Pedraz concluye el sumario y lo envía a la sala para su enjuiciamiento

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido hoy el sumario abierto contra los dos supuestos piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero "Alakrana" y lo ha enviado a la sala de lo penal para su enjuiciamiento, que se prevé que pueda celebrarse en dos semanas. Así lo ha acordado el magistrado, según han informado fuentes jurídicas, después de que esta mañana haya comunicado su procesamiento a "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman", que han negado los hechos ante el juez en una comparecencia que ha durado menos de quince minutos.

Fuentes jurídicas han explicado que, no obstante, Pedraz mantendrá abierta la causa general sobre el secuestro del pesquero vasco y que una vez que se produzca la liberación de la tripulación del "Alakrana" podría desplazarse a los lugares de origen de los pescadores -País Vasco y Galicia- para facilitar esta diligencia.

Pedraz ha procesado a los dos detenidos, lo que permitiría juzgarles en 15 días y, en teoría, expulsarles a Somalia, aunque la Fiscalía ya ha dicho que rechaza pactar esa salida y que pedirá más de 200 años de cárcel. En un auto notificado hoy, el magistrado procesa a los somalíes "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman" por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, pero no por el de asociación ilícita que les había imputado su compañero Baltasar Garzón, pero que la Fiscalía nunca incluyó en sus calificaciones.

La retirada de ese delito, según el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, defensor de "Abdu Willy", hace posible que a los dos presuntos piratas se les aplique el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, que prevé la expulsión del territorio nacional de los extranjeros procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión.

La Fiscalía, sin embargo, tiene una opinión muy distinta sobre el futuro del caso, según han informado hoy fuentes del Ministerio Público, que han señalado que "no hay causa legal" para aplicar la Ley de Extranjería y que han llegado a calificar de "fraude de ley" esa posibilidad.

De hecho, la Fiscalía calcula que, teniendo en cuenta las penas por los delitos de detención ilegal -de 6 años a 10 años de cárcel- y de uso de armas -de tres años y medio a cinco años-, la petición podría ir de los 219 años a los 365 años de prisión, y las fuentes consultadas han señalado que, con las pruebas con las que cuenta, el fiscal solicitará penas altas.