Un diputado socialista declara hasta su último céntimo en la Red: “Todos deberían hacer igual”

El patrimonio de los políticos no suele ser noticia por su transparencia, sino por las sospechas de corrupción que tramas como la Gürtel han proyectado sobre los cargos públicos. Para combatir esta imagen, el diputado socialista Juan Luis Rascón publica íntegramente en internet su declaración de bienes, así como los ingresos de su mujer. Una detallada información que actualiza a principios de cada año y siempre que se registra un cambio significativo en su patrimonio. Pero Rascón sigue siendo una excepción: sus colegas en el Congreso mantienen en secreto sus bienes, como la mayoría de cargos públicos del país.

“Es una apuesta decidida por la transparencia que deberían seguir todos aquellos que sirven a los ciudadanos desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, explicó el diputado socialista. Rascón, diputado por Córdoba desde 2004 y vicepresidente de la Comisión de Interior, proviene de la carrera judicial, donde ejerció como magistrado, fiscal y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. Por ello, hace hincapié en que “los magistrados también deberían declarar sus bienes”, porque “es un poder público y nadie se lo ha planteado todavía”.

No obstante, es la honradez de los políticos la que más preocupa a los ciudadanos, especialmente cuando en el último año los medios de comunicación se han llenado de casos de corrupción (Gürtel, El Ejido, Santa Coloma, Palau, Costa del Sol, Mercasevilla, Ciempozuelos) y jugosos detalles sobre supuestos cohechos: relojes y coches de lujo, trajes a medida, viajes ‘gratis total’ o chollos inmobiliarios. “La inmensa mayoría de los políticos es gente honrada, pero no se atreven a hacer lo que yo: contar claramente lo que tienen y lo que ganan”, señaló Rascón.

¿Y cuanto tiene y gana este diputado socialista? Su escaño le reportó 81.936 euros en 2009, además de los gastos de teléfono móvil y desplazamiento por carretera, avión o barco. Del Ministerio de Justicia recibe 14 abonos de 414,85 euros por los trienios que trabajó en esta Administración desde 1987 a 2004. Como profesor univeritario ingresó 269 euros mensuales, y por conferencias reunió 741,20 euros en total. Los derechos de autor de sus obras publicadas le reportaron 1.210,39 euros mientras que su esposa tiene un sueldo de 3.554 euros y alquila un local comercial por 1.163 euros mensuales. Ingresoso con los que han adquirido el citado local, dos casas y tres vehículos. Rascón enumera también el saldo de sus cuatro cuentas corrientes, valores, seguros de vida y plan de pensiones. 

El problema de este tipo de declaraciones es su credibilidad. “Hay gente que no se fía de los datos que se aportan, pero las críticas forman parte del juego democrático, y la mayoría aplaude estas acciones”, señaló el diputado. Sin embargo, las mayores objeciones provienen de sus propios colegas de Congreso.  “Me ha generado más inconvenientes que otra cosa. A otros políticos no les gusta esta tranpsarencia, porque parece que les obliga a hacer lo mismo”, explicó. Por ello, Rascón asegura que apenas ha recibido respaldo a su iniciativa desde la clase política. 

De los bienes del Gobierno a la norma de Camps

Los cargos públicos mantienen un tradicional rechazo a dar a conocer públicamente su sueldo, así como sus actividades privadas, aunque en los últimos tiempos se han producido algunos avances. Los miembros del Gobierno central publicaron el pasado octubre su patrimonio, el Parlamento valenciano aprobó una iniciativa para que sus diputados hagan una declaración de bienes, y el Congreso de los Diputados ha publicado la relación de actividades privadas de sus señorías. “Se están dando pasos tímidos para una mayor transparencia, pero todavía hay que profundizar”, opinó Rascón, para quien “a mayoría de los políticos podrían hacerlo sin problemas, y los ciudadanos se lo agradecerían muchísimo”.

La delcaración de los miembros del Gobierno mostró que Cristina Garmendia, Miguel Sebastián y Alfredo Pérez Rubalcaba eran los más ricos, mientras que Bibiana Aído era la ministra más modesta. Pero llamó también la atención sobre el humilde saldo bancario de Manuel Chaves. Puede que muchos ciudadanos no confiaran en los datos expuestos por sus gobernantes, pero al menos sirvió para dar un nuevo impulso a la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los altos cargos. En Valencia, fue el caso Gürtel el detonante para que el PP, bajo sospecha por los regalos que supuestamente recibieron Francisco Camps o Ricardo Costa, obligara a todos los parlamentarios autonómicos a preparar su declaración de bienes. 

Por su parte, los diputados nacionales no están obligados a publcar su patrimonio, pero, al menos, ya se puede conocer a qué se dedican cuando no están en la Carrera de San Jerónimo. La norma exige que estas actividades no vayan en menoscabo de su dedicación a las tareas parlamentarias, aunque en algunos casos, no parece que la dedicación profesional pueda dejar mucho tiempo para el Congreso. “Hay que ser más estricto con las compatibilidades. No es lo mismo que un diputado haga una labor académica a que se le autorice para ejercer libremente de abogado. El Congreso debe ser su primera actividad, y no al revés”, manifestó Rascón. 

Izquierda Unida, a través de Gaspar Llamazares, quiso ir más allá de la publicación de actividades, y propuso que los diputados estén obligados a presentar públicamente, una vez al año, su declaración de  la renta y de patrimonio. De momento, los parlamentarios no están dispuestos a aportar esta información, pese a que, según Rascón, “la clase política debe reaccionar para convencer de su honradez a los ciudadanos”.