“Sálvese quien pueda”: abuelos desesperados por el cierre de la residencia Ballesol 60

A Concha la citaron en el sótano de la residencia Ballesol 60 en la que vivía desde hacía cuatro años–un lujoso complejo de apartamentos tutelados con servicios para la tercera edad de más de 20 años de antigüedad– para darle la noticia. La entidad decidía cerrar sus puertas para siempre. La firma apostó por poner fin a la explotación de este edificio levantado en 1998 por los estragos de la pandemia. En aquel año de finales de los 90, los particulares interesados compraron estos inmuebles de Pozuelo de Alarcón como inversión, pero eran gestionados por la entidad. “Lo vendieron de color de rosa” –relata Javier Martínez, uno de los propietarios–, yo me hice con él pensando en poder mudarme ahí cuando fuera necesario”.

TE PUEDE INTERESAR

Más personal y 120 ancianos: el Gobierno logra el apoyo autonómico al nuevo modelo de residencias

EFE

Ahora, Ballesol ha querido acabar con dicha relación de arrendamiento. “A lo largo de los últimos años, diversas circunstancias concurrentes nos llevaron a intentar acordar con los diferentes propietarios del edificio una adaptación de las condiciones de los contratos que permitieran que Ballesol continuara gestionando el centro de manera sostenible”, señaló en un comunicado a los residentes en abril de 2023. “La gente se levantó horrorizada”, continúa Concha, “la operación salida fue terrible”. Fue entonces cuando esta octogenaria agarró su bastón y se puso manos a la obra: “Tenía buscar una solución y me puse a buscar un sitio donde vivir. Para evitar las peleas, me refugié en casa de mi hijo”. Los residentes pagaban una media de 2.500-3.000 euros al mes por residir en dichos apartamentos. El inmueble está vacío desde el 30 de junio.

Desde la empresa, filial de Santalucía, destacaron la supuesta falta entendimiento con los dueños de los pisos. Los propietarios lo niegan, culpando a Ballesol por querer repentinamente acabar con el contrato y llevándoles a la justicia. “No nos resulta legalmente posible continuar asumiendo la gestión de Ballesol-60 sin tener la disponibilidad de uso y utilización de la totalidad del inmueble”, continuaba el comunicado de la entidad. “Nos dijeron que la culpa era de los propietarios”, relata Concha a este diario. En mitad de la búsqueda por el culpable, se desencadenó una lucha por conseguir una plaza en otro centro. “Era un sálvese quien pueda”, señala Antonio (nombre ficticio), uno de los hijos de los residentes.

Su madre tiene 102 años y llevaba viviendo en dicha residencia desde que se inauguró. Según relatan los familiares de los ancianos, el día que estos se enteraron, y de forma sigilosa, contactaron con sus allegados para buscar soluciones. No querían quedarse en la calle y no sabían dónde ir. “Se gestionó fatal”, señala Antonio, “se gritaban entre ellas, echándose en cara que una le robaba la plaza a la otra”. Sospechas de enchufes, disputas, puñales y amistades rotas. Ballesol ofreció otras residencias en la Comunidad de Madrid para realojar a los ancianos. “A mí me dio una taquicardia”, señala Concha, de 80 años, y enferma del corazón. Los familiares se echaron las manos a la cabeza por la hostilidad del lugar. “En el comedor están las señoras gritándose unas a otras, hay un nivel de hostilidad [...] hay que sacar a la abuela de aquí”, relata una mujer en un grupo de WhatsApp familiar.

TE PUEDE INTERESAR

Sancionan a una residencia de mayores de Madrid por servir comida caducada un año antes

EFE

La centenaria anciana, siempre según el relato de su hijo, siente angustia por como se gestionó toda esta situación. “Amigas de toda la vida dejaron de hablarse por encontrar un sitio donde quedarse”, señala Antonio. Concha y otros 12 residentes decidieron cambiar de empresa. “La gente piensa que los mayores somos tontos. Y no, lo que ocurre es que quizá no todos digan cómo les afectan las cosas en voz alta”, relata refiriéndose al caos que supuso para muchos cambiar de domicilio a esa edad.

Pero lo que tienen en común la mayoría de residentes es que están convencidos de que los culpables son los propietarios de los pisos. “Una vez fui por allí justo antes de cerrar y me dijeron, ¿por qué nos habéis hecho esto?”, destaca otro propietario de los 28 que representa la letrada Josefa Cánovas. “Ellos también son víctimas”, explica la abogada.

“Ballesol no actuó de buena fe”

El 16 de diciembre de 2020, los propietarios de los apartamentos recibieron un burofax. Ballesol quería abrir una nueva etapa en la explotación del edificio y proponía dos alternativas: reducir la renta – “en algunos casos del 35%”, señala la abogada– o comprarles el inmueble a un precio similar por el que lo adquirieron a finales de los años 90. Los dueños se sorprendieron de esta propuesta. Ante la falta de entendimiento entre las partes, la empresa decidió dejar de abonar la renta desde el 1 de febrero de 2021.

28 de los propietarios se unieron y fueron a los tribunales. El juzgado de instancia e instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón dictó sentencia en noviembre de 2022. “La buena fe de Ballesol entiendo que brilló por su ausencia”, censura la juez. Se condenó a la entidad a abonar las rentas que dejaron de pagar por no aceptar sus condiciones – “¡Nos coartaron!” –. La justicia, no obstante, ha determinado que los contratos entre ambos finalizaron en junio de 2020. Eran contratos de industria en tacita reconducción hasta 2023. Esta última parte ha sido recurrida.

TE PUEDE INTERESAR

Así se condenó a los ancianos: "No se permite ingresar pacientes de residencias al hospital"

Alberto Pérez Giménez

Este periódico no ha recibido respuestas de Ballesol sobre el conflicto. El portavoz de la misma, Mariano López de Ayala, sí defendió a la entidad en el diario local Pozuelo In. Aseguró que a cada propietario se le ofreció una rebaja de las rentas específica que oscilaba entre el 10 y el 35% y que algunos aceptaron. Matiza, también, que ese modelo residencial no era rentable para la empresa, que se buscó alternativas para los ancianos y que ninguno de los trabajadores ha perdido su empleo.

E 15 de junio, la entidad envió un último comunicado a los dueños indicándoles que podían ir a recoger las llaves de su propiedad al despacho de un notario. "Dentro de un plazo de tres meses desde el 30 de junio [...] transcurrido dicho plazo sin que hubieran procedido a retirarlas, el notario tendría que proceder a la destrucción de las llaves".

Dos semanas después del cierre, Concha dice estar mejor. En su nueva residencia, explica, la comida es de mejor calidad para su gusto. "No lleva sal".