El juez ordenó destruir las cintas en las que aparecía Barberá al no apreciar ningún indicio de delito

Las cintas de las grabaciones telefónicas realizadas al ex directivo de Orange Market, Álvaro Pérez, en las que se refiere a supuestos regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, nunca tenían que haber visto la luz. Esto es así porque, según fuentes solventes a las que ha tenido acceso este diario, el juez José Flors que instruye la pieza separada del ‘caso Gürtel’ en la Comunidad Valenciana, no apreció en ellas indicio de delito por lo que, tras desestimarlas, ordenó a la Policía Judicial que las destruyera. 

Sin embargo, unos días después el contenido de esas conversaciones ha aparecido publicado en el diario El País, de lo que cabe deducir que, lejos de cumplir la orden del juez, alguien optó por conservarlas y utilizarlas contra la protagonista de las mismas, la alcaldesa Rita Barberá. Fuentes jurídicas consultadas por este diario, próximas al Partido Popular, señalan que no solo la filtración, sino incluso la publicación de estas cintas, podría ser constitutivo de delito, en la medida que se utilizan para menoscabar la integridad y la imagen de su protagonista.

Estas mismas fuentes ponen como ejemplo las cintas de las conversaciones entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la abogada Montserrat Corulla, imputada en el ‘caso Malaya’. Esas conversaciones fueron grabadas en el marco de las actuaciones judiciales contra la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella, pero el juez las desestimó por tratarse de una pieza que no afectaba a la causa y, sin embargo, podían dañar la imagen de los implicados en las mismas. De haberse publicado, el hecho habría sido constitutivo de delito.

El PP señala a Rubalcaba

El Partido Popular señala directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como máximo responsable de lo que considera una utilización fraudulenta de los medios del Estado contra un partido político, medios que dependen directamente de él como es la Policía Judicial. Ayer mismo, desde la calle Génova se anunciaron tres tipos de actuaciones judiciales: por un lado, tanto el Partido Popular a nivel nacional como el PP de la Comunidad Valenciana van a presentar sendas denuncias para intentar atajar la campaña de filtraciones.

Por otro lado, la propia alcaldesa presentará una querella criminal contra el Grupo Prisa en defensa de su honor. Esta última querella podría ser especialmente relevante puesto que, de salir adelante, podría poner freno al uso indiscriminado de pruebas judiciales desestimadas por los jueces como parte de campañas mediáticas, una situación que se viene dando con demasiada regularidad en nuestro país. Hasta ahora se había puesto el acento en el origen de la filtración, pero según las fuentes de este diario, el delito podría alcanzar también al medio.

Además de estas tres acciones judiciales, el Grupo Parlamentario Popular registraba ayer mismo en el Congreso la petición de comparecencia de los ministros del Interior y Justicia, Rubalcaba y Caamaño, para dar explicaciones sobre el origen de estas filtraciones y su utilización contra el PP. “Es terrible que precisamente las filtraciones se estén produciendo de actuaciones policiales. Es dramático y, desde luego, es propio de otros momentos históricos vividos en nuestro país y de otro tipo de Estados que no son el estado social y democrático de derecho que tenemos en España”, dijo ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.