CiU 'tira de la manta' del Tripartito para neutralizar sus propios escándalos sanitarios

Convergència i Unió (CiU) se prepara para una lucha sin cuartel en el terreno sanitario después de que el Parlamento catalán haya aprobado una comisión de investigación. Los impulsores de la comisión fueron los socialistas, pero todos los grupos de la oposición (PP, ICV, ERC, Ciutadans y SI) votaron a favor de la misma. CiU se abstuvo, al considerar que los escándalos sanitarios deben ser investigados en el ámbito judicial y el diputado no adscrito.

La intención del PSC era poner sobre la mesa los grandes escándalos que azotaron en las últimas semanas al sector y que provocaron la dimisión del presidente del Instituto Catalán de la Salud, Josep Prat, la semana pasada. Prat simultaneaba su cargo con el de la presidencia del grupo Innova, con capital municipal en Reus y el de la vicepresidencia de USP Hospitales. La Coordinadora D’Unitat Popular (CUP), formación independentista que en las últimas municipales logró representación en Reus, llevó el tema al juzgado, que investiga ahora a Prat.

Además de este escándalo, la CUP de Barcelona interpuso una denuncia contra el empresario Ramon Bagó, exalto cargo de la Generalitat con Jordi Pujol, que además de presidir un organismo público es presidente del grupo de hostelería Serhs, el más potente de Cataluña. Simultaneando los dos cargos, adjudicó infinidad de contratos públicos a sus propias empresas (se sospecha que recibió más de 50 millones de euros de las arcas públicas), tema que está siendo investigado por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). La CUP de Barcelona también le denunció en los juzgados por adjudicaciones en la capital catalana.

Otro de los dirigentes convergentes que pueden salir salpicados es el diputado Xavier Crespo, exalcalde de Lloret, que presidió un organismo, Centros Médicos Selva Maresme (CMSM), filial de la Corporación de Salud del Maresme y La Selva, al que vendió luego su cartera de clientes. Durante varios años, según parece, Crespo recibió mensualmente una paga de 3.000 euros (su esposa también recibía otra paga), incluso cuando ya era alcalde. La Sindicatura de Cuentas realizó un informe sobre su caso, pero fue escamoteado y no se llevó al Parlamento, como se hace normalmente con las investigaciones de ese organismo. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, no obstante, decidió investigar el asunto a mediados del mes de junio.

El exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en época del Tripartito, Carles Manté, es otro de los gestores que está siendo investigado. Mientras estuvo al cargo del organismo de la sanidad catalana, concedió importantes adjudicaciones a Innova, el holding de Reus que presidía Prat. Cuando dejó el Gobierno, pasó a cobrar de Innova. Entre 2007 y 201, percibió más de 700.000 euros. La CUP también llevó su caso a la Fiscalía.

Por último, se pretende que la comisión investigue las graves irregularidades del Hospital Sant Pau, donde se han realizado adjudicaciones sospechosas durante los últimos años y donde las prebendas políticas coexistían con sueldos millonarios incluso de exdirectivos desvinculados de la institución.

CiU, al ataque

Pero los nacionalistas no se quedarán de brazos cruzados. Aunque se abstuvieron en la votación de constitución de la comisión, su actitud no será meramente contemplativa cuando ésta se ponga en marcha. Quieren que sobre la mesa se pongan también otros asuntos que consideran relevantes. Por ejemplo, que se investigue el Servicio Médico de Emergencias (SEM), el Hospital de Reus, el Hospital Moisès Broggi, el Consorci de Terrassa y el Hospital de Puigcerdà.

Cada uno de estos organismos tiene sus propios muertos en el armario. Y ninguno de ellos, curiosamente, salpica a cargos de CiU, sino más bien todo lo contrario: afectará de lleno a miembros del Gobierno Tripartito. Se trata, pues, de dejar en evidencia al rival. Así, la consejera socialista Marina Geli, tendría que dar explicaciones sobre el Servicio de Emergencias Médicas, un organismo que ha padecido como ningún otro la falta de previsión y de profesionalidad de sus  directivos durante muchos años.

Sus ambulancias, por ejemplo, fueron equipadas con modernas tecnologías para poder ser guiadas vía satélite, pero esos dispositivos no estaban homologados e Industria (otro Departamento de la propia Generalitat) obligó a cambiarlos. Sólo sacar esos dispositivos costó más de 300.000 euros al erario. También es curiosa la adjudicación del servicio de atención al cliente, un macrocontrato de 40 millones de euros que tuvo que ser anulado porque la centralita se caía diariamente y los usuarios no podían conectarse telefónicamente con el SEM. Otra cosa fueron sospechosas contrataciones de directivos y de sus familiares, que también serán investigadas.

El Hospital de Puigcerdà también forma parte de la triste historia de la sanidad catalana. El exconsejero de ERC Joan Carretero (hoy cabeza visible de Reagrupament) fue nombrado codirector de ese hospital transfronterizo. La intención era que pudiese tener un sobresueldo de 32.000 euros anuales, a pesar de que, como médico, disponía ya de un salario de 97.000 euros anuales y podía acogerse a trabajar sólo 2,5 horas diarias. Advertido de que iba a saltar el escándalo, Carretero renunció a su complemento salarial poco antes de aparecer el tema en la prensa. Pero para entonces, ya había estado cobrando su complemento durante casi dos años.