El PSOE advierte que ahora sí va en serio con su intención de denunciar el Concordato

No es la primera vez que el PSOE amenaza con romper con las actuales relaciones Iglesia-Estado, pero el partido avisa que, ahora sí, sus intenciones van en serio. Lo dijo el martes la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, y la portavoz del grupo en el Congreso, Soraya Rodríguez: si la Conferencia Episcopal aprovecha el Gobierno del PP para imponer su programa de máximos, darán por rotos los términos acordados en el Concordato de 1979. “Si el Gobierno del PP va a ir de la mano con los obispos para modificar la ley del aborto, para volver a limitar la libertad de las mujeres, ya les anuncio que el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede”, anunció Valenciano a la salida de un acto protagonizado en Madrid por el primer secretario del PSC, Pere Navarro.

Esa es al menos la versión del PSOE, que ha vuelto a marcar otra línea roja que supondría un punto de no retorno: la modificación de la ley de plazos que, sobre el aborto, alumbró Bibiana Aído en la segunda legislatura del Gobierno socialista. Cualquier cambio en la norma, aunque no guste del todo a los obispos, como ha avisado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, abrirá la veda para que el PSOE sienta que tiene vía libre para denunciar los Acuerdos con la Santa Sede en cuanto lleguen al Gobierno. Hay que recordar, sin embargo, que antes Alfredo Pérez Rubalcaba ya marcó otras líneas rojas en el 38º Congreso Federal de su partido, celebrado en febrero del año pasado. “Si quieren retroceder 30 años, retrocedamos del todo. Si quieren vulnerar todos los consensos, nosotros aceptaremos el reto, y nos replantearemos nuestras posiciones”, señaló entonces Rubalcaba ante el plenario de su partido. 

La solución, sin embargo, se fía a largo plazo y, en todo caso, no antes de que el PSOE vuelva a Gobernar en España, momento en el que, como explican fuentes de la Ejecutiva del partido, puede que haya otros equipos en la dirección que aboguen por otras direcciones. Y es que la denuncia del Concordato en vigor ha sido uno de esos temas que el PSOE siempre ha dejado en un cajón cuando ha llegado a la Moncloa. “Desde el PSOE siempre nos dicen que tienen simpatía con este tema, pero en la práctica siempre es imposible de ejecutar”, admite con resignación el exdiputado Juan Antonio Barrio de Penagos, militante de la corriente Izquierda Socialista, que lleva años pidiendo la denuncia de estos acuerdos de 1979. 

De hecho, en el 37º Congreso Federal del PSOE, el último en el que José Luis Rodríguez Zapatero fue reelegido como líder del PSOE, la dirección vetó una enmienda del exdiputado José Antonio Pérez Tapias, también de Izquierda Socialista, en la que se abogaba explícitamente por este asunto para, entre otras cosas, hacer que el artículo 16 de la Constitución -que ordena a los poderes públicos que mantengan "relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones"- deje de ser papel mojado. “Lo cierto es que en el 38º Congreso se aprobó la enmienda sobre esta revisión y esa es la posición oficial del partido, independientemente de las situaciones que ocurran en torno a estas cuestiones”, explica el propio Pérez Tapias. “Que el PP ceda más o menos en relación con la Iglesia lo único que hará es dar más motivos para que se cambie el Concordato para que la Iglesia no tenga los privilegios que tiene actualmente en una España mucho más plural que la que reflejan esos acuerdos”.

No solo eso; con Zapatero en el poder, la Iglesia aumentó la cuantía que recibe de las arcas del Estado con un nuevo modelo de financiación y se quedó en el cajón también un anteproyecto de libertad religiosa que nunca llegó a ver la luz.

En el último Congreso Federal del año pasado, el partido aprobó una resolución que señalaba textualmente que “el PSOE propone a la sociedad una estrategia sin privilegios ni distinciones entre las diferentes confesiones religiosas”. Desde entonces, y a lo largo del último año, el partido ha venido sosteniendo una actitud cada vez más crítica hacia los privilegios de la Iglesia, a la que ha reclamado, entre otras cosas, que pague el IBI por los inmuebles que posee y que no están dedicados al culto. Su estrategia pasa también por promover una nueva Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa que incluya una revisión de los privilegios económicos de la Iglesia. Argumentan que, en la actual situación de crisis económica, no parece razonable “que la Iglesia permanezca exenta del esfuerzo que se está pidiendo a todos los ciudadanos”. Rajoy, por su parte, ya dijo en mayo del año pasado que “no era serio” pedir esta revisión en los términos apuntados por los socialistas.