El Gobierno autoriza a Madrid y cuatro comunidades más a volver a colocar deuda

El Gobierno ha cedido a las peticiones de las comunidades autónomas más solventes y en el Consejo de Ministros de hoy dará autorización para que coloquen su deuda en los mercados. Madrid ha encabezado el movimiento para recuperar esa facultad después de garantizarse que hay bancos y fondos dispuestos a quedarse con esa deuda a un precio dos puntos superior a lo que consigue el Tesoro Público. Según fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial, el Ejecutivo de Ignacio González podrá captar así 2.100 millones de euros. Otras cuatro autonomías también se beneficiarán de ese permiso.

La mejoría en los mercados para la deuda pública española, colocada sin problemas en las últimas semanas y a los intereses más bajos conocidos desde hace un año (2,7 para los bonos), también ha estimulado a los Gobiernos regionales a recurrir a esa vía de refinanciación de su deuda. Ignacio González llevaba pidiendo la autorización a Hacienda para recolocar sus amortizaciones desde mediados de diciembre. Primero tuvo comprometidos ‘clientes’ para 1.200 millones de euros; después, ante la negativa del Gobierno a autorizarle la medida, se le acumularon los vencimientos hasta superar los 2.000 millones.

Las negociaciones de González con la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han terminado por fructificar esta semana. La Comunidad de Madrid no quiere acogerse al ‘rescate’ del Fondo de Liquidez Autonómico que ofrece el Gobierno central para controlar las cuentas de las autonomías en apuros financieros. González prefiere pagar esos dos puntos más antes que caer en el descrédito de acogerse al FLA, paso que han tenido que dar los Gobiernos regionales insolventes, incapaces de hacer frente a sus deudas como es el caso de Cataluña.

Según los citados medios, entre las autorizaciones que hoy aprobará también el Consejo de Ministros figuran la correspondiente a la Xunta de Galicia (que aspira a colocar entre 495 y 641 millones este año) y la de la Junta de Castilla y León, que cifra su objetivo en 275 millones, y está dispuesta a ofrecer un interés que llegaría al 6 por ciento para obligaciones a cinco años.