Botín pagará 60 euros al mes como máximo por sus medicinas; un jubilado, de 8 a 18

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se puede apuntar el tanto de haber conseguido que las rentas más altas paguen más por los medicamentos en función de sus ingresos y no de su edad. Una demanda que fue la primera en poner encima de la mesa el pasado noviembre, cuando citó el caso de Emilio Botín como ejemplo de la necesidad de cambiar el sistema. “Mientras la ley me obligue, tendré que dar medicinas gratis a Botín”, dijo entonces, resignada. 

El presidente del Banco Santander y todos aquellos ciudadanos cuyas rentas superen los 100.000 euros tendrán que pagar, a partir de ahora, el 60% de los medicamentos, un 20% más que en la actualidad. Ahora bien, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas también han pactado un límite máximo para esas rentas a fin de no perjudicar a las personas mayores con enfermedades. Un tope del 10% que hará que Botín solo pague, como máximo, 60 euros al mes por sus recetas.

El incremento del copago farmacéutico en las rentas más altas es una de las principales medidas consensuadas por la ministra del ramo, Ana Mato, con los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas, en su mayoría del Partido Popular. Unas medidas que suponen una subida generalizada de la aportación que los ciudadanos hacen al pago de los medicamentos con receta, pero que incluye también una importante novedad relativa a los parados sin ningún tipo de prestación, que no tendrán que pagar por los fármacos como sí hacían ahora.

La parte más delicada de la reforma y que mayor preocupación social ha originado es la que afecta a los pensionistas o pasivos. Hasta ahora, como expuso en su día Aguirre, no pagaban por sus recetas fuese cual fuese su nivel de renta. Una situación injusta, a juicio de Mato, que producía, por ejemplo, situaciones anómalas como que determinados parados con prestaciones pero con rentas bajas terminasen abonando un 40% por los medicamentos mientras que otros jubilados con mayores ingresos tenían un acceso gratuito a los fármacos.

Los pensionistas, entre 8 y 18 euros

La nueva situación acordada por Sanidad queda de la siguiente manera. Los jubilados con pensiones no contributivas, los ciudadanos que perciben la renta mínima de inserción y los parados sin prestaciones no tendrán que pagar por los medicamentos. Los pensionistas con ingresos de hasta 18.000 euros pagarán como máximo 8 euros al mes (“unos 20 céntimos al día”, explicó Mato), mientras que los pensionistas con ingresos superiores a 18.000 euros abonarán como máximo 18 euros al mes por los fármacos. La media, sin embargo, recalcó la ministra, será muy inferior. “La inmensa mayoría de los pensionistas tendrá que pagar, como mucho, 8 euros al mes en el caso de estar enfermos y necesitar muchos medicamentos, pero la media será muy inferior y podría ser de 2 ó 3 euros al mes”.

El resto de los ciudadanos, los activos, pagarán la mitad del precio del medicamento. Solo aquellos con ingresos inferiores a 18.000 euros seguirán como hasta ahora y pagarán el 40% del precio de las recetas.

El incremento del copago farmacéutico comenzará a aplicarse por todas las comunidades autónomas, como muy tarde, en dos meses. Según explicó Mato, no se trata de una medida recaudatoria, pues apenas tendrá incidencia en el gasto, sino de una acción que, sobre todo, pretende resaltar el valor de los medicamentos y acabar con su uso poco adecuado. Según datos de Sanidad, el año pasado se tiraron a la basura 3.700 toneladas de fármacos, lo que supuso un despilfarro de 1.200 millones de euros. “Si lo hubiéramos querido hacer para recaudar habríamos adoptado otras medidas como la tasa por receta”, explicó Mato.

Ahorro y eficiencia

El ministerio llevará esta medida junto con el resto de las reformas al Consejo de Ministros de este viernes y, con ellas, calcula que podrá cumplir con su previsión de ahorrar unos 7.000 millones en el sistema sanitario.

Las medidas de ahorro y eficiencia incluyen, entre sus principales puntos, el fin de los  abusos del turismo sanitario, la apuesta por los genéricos, la creación de una cartera común de prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional, la implantación de una tarjeta electrónica común para todos los ciudadanos y la compra centralizada de medicamentos y servicios que permita ahorrar unos 1.500 euros a todas las comunidades. Sanidad instará también a las empresas farmacéuticas a que redimensionen el tamaño de los medicamentos para que estos incluyan el número exacto de pastillas necesario para cada tratamiento.

Las mayores críticas a la reforma llegaron ayer desde Andalucía, regida por el PSOE, que criticó que la actual “deriva” pueda ser la antesala del “desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud”, tal y como señaló la consejera María Jesús Montero. El consejero vasco, Rafael Bengoa, también del PSOE, dijo coincidir con algunas medidas auque mostró su temor a que las relativas a los fármacos puedan afectar, principalmente, a los enfermos crónicos. Para el conseller de salut catalán, Boi Ruiz, son medidas “valientes” que, sin embargo, se quedan cortas por “insuficientes”.