Mentiras y filtraciones traban la investigación judicial del accidente de Spanair

Ha pasado un año desde que el vuelo JK5022 de la compañía Spanair se estrellara al despegar en el aeropuerto de Barajas. El 20 de agosto de 2008, el trágico accidente acabó con la vida de 154 personas, la mayoría familias canarias. Desde el primer día se abrió una investigación para conocer lo ocurrido y depurar responsabilidades en caso de que se probara la comisión de alguna negligencia.

Sin embargo, 365 días después, el juez de Madrid que se encarga del caso, Juan Javier Pérez, no consigue conocer la verdad de los hechos. En todo este tiempo le ha sido imposible obtener un informe pericial imparcial sobre las causas del accidente. Filtraciones, peritos intoxicados y dirigidos, algunos de ellos por el propio Ministerio de Fomento, han llevado al magistrado casi a la desesperación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid tuvo que pedir ayuda fuera de nuestras fronteras al ver cómo las instituciones españolas no estaban dispuestas a mostrar la verdad de los hechos. Así, acudió a la Unión Europea y solicitó a la Agencia Europea de Seguridad Aérea un informe pericial sobre las causas del siniestro ante “las previsibles dificultades para hallar peritos completamente objetivos e imparciales” en España.

La ayuda de la UE no llegó

Las ilusiones duraron poco. Esta agencia europea contestó al juez que no es competencia suya hacer peritajes de esa naturaleza. Así que, por ahora, el juez deberá conformarse con los informes que tiene y estudiar otras posibilidades para descubrir qué pasó realmente esta trágica mañana en el aeropuerto de Barajas. El primer informe que recibió Pérez fue el elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), adscrita al Ministerio de Fomento, con la que colaboran Boeing y Spanair, empresas que se pueden enfrentar a indemnizaciones millonarias en función del resultado del proceso judicial.

Después de descartar este informe, a su juicio intoxicado, el propio juez designó una nueva comisión con ocho peritos,  entre los que había dos ingenieros, dos técnicos y dos mecánicos elegidos entre las asociaciones profesionales. Pero esta opción tampoco llegó a buen puerto. Tras descartar a dos mecánicos por “no cumplir los imprescindibles requisitos de imparcialidad”, el juzgado escuchó a cuatro sustitutos “con idéntico resultado”. Todos habían trabajado en algún momento en tareas de mantenimiento de aparatos de Spanair.
Sólo uno se consideró capacitado, pero admitió conocer a uno de los imputados y a otro técnico de mantenimiento aeronáutico que es, al parecer, el padre de otro imputado.

Estos conocimientos personales, según propia manifestación, comprometen su imparcialidad.
Es más, según su declaración, y la de los otros técnicos de mantenimiento aeronáutico, Iberia, compañía para la que trabaja el citado técnico, tiene contratada con Spanair algunas actuaciones de mantenimiento de su flota. “Con ello, ni siquiera puede descartarse la hipótesis de que este técnico de mantenimiento aeronáutico, o cualquiera de los otros empleados por Iberia, haya intervenido en el mantenimiento del aparato siniestrado, lo que, obviamente, debería suponer la exclusión del declarante del órgano pericial colegiado”, señalaba el propio juez en uno de sus autos.
 
Los dos técnicos imputados

Por ahora, el único informe que tiene el juez es el de la CIAIAC, que dice que el sistema de seguridad no avisó al piloto de que no llevaba desplegados los flaps para despegar. Además, el aparato sufrió una avería ese mismo día en el sensor de temperatura en un primer intento de despegue. En el segundo intento, el avión se elevó 40 pies del suelo y luego descendió hasta impactar sobre el terreno con la parte del cono de cola y casi simultáneamente con la punta del ala y parte del motor derecho. A continuación, rodó a lo largo de 448 metros, perdió contacto con el suelo al alcanzar un terraplén y luego se incendió. El impacto fue "brutal", había trozos de avión esparcidos por todas partes y la mayoría de las víctimas resultaron carbonizadas, entre las que había 22 niños, todos fallecidos menos tres.

Después de tomar declaración a víctimas, trabajadores del aeropuerto y especialistas, entre otros, el magistrado ha imputado  a los dos técnicos de mantenimiento que arreglaron una avería del avión siniestrado justo antes de que despegara. Les acusa de 154 delitos de homicidio imprudente, por cada uno de los fallecidos y otros 18 delitos de lesiones imprudentes, por cada uno de los heridos.

El juez considera que la avería del sistema de alarma no fue detectada por los mecánicos al efectuar la desactivación de la sonda de temperatura. Esta detección podría haber alertado a los pilotos, ambos fallecidos, de las existencia de una avería y así evitar el accidente. No obstante, todavía queda mucho por averiguar, investigar y decidir antes de cerrar este capítulo.