EEUU ya se plantea la bancarrota de los estudiantes como un mal menor

La burbuja del crédito universitario en Estados Unidos ha acabado llegando hasta el Congreso. Con las últimas estimaciones cifrando la deuda de los estudiantes en más de un billón de dólares (es decir, un millón de millones, que en términos americanos sería un trillón), la clase política no ha podido seguir ignorando un problema que amenaza con hipotecar el futuro de una generación.

En el año 2005, el Congreso estableció la prohibición de cancelar la deuda de los estudiantes mediante el procedimiento de bancarrota para evitar las tentaciones de impago por parte de jóvenes graduados sin apenas bienes a su nombre. Sin embargo, con un creciente número de estadounidenses hipotecando su futuro y una fiebre del crédito que ya llega hasta la educación primaria, algunos legisladores piensan que es el momento de levantar esa restricción antes de que miles de jóvenes acaben enterrados durante décadas bajo una montaña de intereses inabordables.

En los últimos años, la deuda de los estudiantes se ha mantenido al margen de la caída de otros productos de crédito causada por la crisis, y la tendencia hace mucho que superó la barrera de lo preocupante: la cantidad se ha doblado en los últimos cinco años y supera ya al total de las deudas por tarjetas de crédito en el país. Un aumento en la concesión de créditos que no se debe precisamente a las mejores expectativas de devolución al salir de la universidad, ya que en la primera década del siglo los ingresos medios de los licenciados entre 25 y 34 años cayeron un 15%.

Ante la aparición en los medios de diversos casos de personas atrapadas en una red de deudas imposibles de devolver, el senador Dick Durbin ha abogado por facilitar a los prestatarios la posibilidad de liberarse de sus obligaciones con entidades privadas, mientras que tanto Barack Obama como el candidato republicano Mitt Romney han pedido al Congreso que prolongue la congelación de la tasa de interés del 3,4% para los préstamos que concede el Gobierno. De no ser así, la tasa se doblará a partir del 1 de julio.

La diferenciación entre préstamos públicos y privados es clave, puesto que los primeros representan más del 90%, aunque los límites que se establecen han llevado a muchos estudiantes a realizar combinaciones acudiendo a ambas fuentes de financiación para costear su educación.

Consumidores y universidades contra los ‘lobbies’ de la banca

En el lado de los que apoyan la vuelta de la posibilidad de declararse en bancarrota se encuentran asociaciones de consumidores, representantes de las universidades y abogados especializados, aunque por razones distintas. Mientras los primeros argumentan que la amenaza del impago llevará a las entidades a ofrecer condiciones más justas, los últimos ven una nueva oportunidad de negocio.

En el extremo opuesto, los ‘lobbies’ bancarios, que aseguran en una carta enviada al Senado que “el sistema de bancarrota supone abrir la puerta al abuso”. Además, los críticos con la propuesta del senador Durbin advierten que los prestatarios aumentarían la cuantía de los intereses para compensar el mayor riesgo de pérdidas. En lo referente a los préstamos públicos la cuestión de la bancarrota es aún más delicada desde el punto de vista político, puesto que implicaría que fuese el erario público el que corriese con los gastos.

Aún está por ver la acogida que recibe la propuesta del senador Durbin, pero los legisladores estadounidenses parecen haber adquirido conciencia de la necesidad de actuar rápido, puesto que un 27% de los estudiantes endeudados ya está retrasado en al menos uno de sus pagos. Esto supone que, técnicamente, uno de cada cuatro ya puede ser calificado como “delincuente”.