Sin pruebas concluyentes que vinculen al juez Urquía con Juan Antonio Roca

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no ha encontrado pruebas concluyentes que vinculen al juez Francisco de Urquía con el presunto cerebro del Caso Malaya, Juan Antonio Roca. Esta sospecha costó al ex magistrado del Juzgado número 2 de Marbella ser apartado de sus funciones en extrañas circunstancias mientras “pisaba callos” cuando instruía el Caso Hidalgo.

Miguel Pasquau, el juez encargado de instruir las diligencias internas del TSJA contra Urquía, tomó declaración ayer en Granada al padre y a la esposa de Urquía, al director de la oficina de Caja Sol y al ex policía Cristóbal Toro. Ninguna de las declaraciones permiten concluir que Urquía haya tenido relación alguna con Roca ni con el Caso Malaya.

La esposa de Urquía, Pilar Martínez, reconoció que adelantó a su marido el pago de la entrada de la vivienda en la urbanización Azalea Beach que ambos iban a compartir con el hijo que tienen. Es precisamente la compra de esta casa la que presuntamente vinculaba al juez con Roca. Pilar basó su

declaración en que la primera entrega de la entrada de la casa se la hizo ella a su esposo.

El dinero entregado quedó justificado con un recibo de Banesto, que ella aportó ante el magistrado del TSJ. Dicha entrada fue repuesta posteriormente por el padre de Francisco, el también magistrado Faustino de Urquía, mediante ingreso de 48.000 euros, que también acreditó con un recibo del Banco Santander.

‘Affaire TeleMar’

Otro de los testigos que acudió a declarar ayer al TSJ fue el director de la entidad bancaria Caja Sol, quien aseguró que “la hipoteca de la casa de Azalea Beach de Francisco de Urquía se solicitó con anterioridad al 9 de marzo de 2006, es decir, antes de la tasación de la finca”. Esta fecha es anterior al polémico affaire que presuntamente vinculaba a Urquía con Roca.

Dicho affaire no es otro que la retirada del programa de televisión local TeleMar en el que el ex policía Cristóbal Toro atacaba a Roca. Al hilo de este asunto, el abogado de Urquía, Antonio Guerrero, solicitó la declaración de Toro. Éste aseguró ante el Tribunal que “en ningún momento él se sintió perjudicado por la acción de la Justicia y que las acciones que Urquía llevó a cabo al respecto se ajustaron debidamente al ejercicio correcto del derecho”.

Poco antes del inicio de la Operación Malaya, Toro denunció que Francisco de Urquía había ordenado el secuestro de su programa emitido por una televisión local marbellí (TeleMar), en el que se hablaba abiertamente del patrimonio del entonces aún asesor urbanístico municipal, Juan Antonio Roca.

Urquía admitió a trámite una querella por injurias de Roca contra el citado colaborador televisivo, pero a las pocas horas el magistrado rectificó su decisión, que basó en que en la acción legal planteada por la procuradora de Roca, Irene Molinero, había “defectos de forma”, al haberse presentado como denuncia y no como querella.

Roca reitera que no pagó nada a Urquía

Tanto el ex asesor de Urbanismo como el juez han comparecido en dos ocasiones ante el instructor Pasquau. De Urquía, al que se le imputan los delitos de cohecho y prevaricación, se ratificó en su primera declaración y puntualizó y justificó los pagos de una vivienda, algo en lo que no vinculó a Roca. Por su parte, éste, imputado por los delitos de cohecho y malversación, reconoció su voz en las escuchas telefónicas incluidas en la causa y reiteró que no pagó nada a Francisco de Urquía.