere cambiar la Constitución de 1978, pero nadie la va a tocar

Los recortes en el Estado de bienestar, el enconado debate sobre la estructura territorial del Estado, la reforma exprés de la Constitución española durante el pasado verano para limitar el déficit presupuestario y, en definitiva, el descrédito cada vez mayor que la ciudadanía siente respecto a las instituciones públicas y a los representantes políticos han terminado por generar un elevado descrédito de la Carta Magna entre los españoles. El 44,6% de la población cree que la Constitución se respeta “poco o nada”, mientras que para un 26,7% se respeta “algo” y, solo el 21,2% piensa que se cumple “bastante o mucho”, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de noviembre y hecho público ayer. En este informe también se alerta de que uno de cada dos españoles declaran estar insatisfechos con la Constitución.

Unas cifras inéditas desde que se ratificó en referéndum la norma suprema del ordenamiento jurídico del país hace hoy 34 años y que significativamente coincide con el primer año que el Congreso suspende su tradicional jornada de puertas abiertas para celebrar el día de la Constitución. De hecho, un colectivo de médicos y trabajadores sanitarios de hospitales madrileños aprovechó esta cita en el Senado para protestar contra la reforma sanitaria planteada por el Gobierno regional.

Con una opinión pública dividida respecto al modelo territorial –un 37% de la población quiere acabar con las autonomías o reducir sus competencias, frente a un 22,3% que aboga por una mayor autonomía o independencia–, e insatisfecha con los recortes y el funcionamiento de nuestra democracia –el 67,5% de los españoles, según el CIS– cada vez son más las voces que defienden una reforma constitucional e, incluso, la apertura de un proceso constituyente. Una reacción lógica debida la coyuntura actual, pero que equivoca el objetivo, según explica la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María Moretó. “La causa de esta situación no es la Constitución, sino la legislación que se está aprobando y que va en contra de ciertos derechos que, precisamente, recoge la Carta Magna, por lo algunas de estas leyes podrían ser inconstitucionales”, argumenta la fiscal.

Tensiones territoriales

La cuestión autonómica, cerrada en falso y condenada a la revisión permanente, no hubiese sido nunca ningún problema, añade Moretó, “si en lugar de que cada gobierno tirase para su lado poniendo de manifiesto sus intereses partidistas, hubiesen cerrado grandes pactos de Estado sobre algunos pilares fundamentales, lo que también nos ahorraría mucho dinero despilfarrado”. En este sentido la Constitución es clara e incluye distintos tipos de desarrollo para las comunidades históricas, pese a que algunas normas dictadas desde el gobierno central siguen entrando en contradicción con las competencias transferidas y otras dictadas desde las autonomías sobrepasan sus funciones asignadas.Un 37% de la población quiere acabar con las autonomías o reducir sus competencias

Un tira y afloja que para el abogado y árbitro del Tribunal Laboral de Cataluña, Josep Redorta, se enmarca en la “falta de capacidad de diálogo de este país”. “La revisión de los marcos jurídicos es fundamental para la convivencia y para que todos los españoles se sientan cómodos. Sin embargo, la dictadura acabó creando 40 millones de dictadores y ahora somos incapaces de sentarnos a hablar sobre las cuestiones importantes”, recalca. Un profundo desencuentro que ha llegado al punto de máxima tensión con las aspiraciones soberanistas catalanas.

¿Cambiar las leyes o reformar la Carta Magna?

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la organización territorial del Estado establecida en la Constitución es la mejor de las posibles, pero su portavoz, María Teresa Sáez, reconoce que “el desarrollo normativo posterior de las atribuciones y los estatutos quizá no ha sido el más correcto”. Por eso, para Sáez, las modificaciones legales, de producirse, no deberían ser tanto en la Carta Magna como en el marco de atribución de competencias. “La Constitución no tiene por qué ser atacada ni modifica porque es aceptable, lo que sí debería cambiarse es la legislación posterior que se ha desbocado obligándonos ahora a replantearnos muchas de las competencias”, concluye la portavoz de la APM.

Para Moretó el único artículo modificable de la Constitución es el del título tercero referente a la corona y la sucesión. “Este punto hace que la Carta Magna entre en contradicción consigo misma porque no puede decir en un artículo que todos los españoles seamos iguales ante la ley y que en otro sí se discrimine por razón de sexo en la sucesión dinástica. Esta contradicción hay que limarla por estructura técnica y jurídica”.Lo que necesitamos es que haya continuidad entre los proyectos iniciados por un gobierno y los del siguiente

Indistintamente de que se trate de un problema concerniente a las leyes aprobadas por los distintos gobiernos o a la norma básica del ordenamiento jurídico español, sí está claro que el melón constitucional se ha abierto después de más de tres décadas y ahora el debate no parece que vaya a remitir, más bien todo lo contrario. Curiosamente, el último barómetro de opinión del CIS no incluye ninguna pregunta para saber si los españoles quieren o no modificar la Constitución de 1978 y en qué puntos.

En sus 34 años de vida, el texto constitucional español solo se ha reformado en dos ocasiones. La primera, en 1992 para adecuar la estructura jurídica española a la UE (art. 13.2) y, la segunda, la llevada a cabo el pasado año para fijar el techo de gasto (art. 135). La escasez de antecedentes no significa que el articulado constitucional sea incuestionable, pero sí que los cambios solo podrán salir adelante con el respaldo de dos tercios del Parlamento, para lo que se hace imprescindible el apoyo de los dos grandes partidos. “Lo que necesitamos es que haya continuidad entre los proyectos iniciados por un gobierno y los del siguiente para que no se vuelva a rehacer todo lo anterior y perder así el dinero invertido”, apunta Moretó.

La Constitución "atacada" por los recortes

Para Carlos Sánchez-Almeida, abogado del bufete Almeida, la deslegitimación de la Carta Magna por parte de la ciudadanía responde a que “la Constitución hace aguas por muchos sitios porque los derechos sociales que aseguraban el Estado de bienestar han quedado en papel mojado”. Una situación, dice, provocada “por la agresión de los acuerdos consensuados en los Pactos de la Moncloa de 1978. El capítulo de derechos y libertad de la Constitución está muerto en estos momentos. Los recortes son un duro ataque, pero la reforma para blindar el pago de los intereses de la deuda ha desmantelado definitivamente el Estado de bienestar”.

Este abogado especializado en derechos civiles apunta que “ante esta situación, la solución más constructiva es abrir un proceso constituyente para crear un mapa de derechos sociales que no es más que reivindicar la Carta de Derechos Humanos”. Sánchez-Almeida pone sobre la mesa esta controvertida propuesta pues considera que “el propio poder ha roto el contrato social y la mayoría parlamentaria se ha deslegitimado al incumplir la mayoría de sus promesas electorales”. Con una extensa producción científica sobre los cambios sociales producidos por los movimientos ciudadanos surgidos al amparado de la red, Sánchez-Almeida anticipa, citando la última obra del académico español Manuel Castells, que estos actores sociales “mutarán” para adaptarse a este contexto constituyente.El descrédito de los representantes políticos no debe confundirse con el descrédito de la Constitución

Una evolución que, entiende, “debería articularse políticamente”. De hecho, desde hoy y hasta el domingo, la Coordinadora 25-S que es una "mutación" del 15-M, ha impulsado junto a otros colectivos, partidos políticos y profesores de Derecho Constitucional unas jornadas en la Casa de las Asociaciones del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (donde gobierna IU con mayoría absoluta) para consensuar una “Declaración Política Conjunta y una Hoja de Ruta para iniciar el Proceso Constituyente”.

Desde la Unión Progresista de Fiscales alertan que el creciente descrédito de los representantes políticos “no debe confundirse con la deslegitimación de la Constitución porque no tiene nada que ver una cosa con la otra”. Su portavoz, María Moretó, insiste en que la Carta Magna no puede ser el origen de todos los males.