El sumario de Garzón, en entredicho: la falta de competencias y la aparición de aforados pone en duda su legitimidad

A medida que avanza el sumario abierto por el juez Baltasar Garzón contra la supuesta trama de corrupción que se ha relacionado con el Partido Popular, aumentan las dudas sobre la legitimidad del mismo y el papel del propio magistrado. Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que la causa abierta por Garzón puede acabar archivándose debido a los numerosos errores que contiene y la debilidad de muchos de los argumentos y pruebas sobre los que se sostiene.

 

Claro que estas fuentes se basan para hacer este análisis en las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, “pero también es verdad que esas filtraciones afectan al grueso del sumario, a lo más llamativo”, añaden. De lo que si están bastante convencidas estas fuentes es de que Garzón puede haber incurrido en un conflicto de competencias, primero porque alguno de los delitos que investiga, como el de blanqueo de capitales, son ajenos a las competencias de la Audiencia Nacional, y segundo porque la sola sospecha de que pueda haber aforados en la causa obliga a que el juez se inhiba a favor de los tribunales competentes.

Fuentes del Partido Popular confían también en que la causa abierta por el juez Garzón acabe, sino archivada, sí al menos ‘descafeinada’ por su troceamiento y deriva a distintos juzgados. Añaden que a medida que se han ido conociendo interioridades del sumario, lo que al principio aparecía como una gran causa general contra el PP “ha perdido mucho fuelle, y tienen que tirar de cosas como lo de los trajes de Francisco Camps para mantener la tensión”. Un asunto el de los trajes que ha provocado una gran indignación en el PP.

Setenta trajes son demasiados

Ayer todo el partido cerró filas con el presidente valenciano, quien negó haber aceptado ninguna clase de soborno o regalo de empresa o particular que hubiera contratado con la Administración valenciana, y amenazó con hacer pasar por el Parlamento regional a todos los contratistas para que testifiquen en este mismo sentido. Por su parte, un portavoz de la tienda de Milano en valencia rehusó verificar esta información a preguntas de este diario, peri confirmó que un traje de la tienda hecho a medida cuesta de media 600 euros, y uno ya confeccionado unos 300.

Teniendo en cuenta una media de 450 euros por traje, con 30.000 euros hubiera dado para casi 70, “demasiados para una sola persona, necesitaría mucho fondo de armario”, señalaron fuentes del PP valenciano. Pero mientras el asunto de los trajes de Camps perdía ayer fuelle, el PP seguía empeñado en mantener viva la tensión en torno a la cacería del juez Garzón y el ministro Bermejo, y la portavoz del Grupo, Soraya Sáenz de Santamaría, registró la solicitud de una Comisión de Investigación sobre este asunto.

“A Bermejo le invitan a ir a cazar, y eso no es motivo de titular a cinco columnas, pero que a Camps le regalen trajes de Milano, sí, siendo como es mentira”, dijeron a este diario fuentes del Grupo en referencia a la portada de ayer del diario El País. El objetivo del PP es que la Comisión analice la posible vulneración por parte del titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, del principio de separación de poderes, de independencia judicial, de cumplimiento de la legalidad y del Código de Buen Gobierno que rigen la conducta de los ministros.

Incumplimiento de la ley

El PP considera la actitud de Bermejo como “un flagrante incumplimiento de la ley”, ya que no solo cazó con Garzón el fin de semana en que saltó la noticia de la trama de corrupción, sino que lo hizo sin licencia en la finca estatal de Quintos de Mora, y esto está considerado como una infracción “al menos grave según las leyes andaluzas que lleva aparejada una sanción de multa de 600 a 4.000 euros y la posible retirada de la licencia”.

Además, en algunas de las cacerías el titular de Justicia ha sido invitado, por lo que constituye un  “privilegio” al que según el Código de Buen Gobierno, aprobado en la pasada legislatura hace ahora cuatro años, los ministros están obligados a no aceptar. El PP considera que la conducta de Bermejo puede ser contraria a los códigos éticos y de conducta que rigen el funcionamiento del Gobierno, al Código de Buen Gobierno y a otras normas de nuestro ordenamiento jurídico.