Reino Unido decreta el acceso abierto

Las investigaciones académicas serán de acceso libre en Reino Unido a partir del año 2014. Desde esa fecha cualquier persona, empresa, universidad o institución podrá consultar y descargarse cualquier publicación académica financiada con dinero de los contribuyentes de forma totalmente gratuita, sea cualesquiera que sea su finalidad. Un salto de notables dimensiones para el mundo académico, que pretende acercarse a la ciudadanía e incrementar el valor social de las investigaciones, por lo general difíciles de conseguir y, en muchas ocasiones, con precios prohibitivos.

La medida ha sido apoyada entre los profesores e investigadores universitarios que desde siempre han denunciado los amplios márgenes de beneficio que se llevan los editores de revistas científicas. “Si el contribuyente es el que ha pagado para que se pueda realizar una investigación es injusto que los ciudadanos tengan que volver a pagar para leerlas”, apuntaba el ministro británico de Ciencia y Universidades, David Willets, en una entrevista concedida a al diario The Guardian. A día de hoy ningún país cuenta con un servicio libre y gratuito de consulta de artículos académicos como el que intenta poner en marcha el ministro británico. Una de las pocas réplicas es la de Estados Unidos, pero sólo en el caso de las investigaciones financiadas por el National Institute of Health.

El coste se cargará al presupuesto anual dedicado a la ciencia

Los beneficios directos de esta iniciativa no son mesurables en términos tangibles, por lo que algunos académicos sí han criticado la costosa inversión que tendrá la transición a la red, estimada en unos 50 millones de libras al año (unos 67.9 millones de euros). Unos gastos que no contarán con partida específica, por lo que se financiarán a cargo del presupuesto actual dedicado a la ciencia. “Esto podría menoscabar la calidad de las investigaciones públicas y reducir su cantidad”, según afirmaban a la prensa inglesa alguno de los académicos reticentes con la medida. El ministro británico defiende que, en el peor de los casos, este gasto supondrá el 1% del presupuesto total destinado a la ciencia.La medida tiene un coste estimado de 50 millones de libras al año

Con la ‘liberalización’ de las publicaciones académicas el Gobierno resuelve así un conflicto entre las universidades y los editores de las revistas científicas, pues muchos se había negado a pagar las cuotas de subscripción por considerarlas demasiado elevadas. Unos 12.000 profesores universitarios promovieron recientemente una campaña de boicot contra la editorial holandesa Elsevier -publica la mayor parte y las más prestigiosas revistas científicas-, que pretendieron extender a toda la industria. De hecho, la decisión del gobierno se ha tomado entorno a unas recomendaciones formuladas en un informe por el profesor de sociología en la Universidad de Manchester, Dame Janet Finch.

Críticas por el trasvase de fondos públicos a las editoriales

En el texto aprobado se trata de contentar por igual a ambas partes implicadas en el conflicto. Por un lado, a las editoriales se les siguen garantizando sus ingresos, que correrán a cuenta de los presupuestos del ministerio, mientras que a los académicos dejarán de pagar por las suscripciones al poder consultarlas gratuitamente en la red.Muchos investigadores ya se habían negado a pagar las cuotas a las editoriales

Para el profesor Adam Tickell, vicerrector de investigación y transferencia de conocimientos en la Universidad de  Birmingham se felicitó por la medida gubernamental, aunque al mismo tiempo advirtió sobre el “peligro” que podría suponer para la financiación de algunos proyectos de investigación. Sin embargo, cree que este es el camino inevitable que también se acabará tomando en el resto de los países de la UE y en Estados Unidos, en un periodo máximo de una década. “Lo que me preocupa es el tiempo de transición del resto de países porque hoy en día el Reino Unido produce el 6% de la investigación mundial, por lo que todo el resto del contenido permanecerá bajo pago por suscripción”, declara el vicerrector, que teme también por una reducción de las becas destinadas a investigación.

Otros investigadores, como Stevan Harnad, profesor de informática en la Universidad de Southampton, critican en el mismo diario británico que las recomendaciones elaboradas por el profesor Finch son demasiado superficiales y “sobreponen los intereses de la industria editorial frente a los intereses de los investigadores. En lugar de intentar mantener el  liderazgo histórico del Reino Unido en el acceso abierto a la investigación, el informe prefiere primar el trasvase de fondos públicos a los editores”.