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Los abogados se hacen de oro en Marbella
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Los abogados se hacen de oro en Marbella

¿Crisis? ¿Qué crisis?, se deben de preguntar los abogados de Marbella, Málaga e incluso de Madrid. Últimamente, este gremio tiene más trabajo que nunca a costa

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Los abogados se hacen de oro en Marbella

¿Crisis? ¿Qué crisis?, se deben de preguntar los abogados de Marbella, Málaga e incluso de Madrid. Últimamente, este gremio tiene más trabajo que nunca a costa del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad costasoleña. A falta de diez días para que concluya el plazo, se cifran por miles las alegaciones al plan. Por alegar, ha alegado hasta el propio Ayuntamiento que aprobó el Plan por unanimidad. Y los picapleitos no cobran menos de 6.000 euros por alegación.

“Estamos recibiendo muchísimas ofertas de propietarios y comunidades. Sobrepasamos el número esperado. Los clientes plantean fundamentalmente que la calificación o el uso de su suelo no se corresponde con la realidad”, confirman a El Confidencial desde un despacho de abogados malagueño, que considera los citados 6.000 euros “un precio fuera de mercado”.

Sin embargo, vecinos de Marbella consultados por este diario sostienen que “los abogados están cobrando de media un millón de las antiguas pesetas por alegación al PGOU. Pero eso es sólo el principio. A partir de ahí, un contencioso contra el Ayuntamiento puede aumentar sensiblemente en tiempo y en dinero”. Según ellos, se da la circunstancia de que “muchos de esos abogados trabajaron para los promotores anteriores y ahora son los “salvapatrias” de los pobres propietarios. “¿De quién nos fiamos?”, plañen.

En efecto, el malestar que está generando el Plan entre los marbellíes va in crescendo. Y entre sus afectados se cuentan personalidades de todo tipo, desde empresarios de los medios de comunicación y hoteleros, hasta miembros de la familia real saudí. Precisamente, un vecino de la Milla de Oro afectado ha señalado a este diario un rosario de quejas acerca del urbanismo a este lado del río Nagüeles.

Entre ellas figura, por ejemplo, que el Plan de Urbanismo del 86 no fue aprobado en el BOJA hasta noviembre de 2000, catorce años después; que se contempla “regularizar las licencias ilegales pagando una cantidad equivalente contante y sonante”, que “las normas urbanísticas del nuevo Plan contravienen un sin fin de leyes en vigor y su carácter de retroactividad lo convierte en anticonstitucional”, que es “un disparate tras otro”...

El misterio de las 200 fichas

Al malestar que está generando el PGOU hay que añadir el misterio de las 200 fichas urbanísticas correspondientes a los promotores más beneficiados por la redacción de Manuel González Fustegueras, que obran en poder del Ayuntamiento de Marbella y que supuestamente han sido ocultadas al público.

“En estas fichas tiene que venir explicado el por qué a unos promotores se les llega a exigir una compensación de 800 metros de cesión por 100 metros de techo que construyeron contraviniendo el PGOU de 1986, el vigente, y a otros, a apenas 25”, informaba literalmente El Mundo de Andalucía el pasado lunes, 1 de octubre. “La alcaldesa admitió la existencia de esas fichas al poco tiempo de haberle echado en cara a la Junta la concesión de un trato de favor en estas negociaciones al empresario Judah Binstock, vinculado al Casino de Sevilla y supuestamente uno de los mayores propietarios de suelo en el término municipal”, proseguía la información.

Binstock no sería el único. “Grandes promotoras andaluzas bien relacionadas en Sevilla y en Jerez también habrían sido beneficiadas”, apunta un marbellí, quien se queja de que “hemos pasado de tener que rendir cuentas a un Roca, a tener que rendir cuentas a Roca y medio”. En este contexto se enmarca la crisis abierta en el seno de las filas socialistas marbellíes, así como las filtraciones de contactos societarios con implicados en el Caso Ballena Blanca por parte de algunos miembros del equipo de gobierno de la alcaldesa popular Ángeles Muñoz.

¿Crisis? ¿Qué crisis?, se deben de preguntar los abogados de Marbella, Málaga e incluso de Madrid. Últimamente, este gremio tiene más trabajo que nunca a costa del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad costasoleña. A falta de diez días para que concluya el plazo, se cifran por miles las alegaciones al plan. Por alegar, ha alegado hasta el propio Ayuntamiento que aprobó el Plan por unanimidad. Y los picapleitos no cobran menos de 6.000 euros por alegación.

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